Siete años después de que inició el proceso judicial de la Línea, dirigido por una estructura criminal que encabezaba el expresidente Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, inicia la etapa de debate oral y público.
Por Simón Antonio Ramón
El proceso por defraudación aduanera, conocido como “la Línea”, uno de los casos más grandes de corrupción registrados en Guatemala, conformado por una estructura criminal liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la expresidenta Roxana Baldetti Elías, inició la etapa final del juicio oral y público este lunes 17 de enero en el Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza Jeannette Valdés. El caso fue presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), el 16 de abril de 2015.
En el juicio se juzgará al general Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo, por encabezar una red que defraudó al Estado bajo la complicidad de los exsuperintendentes Álvaro Omar Franco Chacón y Carlos Enrique Muñoz Roldán, junto a extrabajadores de la SAT, aduanas y particulares. 30 personas más están vinculadas.
A pesar de que los acusados intentaron detener el inicio del juicio con acciones legales, incluso la exvicepresidenta Baldetti dijo ayer durante la audiencia tener síntomas de COVID-19, el Tribunal declaró improcedentes las argumentaciones.
La exvicepresidenta Baldetti presentó su renuncia después del anuncio realizado por el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez, junto a la exfiscal Thelma Aldana, jefa del Ministerio Público, el 8 de mayo de 2015; cinco meses después, el 2 de septiembre, se produjo la del presidente Pérez Molina.
Los rostros de la Línea y el fin del gobierno del partido Patriota
Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias “Teniente Jerez” (exjefe de estructura externa media), es acusado de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo. En mayo de 1999 se convirtió en uno de los cuatro testigos en el juicio contra la red de defraudación aduanera, que en aquella época se le atribuyó a Alfredo Moreno Molina, en el caso conocido como la Red Moreno. Con su declaración se comprobó la participación de los generales retirados Manuel Callejas y Callejas -con condena en el caso Molina Theissen- y del general de inteligencia Francisco Ortega Menaldo.
Inicialmente se atribuyó la dirigencia de la red de defraudación aduanera al exsecretario privado de la Vicepresidencia Juan Carlos Monzón. Días antes del 16 de abril Monzón había viajado junto a Roxana Baldetti a Corea del Sur donde una universidad otorgó a la entonces Vicemandataria un doctorado honoris causa. A su regreso a Guatemala, el 17 de abril, Baldetti lo hizo sin su secretario privado, a quien la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI), lo había declarado prófugo.
Ante las múltiples solicitudes de destitución de un movimiento ciudadano provocado por la serie de denuncias en contra de Roxana Baldetti, realizada por la CICIG y el MP, el 8 de mayo de 2015 presentó su renuncia, según informó Otto Pérez Molina en conferencia de prensa la tarde de aquel viernes, con un semblante quebrado emocionalmente.
El 21 de agosto, Roxana Baldetti fue detenida en un hospital privado cuando intentaba evitar su captura. El juez Miguel Ángel Gálvez la visitó para notificarla formalmente. Ese mismo día, mientras Otto Pérez estaba en una gira en Zacapa, la Fiscalía junto a la CICIG presentó una solicitud de retiro del derecho de antejuicio al entonces presidente. Simultáneamente, en conferencia de prensa, Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), pidió la renuncia de Pérez Molina a la presidencia de la República.
Ante este nuevo giro del caso la Línea, la movilización social, que inició desde el 16 de abril en la plaza central, convocó a un paro nacional los días 26, 27 y 28 de agosto, luego de un mensaje de confrontación emitido en cadena nacional, el domingo 23 de agosto, por Pérez Molina en el que atacaba el trabajo de la CICIG, el MP, la Embajada de Estados Unidos y la Comunidad Internacional.
La movilización social, conocida en convocatorias en las publicaciones de medios de comunicación como “la Plaza”, centró inicialmente sus demandas en la salida del binomio presidencial, pero conforme fueron apareciendo otros casos de corrupción comenzó a exigir cambios estructurales, como las reformas a Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que implicaba posponer las elecciones mientras se aprobaban las reformas.
A esa fecha, la renuncia de Otto Pérez Molina a la presidencia era cuestión de días, el camino estaba allanado con la solicitud de antejuicio en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solo faltaba que el Congreso reuniera los 105 votos para retirarle el antejuicio que llegó la tarde del martes 1 de septiembre. En la noche del día siguiente, la fiscal Thelma Aldana en una entrevista de televisión anunciaba una orden de captura en contra del general, conocido con su nombre de guerra “Tito Arias”. En horas de la madrugada del 3 de septiembre se confirmó su renuncia.
“Para su información y divulgación, el señor Presidente de la República de Guatemala Otto Pérez Molina presentó su renuncia el día 3 de septiembre del año en curso. Con el objeto de mantener la institucionalidad del Ejecutivo y resolver en forma individual el proceso que se lleva en su contra”, informó el entonces vocero Jorge Ortega, en un grupo de Whatsapp con periodistas.
Monzón y González hablaron con conocimiento de causa como colaboradores eficaces
En el caso de Juan Carlos Monzón, tras entregarse a la justicia guatemalteca el 5 de octubre, luego de dos años y ocho meses en prisión, recuperó su libertad el 15 de junio de 2018. Había sido condenado en un proceso abreviado por el delito de asociación ilícita a 3 años y 4 meses de prisión: por defraudación aduanera a 3 años y 4 meses y por cohecho pasivo a 2 años y 9 meses. Las penas por los primeros dos delitos le fueron conmutadas y la pena por cohecho pasivo le fue suspendida, informó en su momento la FECI.
Ese también fue el caso de Salvador González, alias “Eco”, quien fue colaborador eficaz en los casos Bufetes de Impunidad, La Línea y Cooptación de Estado. El juez Miguel Ángel Gálvez a puerta cerrada lo condenó a 2 años 8 meses de prisión por asociación ilícita; 2 años 9 meses 10 días por casos especiales de defraudación aduanera, y 1 año 1 mes y 10 días de prisión por cohecho pasivo. Recuperó su libertad tras de rendir declaraciones testimoniales en calidad de anticipo de prueba, en por lo menos tres procesos penales; en octubre de 2017 dejó la prisión y junto a su familia salió del país con rumbo desconocido.
Un juicio tras siete años de la Línea
Actualmente, las condiciones no son las mismas que el 16 de abril de 2015, cuando el jefe de FECI, Oscar Shaad junto al jefe de la CICIG, Iván Velásquez presentaron públicamente el caso. Desde el 23 de julio de este año, la FECI sufre un proceso de desmantelamiento tras la destitución del exfiscal Juan Francisco Sandoval quien asumió la jefatura de la Fiscalía tras el traslado de Oscar Shaad a la Fiscalía de Delitos Electorales; actualmente la FECI es dirigida por Rafael Curruchiche, quien ha sido seriamente señalado de ser condescendiente con estructuras vinculadas a corrupción. Además, los operadores de justicia que conocen los casos de corrupción, con actores parecidos a la Línea, son intimidados.
Para el abogado Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana, este caso marcó un antes y un después de cómo se conocía la corrupción en el Estado. “Evidenció la gran corrupción dentro de las estructuras del Estado. Para ser una gran corrupción se necesita estructura de alto nivel con poder, distinto a como conocimos la corrupción en la entidad tributaria por mucho tiempo. Con la caída de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, marcó un antes y un después”, analizó el abogado.
El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, dijo que este caso sentó un precedente para la actuación los presentes y futuros gobernantes. “Es importante que este juicio sienta en el banquillo de los acusados al expresidente de la República Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, pues se resuelva conforme a derecho, nadie es superior a la ley y lo importante que se establezca un precedente para los actuales y para los futuros gobernantes para que respeten la Constitución y las leyes, que es el marco de acción y no pueden abusar del poder que les da la población”.
El presidente de Acción Ciudadana indicó que a pesar de las actuales condiciones de la FECI, el juicio del caso la Línea puede marcar un precedente. “La Fiscalía está sufriendo un revés contra operadores de justicia que conoce estos casos, el ultimo ataque fue contra la jueza Ericka Aifán, lo han hecho contra el juez Miguel Ángel Gálvez que demuestran independencia. Hay que ver como se desarrolla este juicio porque marcar antes y después de las actuales condiciones”, afirmó.
Del caso la Línea se derivaron otras investigaciones como los casos: Bufete de la Impunidad, Cooptación de Estado, la Cooperacha. Hasta ahora, Otto Pérez Molina no tiene ninguna sentencia por los hechos registrados durante su presidencia. En el caso de Roxana Baldetti ya fue condenada a 15 años de prisión por los delitos de fraude, asociación ilícita y mal manejo de recursos públicos, por caso del lago de Amatitlán.
