Por Héctor Silva Ávalos
La representante por California, de origen guatemalteco, publicó en su cuenta de Twitter que “llamará” por la extradición del “nombrado en la corte de Nueva York”, en una clara referencia a Juan Orlando Hernández.
La congresista Norma Torres, demócrata de California, respondió a la crisis constitucional que vive Honduras a pocas horas de la juramentación de la presidenta electa Xiomara Castro con el ofrecimiento de presionar por la extradición a Estados Unidos de Juan Orlando Hernández, el antecesor de Castro, nombrado en una corte estadounidense como socio de una empresa internacional de narcotráfico.
La elección de Xiomara Castro, del partido Libre, puso fin la presidencia de Hernández, que duró 8 años después de una reelección irregular en 2017, y a 12 años de mandato del Partido Nacional, el cual comenzó después de un golpe de Estado en 2009 a Manuel Zelaya, entonces presidente y esposo de la presidenta electa.
Con la juramentación de Castro, programada para este jueves 27 de enero, Juan Orlando Hernández, JOH, como se le conoce popularmente, se quedará sin el escudo que le ha brindado la presidencia hondureña para evitar una posible acusación penal por narcotráfico en Estados Unidos, donde su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, cumple dos cadenas perpetuas por tráfico de cocaína y otros delitos.
En las investigaciones que terminaron con la condena de Tony Hernández, llevadas por el Departamento de Justicia estadounidense en una corte del distrito sur de Nueva York (SDNY), constan testimonios y documentos que implican a JOH como miembro activo de la organización de narcotráfico en la que también participó su hermano. En otra media docena de casos contra exfuncionarios y narcotraficantes hondureños también hay testigos que comprometen al presidente Hernández.
Al dejar de ser presidente, el próximo jueves, JOH perderá la inmunidad que le da el cargo, sin embargo, pasará a ser diputado del Parlamento Centroamericano, lo cual lo blindará de ser acusado en su país.
Hasta ahora, las autoridades políticas y judiciales estadounidenses no han sido claras respecto a sus planes para JOH o sobre la posibilidad de que Washington pida la extradición del hondureño. La congresista Torres es, de hecho, la primera autoridad electa que se pronuncia con claridad respecto al aún presidente.
Todo ocurre en medio de una nueva crisis constitucional en Honduras, una que amenaza con agriar la toma de posesión de Xiomara Castro y en la que también está implicado el Partido Nacional.
Crisis constitucional
La turbulencia se puede resumir así, según analistas consultados por Prensa Comunitaria: diputados disidentes de Libre hicieron bloque con las bancadas de los dos partidos tradicionales de Honduras, el Nacional y el Liberal, para que los legisladores más leales a la presidenta electa no asuman el control del Congreso.
El historiador Jorge Amaya explica que los partidos Libre, de Castro, y Salvador de Honduras, del excandidato presidencial Salvador Nasralla, acordaron un protocolo político como parte de la alianza electoral que derrotó a JOH y al Partido Nacional en las presidenciales de noviembre pasado. Según ese protocolo, Libre llevaría las riendas del Ejecutivo y el partido de Nasralla tendría precedencia en la formación de la junta directiva del Congreso.
Los disidentes de Libre, y sus aliados en el Nacional y el Partido Liberal -controlado por su excandidato presidencial Yani Rosenthal, quien volvió a Honduras tras cumplir una pena de cárcel por lavarle dinero a la banda de narcotraficantes Los Cachiros-, intentaron romper el pacto de gobernabilidad el pasado viernes 21 de enero. 44 nacionalistas, 18 liberales y 20 diputados de Libre votaron por el disidente Jorge Cálix. Con esta movida, los opositores a Xiomara dejaban del lado a Luis Redondo, el diputado leal a la presidenta electa cuyo nombre ya había sido acordado como presidente del Congreso en caso de que ganara la alianza opositora a JOH.
El domingo, los dos bloques -xiomaristas y opositores- juramentaron cada uno a su junta directiva, con lo que por ahora, a tres días de la ascensión de la nueva presidenta, el Congreso de Honduras tiene dos cabezas.
Una fuente diplomática europea consultada por Prensa Comunitaria en Tegucigalpa asegura que uno de los principales motivos detrás de la crisis es la intención de JOH de blindarse mejor de una posible extradición a Estados Unidos.
Guillermo Varela, otro historiador hondureño consultado, advierte que la crisis no terminará aun si se resuelve el impasse en el Congreso. El siguiente paso es la Corte Suprema de Justicia, apunta, a donde llegarán los recursos legales que, se espera, pongan las partes en contienda en el Legislativo.
Varela da por hecho que la Corte favorecerá a los aliados de JOH. De hecho, Rolando Argueta, el presidente del Judicial, es un viejo aliado político de Hernández.
“Lo preocupante es qué pasará cuando la Corte, a donde va a llegar todo esto, dirima a favor de los golpistas (en referencia a los disidentes de Libre y sus aliados)”, dice Varela, quien apunta al que aparece ser el otro gran actor: el ejército. “Independientemente de a quién favorezca la parte legal, aquí lo importante es quién controla al aparato armado, el elemento de fuerza”.
Varela cree que, en el tema del ejército y la policía, es muy importante lo que tenga que decir Estados Unidos, aliado tradicional del estamento militar hondureño. “Si Washington ha hablado con el aparato armado, además de la legitimidad popular que ya tiene, el poder se puede consolidar en torno a ella”, cree el historiador.
Por ahora, el Washington de Joe Biden ha enviado señales alentadoras e Xiomara Castro. Primero fue el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien a pocos días del triunfo de Castro dijo que “esperaba trabajar con ella”, con lo cual despejó dudas sobre la posición de Estados Unidos respecto a una mujer cuya familia, en algún momento, se identificó con la Venezuela de Hugo Chávez.
Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, anunció que estará el jueves en la toma de posesión de Castro, lo cual pone la importancia de la delegación norteamericana en un nivel político que no suele verse seguido en Centroamérica.
Por ahora, aparte de algunas señales más bien vagas sobre la crisis constitucional que ya enfrenta la presidenta electa de Honduras, Washington no se atreve a hablar con claridad sobre el futuro judicial de Juan Orlando Hernández. Eso hasta que Norma Torres anunció su presión para que el expresidente hondureño llegue extraditado a suelo estadounidense.
