Por Elías Oxom
Felipe Díaz Ramos, autoridad indígena del municipio de Olopa, Chiquimula, fue ligado a proceso penal en el Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad en Chiquimula, este lunes 10 de enero, porque aparentemente habría cometido el delito de detención ilegal, según una denuncia de Odilio de Jesús Guzmán Salazar y su hijo Rony Leonardo Guzmán Guzmán, propietarios de unos terrenos donde se encuentra la minera Cantera los Manantiales.
La detención de Díaz Ramos se realizó el domingo 9 de enero de este año y el lunes 10 rindió su primera declaración, donde se le otorgó falta de mérito por otros cinco delitos de los que era acusado y fue ligado a proceso penal por detención ilegal con arresto domiciliar sin caución económica.
Todas las personas acusadas en este caso deberán esperar a que el Ministerio Público realice un proceso de investigación que podría durar unos tres meses para esclarecer los hechos.
Al salir de tribunales Díaz Ramos dijo sentirse contento porque él no ha cometido ningún delito. “Me siento contento y alegre, por la gracia de Dios y las autoridades indígenas que no he caído por delitos sino por la defensa de nuestro territorio y por eso le agradezco a Dios y a todos mis hermanos indígenas que me están visitando hoy”.
Añadió: “Gracias por los abogados mayas que ellos pusieron su voluntad para mí, bendito sea Dios que ya estoy libre, lo que es de nosotros no lo puede andar agarrando nadie, porque nosotros luchamos por el medioambiente, por nuestras aguas, por los árboles, porque los que van a sufrir después van a ser los niños, por eso estamos en la lucha por defender nuestro territorio”, resaltó.
El proyecto minero es rechazado por la población y diversas organizaciones que aseguran que nunca se consultó a las comunidades sobre su instalación y ha provocado graves daños al medioambiente. El denunciante Odilio de Jesús Guzmán Salazar es esposo de Guillermina Landaverri, propietaria de la licencia de operación de la minera Cantera los Manantiales.
El proceso judicial a la autoridad indígena se suma al de otras cinco personas, tres integrantes del Consejo Indígena Maya Ch’orti’ de Olopa, una defensora y un defensor de derechos humanos de esa región, que fueron capturados en octubre del año pasado y también ligados a proceso.
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Autoridades indígenas brindan respaldo
Las autoridades indígenas de Olopa, Quezaltepeque, Jocotán, Camotán y San Juan Ermita, acompañaron a Díaz Ramos mientras se realizaba la audiencia. Uno de los representantes indicó que las personas defensoras del territorio Ch’orti’ están siendo criminalizados por las empresas extractivas que han tomado sus tierras comunales para explotar y llevarse los tesoros y recursos que tienen en sus comunidades, sin consultarlas.
“Estamos hoy aquí en una manifestación pacífica frente al Organismo Judicial de Chiquimula por la detención de un compañero, por cuestiones de criminalización, bajo las amenazas que hemos tenido durante cinco años, desde el 2016 hasta esta fecha. Estamos aquí para que el Estado garantice nuestros derechos, que respeten nuestros derechos y nuestra forma de organización como campesinos”, concluyó el representante indígena.
Por su parte, otra de las autoridades indígenas representante de Quezaltepeque, indicó que “nos unimos para apoyar a los compañeros que están siendo criminalizados, nosotros como autoridades indígenas nos duele cuando nos criminalizan, nos persiguen, todo por las empresas extractivas internacionales”
Agregó que como comunidades indígenas tiene luchas en común y por esa razón no quieren que empresas extranjeras lleguen a sus territorios a robar lo que les pertenece.
“A pesar de que nos roban, saquean nuestros bienes naturales y aún así nos criminalizan, nos persiguen y nos quieren meter a la cárcel”, puntualizó el representante de Quezaltepeque.
Hasta el momento, no se informó cuándo se realizará la próxima audiencia por este caso, pero se notificará a los representantes legales de los acusados para continuar con el proceso.
