“Con la ampliación del delito de prevaricato a la solicitud de antejuicio en contra de la jueza Erika Aifán, la fiscal Porras podría estar incurriendo en el delito de acusación y denuncia falsa, artículo 453 del Código Penal”, explica el abogado Ramón Cadena.
Por Prensa Comunitaria
El Ministerio Público de Consuelo Porras anunció este martes 18 de enero la ampliación del delito de prevaricato a la solicitud de antejuicio en contra de la jueza Erika Aifán, del Juzgado de Mayor Riesgo D, emitida el 13 de enero pasado, cuando se informó que se presentó ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal la denuncia por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), anunció la petición de retirarle la inmunidad a la jueza Aifán por el posible “abuso de autoridad de su cargo al arrogarse una competencia que los Magistrados de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia no le han otorgado”, al unir la causa 01081-2021-00543, que se refiere a una investigación en contra del periodista Juan Luis Font, cuando dirigía la revista Contra Poder, tramitada por el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, a la causa penal 01073-2016-00359 que corresponde al caso Oderbretch.
#RegresiónAutoritaria El MP presenta otra solicitud de antejuicio en contra de la jueza Erika Aifán, ahora por el Caso Odebrecht. Este es un antejuicio más en contra de la jueza, quien ha sido objeto de persecución abierta y espuria desde al menos el año 2018.💥⚡️ pic.twitter.com/l8LpqDyRJR
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) January 18, 2022
En opinión del abogado Ramón Cadena, el anuncio que no especifica si es una segunda solicitud o una ampliación de la primera, “se trata de denuncia espuria”, que busca presionar y criminalizar a la jueza Aifán en el proceso judicial conocido como “Comisiones Paralelas 2022”.
Con su actuación, la fiscal Porras, dice Cadena, podría incurrir en responsabilidad por presentar una denuncia sin fundamento que lo que busca es criminalizar la independencia judicial de la jueza Aifán.
Proceso de antejuicio en un sistema de justicia cooptado
Con la solicitud presentada por la FECI, dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche, dice Cadena, la fiscal Porras “podría estar incurriendo en el delito de acusación y denuncia falsa, contenida en el artículo 453 del Código Penal”.
En el contexto de un sistema de justicia cooptado por estructuras de corrupción que generan impunidad, la acción de Porras cobra relevancia, de acuerdo con el abogado Cadena. En ese sistema, la petición de antejuicio presentada por la fiscal no encontraría obstáculos para que un juzgado de primera instancia le dé trámite y para que luego lo conozca el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
El delito de prevaricato, según las reglas judiciales, se aplica en contra de la administración de justicia cuando existen hechos claros de que una jueza o juez haya violado la ley.
Pasos para conocer el antejuicio
El Ministerio Público presenta la solicitud en un juzgado de primera instancia, este lo remite a la Corte Suprema de Justicia, que nombra una comisión pesquisidora que, en un plazo de menor de 60 días, determina si la denuncia es espuria o si existen razones para someterla a un proceso penal. Finalmente es el pleno de la CSJ el que decide si conserva su derechos de antejuicio o si se le retira.
Ante el cierre de espacios a los cuales se pueda acudir para garantizar la independencia judicial de Aifán, la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia expresó su preocupación ante el “asedio en contra de la justicia representada por jueces independientes” y agregó que los ataques en contra de la jueza Erika Aifán, “por parte de la misma institucionalidad” tiene “fines perversos, a través de señalamientos espurios” y que la criminalización en su contra debilita la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Comunicado 1/2022 de la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia pic.twitter.com/0QXOZE2CHB
— FECAJUD (@FECAJUD) January 18, 2022
El Departamento de Estado de Estados Unidos también rechazó el intento de criminalización de la jueza Erika Aifán por parte del Ministerio Público que preside Consuelo Porras, aliada política del presidente Alejandro Giammattei.
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