“Los testimonios de las mujeres agraviadas muestran un grado de interacción muy alto: se interrelacionan constantemente, en mayor grado, en aquellas personas que tuvieron vivencias compartidas, lo que implica coincidencia temporal y geográfica”. Perito.
Por Luis Ovalle
Es el sexto día del debate oral y público del caso mujeres Achi, en el que han sido identificados cinco ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC), quienes habrían cometido violencia sexual en contra de 36 mujeres. Es un día frío en la ciudad de Guatemala, que trae consigo mucho viento, pero también valiosos peritajes, que se espera contribuyan a dilucidar la verdad histórica registrada en Rabinal, Baja Verapaz, entre 1978 y 1983.
Hoy correspondió el turno a tres peritos y un testigo; el primero, el español Arsenio García Cores, quien realizó un análisis de los estándares internacionales de credibilidad en casos de violaciones de derechos humanos, maya Achi, quien concluyó que según los resultados que se han ido obteniendo a lo largo del trabajo y en el ámbito de este peritaje, el juicio de verosimilitud vertido sobre los testimonios de las mujeres agraviadas en el caso Achi, cumple con el estándar internacional de credibilidad aplicable que va más allá de toda duda razonable.
El experto hizo referencia a las discrepancias en fechas y tiempos; dijo que las fechas no son hechos sino elementos referenciales. “La cultura Achi se relaciona más bien con experiencias como el día de mercado, la lluvia, las siembras, los nacimientos y otros, aunque esté familiarizada con el calendario gregoriano, no significa necesariamente el manejo del mismo”.
Enfatizó que esto se acentúa, ya que el calendario gregoriano no forma parte de la cultura Achi, por lo que las posibles discrepancias en torno a las fechas gregorianas, una vez analizadas bajo los marcos cultural y de género, no pueden considerarse como contradicciones.
Asimismo, señaló que los testimonios son complementarios y confirmatorios. Contienen abundantes colaboraciones, tanto de hechos locales como periféricos. No existe contradicción entre los testimonios y la identificación de los victimarios, anotó.
García Cores refirió que los testimonios coinciden en relatos de tortura física y sexual; uso de destacamentos como lugares de tortura, desapariciones y asesinatos de familiares y otras personas de la comunidad; quema de casas, desplazamiento forzado, robo de objetos y animales; violencia y esclavitud sexual.
Asimismo, mencionó que los testimonios de las mujeres agraviadas muestran un grado de interacción muy alto: se interrelacionan constantemente, en mayor grado, en aquellas personas que tuvieron vivencias compartidas, lo que implica coincidencia temporal y geográfica.
Al finalizar, García Cores citó a Margarita Siana de Chen, quien durante su testimonio dijo: “Lo que estoy diciendo no lo digo por rencor sino porque así sucedieron las cosas y a mí me duele el corazón por todo eso”.
Desde el Cuartel General Mariscal Zavala, donde guardan prisión, los cinco expatrulleros están presentes en la audiencia, a través de videoconferencia; siguen atentos las intervenciones, pero no se inmutan.
Toca ahora al perito Marc Drouin, de origen canadiense, quien investigó el origen, organización y finalidad de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), el impacto de las organizaciones paramilitares y la responsabilidad del Estado.
El objetivo de su peritaje, dijo, fue comprender y explicar las estructuras de las PAC y su relación con el ejército de Guatemala entre 1981 y 1985. Existen varias premisas en la doctrina de la guerra contrasubversiva, una de ellas era llevar la guerra a la organización civil, la organización política subversiva o local (OPAL), sin ser necesariamente alzados en armas; un término clave para entender la forma de hacer la guerra, dijo.
Esa doctrina militar promueve acabar físicamente a la organización política y administrativa subversiva o local, para luego reconstituir y reorganizar, para construir una organización política y administrativa afín a las fuerzas contrasubversivas. “Esto justificó la persecución e intención de destruir espacios como los de catequistas, maestros, universitarios y organizaciones locales; transformarlas en estructuras militares; en esta ocasión, las PAC”.
Las PAC fueron parte de la reconstitución de la organización social, política y cultura, pero también éstas participaron en la destrucción, “es la parte más perversa de la doctrina, hacer participar a miembros de un grupo en la destrucción de los miembros de su propio grupo”, anotó.
Los promotores de salud, de educación, alfabetizadores, cooperativistas y otros identificados como enemigo interno o parte de la organización política administrativa enemiga, fueron asesinados, desaparecidos, suponiendo un nuevo liderazgo, según la doctrina.
“No fueron únicamente los secuestros, la desaparición forzada las masacres; la violencia sexual en contra de las mujeres Achi fue parte integral y fundamental de la destrucción del grupo maya Achi en el marco de las masacres y la represión, indicó.
Al respecto, subrayó que la eliminación de la población Achi se extendió a un 20 por ciento; una quinta parte de la población fue eliminada y la violencia sexual fue parte fundamental para su destrucción.
Drouin subrayó que el manual de guerra contrasubversiva utilizado, evidencia la doctrina vigente al momento de los hechos que puso en marcha con la eliminación de las OPAL, en dos condiciones: la inteligencia debía identificar a sus integrantes y , la destrucción debía llevarse a cabo por interno.
“Esto se hacia, no contra criminales comunes, sino contra hombres cuyos motivos obedecen a una ideología y que por regla general no son combatientes alzados en armas, son integrantes de la población civil no combatiente”, indicó.
Drouin agregó que la OPAL se consideró como el “sistema nervioso” de la subversión, la destrucción era según el Manual: absolutamente necesaria. Todo lo anterior se aplica a partir de la guerra no convencional, herencia de la escuela francesa, donde el enemigo deja de ser externo y se adoctrina sobre un enemigo interno, contra la misma población.
El último de los peritos de este día fue el académico y matemático guatemalteco, Roberto Antonio Molina Cruz, quien presentó el cálculo sobre el daño económico, patrimonial, por desplazamientos, gastos en salud y daños morales, a cinco mujeres Achi, de 1980 a 2016.
A decir de Molina Cruz, se necesitarían 51 millones 872 mil 265 quetzales para resarcir a las cinco mujeres Achi; sin embargo, señaló que las cifras deben ser ajustadas nuevamente, por una tasa de interés.
El testigo fue Vinicio López, quien trabajó en la Comisión Nacional de Alto Nivel en junio de 2005 y tuvo contacto con exmiembros de las Patrullas de Autodefensa civil (PAC). En esa unidad, recibí listados y copias de cédulas para digitalizar y verificar que no fueran repetidos los nombres de las personas registradas, a las que les daban un pago.
Según dijo, estas personas estaban incluidas en el programa Bosques para la concordia, en el que se reforestaba y por lo que recibían un pago. En dicho listado aparecen Bernardo Ruiz Aquino y Damián Cuxúm Alvarado, dos de los expatrulleros señalados.
