Guatemala obtuvo su peor calificación en la escala del índice que mide la percepción de corrupción a nivel global. Según analistas la corrupción se tolera y promueve desde el propio Estado y repercute en la vida cotidiana de la población con falta de oportunidades y de bienestar.
Por Lourdes Álvarez Nájera
En los últimos 10 años, Guatemala incrementó a niveles alarmantes su nivel de percepción de corrupción, según el informe sobre Índice de Percepción de Corrupción (ICP) 2021, que desde 1994 elabora la oenegé Transparencia Internacional (TI) y que fue presentado esta mañana por Acción Ciudadana (AC), representante de TI en el país.
La calificación de Guatemala, como la del resto de países, se mide en una escala de 100 puntos. Si el país alcanzara ese puntaje estaría libre de corrupción, pero si obtiene cero, implicaría una corrupción máxima.
Guatemala obtuvo 25 puntos, eso significa que se encuentra entre los cinco países peor punteados en América Latina, junto a Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Entre los factores a los que se puede atribuir esa calificación están las decisiones en la conducción política del país que se puede rastrear hasta los gobiernos de Álvaro Colom, pasando por Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y el actual presidente Alejandro Giammattei. Desde los últimos 10 años Guatemala ha caído 59 posiciones, del puesto 91, en el 2010, al 150 en el 2021.
Edie Cux, director jurídico de AC, indicó que la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales o la destitución del exfiscal Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), durante el actual mandato de Alejandro Giammattei y la fiscal general, Consuelo Porras, fueron factores clave para determinar la calificación del país.
Además Cux, agregó que el asedio a los operadores de justicia en Guatemala, hace ver que hay un alto índice de percepción de la corrupción.
A nivel general, muchos de esos operadores, que fueron claves en la lucha contra la corrupción, están en el exilio y otros bajo asedio y acoso, como el caso de la jueza Erika Aifán, se cita en el informe.
A mayor corrupción también se puede percibir un declive en otros aspectos que trastocan lo político, económico y social para la población guatemalteca. Entre ellos, Cux destacó que a mayor índice de corrupción también se incrementa la migración, la mala gestión durante la pandemia COVID-19 y un mayor gasto público sin control.
“Ningún gobierno tuvo tanta disponibilidad de recursos como Giammattei para mejorar al sistema de salud, pero no lo hizo”, indicó Cux.
#Corrupción En Guatemala, la expulsión de la @CICIGgt, la destitución de @JSandoval1982, el asedio a los operadores de justicia hacen ver que hay un alto índice de percepción de la corrupción. A mayor corrupción, también se puede percibir mayor #migración pic.twitter.com/TfXW4xqrya
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) January 25, 2022
Si bien, países como Canadá, Uruguay, Chile, Estados Unidos y Barbados destacan como países con menor percepción de corrupción, con punteos que van entre 74 y 65 de 100, según Cux se debe a que existen acciones que se implementa el Estado para poder mejorar.
Pero en Guatemala, los órganos de control como el Ministerio Público (MP) bajo el mandato de Porras, presentan debilidad y falta de confianza, hasta el punto que la fiscal Porras ha sido sancionada “como un actor corrupto que promueve la impunidad, por parte de EEUU”, añadió Cux, en referencia a la inclusión de la fiscal en el listado conocido como “lista Engel”.
#Corrupción Los órganos de control como el @MPguatemala tienen una debilidad y falta de confianza, llegando al punto que la fiscal Consuelo Porras ha sido sancionada por corrupta y que promueve la impunidad, por parte de EEUU pic.twitter.com/OeDoQarH8V
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) January 25, 2022
Implicaciones
Entre las implicaciones que tiene el clima de corrupción que impera en Guatemala, según el informe, se encuentran los ataques que provienen desde las estructuras estatales y de los poderes del Estado en contra de activistas sociales, periodistas, lideres sociales, organizaciones y grupos, a quienes se criminaliza y se les cierran espacios de participación.
Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, consideró que estamos ante una etapa de limitación de garantías constituciones y de libertades, vía la interpretación y aplicación de las leyes. El carácter autoritario de la época que estamos viviendo, tiene lugar por el incumplimiento de la legislación y de los postulados constitucionales en materia de garantías y libertades; además, por la demolición del Estado de derecho.
Para Ibarra, en la medida que no hay Estado de derecho y que se incumple la aplicación a plenitud de las leyes y de la Constitución, la sociedad guatemalteca y los pueblos que la conforman, sufren restricciones por parte de un poder público que tiene como único fin silenciar la crítica, para anular los controles democráticos y poder operar con impunidad.
En términos generales, para Ibarra la mayoría de la población sufre las consecuencias de la corrupción porque el Estado no funciona, no les provee de salud, educación, seguridad o no genera oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas.
“La gran consecuencia de la corrupción es la falta de bienestar social. Hay hambre, hay desnutrición y la gente muere por desnutrición, se cae en situaciones de desesperación que hacen que algunos se vayan del país. Los que se quedan viven en miseria, pobreza, desempleo, entre otros”, según Ibarra.
¿Cómo se elabora el informe?
Según se describe en la metodología disponible en la página web de TI, se cumplen cuatro pasos: seleccionar las fuentes de datos, ajustar la escala de las fuentes de datos, combinar dichas fuentes una vez ajustadas y luego determinar una medida de incertidumbre.
“El proceso de cálculo incluye asimismo un estricto mecanismo de control de calidad que consiste en recopilar datos independientes paralelos y cálculos llevados a cabo por dos investigadores internos y dos asesores académicos que no pertenecen a Transparency International”.
TI utiliza 13 fuentes de datos para poder realizar la evaluación que sustenta el informe, entre expertos y ejecutivos de empresas, que pueden medir variables de comportamiento en el sector público, entre ellas el soborno, desvío de fondos públicos, uso de la función pública para beneficio personal, nepotismo en la administración pública o captura del Estado.
A nivel de la categoría de expertos, es necesario cumplir con una serie de requisitos que permiten constatar su idoneidad, y en el sector empresarial se utilizan encuestas sobre una muestra intencionada y representativa para poder medir la percepción.
