Por Regina Pérez
El subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson, manifestó que una Corte de Constitucionalidad (CC) cuestionable y la fiscal general Consuelo Porras, que minimiza investigaciones creíbles contra la corrupción, amenazan con perpetuar el historial de retos profundos que hay en Guatemala para establecer y mantener la ley.
En una rueda de prensa vía telefónica con periodistas, Robinson y Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, hablaron sobre los esfuerzos anticorrupción en la región y sobre los resultados de la Cumbre por la Democracia realizada la semana pasada, – a la que Guatemala no fue invitada- en la que la lucha contra la corrupción fue uno de los temas principales.
Ambos funcionarios se refirieron a los avances en el combate contra este flagelo en Guatemala, un país que, de acuerdo con Robinson, tiene grandes retos para mantener la ley. Robinson recordó que Porras, jefa del Ministerio Público (MP), despidió abruptamente a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), quien fue reconocido por Estados Unidos, a través del secretario de Estado, como un “Campeón contra la “Corrupción” en 2020.
El exembajador Robinson, también recordó que Estados Unidos suspendió la cooperación con el MP en julio pasado y que el 20 de septiembre el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció la adición de Porras y el secretario general del MP, Ángel Pineda, a la lista de actores antidemocráticos y corruptos.
Asimismo, recordó que Estados Unidos suspendió la cooperación con el MP en julio pasado y que el 20 de septiembre el secretario de Estado anunció la adición de Porras y el secretario general del MP, Ángel Pineda, a la lista de actores antidemocráticos y corruptos.
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— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) December 14, 2021
Por su parte, Nichols indicó que EE.UU. está enfocado en una lucha frontal contra la corrupción en Guatemala, al que llamó un país amigo y aliado en muchos temas, como la migración y la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, Nichols expresó que tienen grandes preocupaciones de que la lucha contra la corrupción no ha avanzado como debería, “y nos gustaría ver pasos concretos contra personas, instituciones corruptas en ese país”.
Los subsecretarios también abordaron el tema de las Fuerzas de Tarea Anticorrupción creadas por Estados Unidos, para ayudar a combatir la corrupción en los tres países centroamericanos, que fueron anunciadas por la vicepresidenta Kamala Harris en su visita al país en junio pasado, y a las recientes sanciones en contra de altos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador.
En el caso de las Fuerzas de Tarea, uno de sus componentes es recibir información directamente de personas que quieren dar datos sobre criminalidad en los tres países de Centroamérica. “Para que tenga más efecto es importante que esa información tenga algún nexo con EE.UU. pero no es obstáculo para tratar de usar esa información en las investigaciones”, dijo Nichols.
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Robinson agregó que los oficiales de la Aplicación de la Ley van a trabajar con la sociedad civil y personas que quieren mejorar las investigaciones judiciales en sus países. “Ellos acaban de empezar a trabajar y estamos pendientes de acciones más contundentes de las personas”, afirmó.
Nichols dijo que Osiris Luna, jefe del sistema penal salvadoreño; Carlos Amílcar Marroquín, presidente de la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social; y Alma Yanira Meza fueron sancionados por el Departamento del Tesoro la semana pasada, bajo la Ley Magnistsky, señalados de negociar juntas entre oficiales del gobierno y la Mara Salvatrucha. “Estamos sumamente preocupados por la acción de esas personas que perjudicaron al pueblo salvadoreño y a la comunidad internacional, porque la Mara Salvatrucha tiene nexos internacionales”, dijo.
Nichols agregó durante la conferencia, que Estados Unidos incorporó este año a más de 60 personas en la lista de actores corruptos y antidemocráticos, una herramienta contra la corrupción diseñada específicamente para Centroamérica, por el Congreso de Estados Unidos en 2020, con apoyo bipartidista. Esta es conocida como la “lista Engel” y la fiscal general Consuelo Porras y su secretario Ángel Pineda, entre otros personajes guatemaltecos fueron incluidas en esta lista.
La semana pasada, en ocasión del Día Internacional contra la Corrupción, Estados Unidos designó a varias personas en Colombia, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. El Departamento del Tesoro adjudicó sanciones económicas para actos de corrupción contra varias personas en El Salvador y Guatemala, añadió Nichols. En el país fue sancionado Manuel Víctor Martínez Olivet, exdirector del área de Salud de Santa Rosa.
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Respuesta de EE.UU.: Consuelo Porras en lista de actores corruptos y antidemocráticos
Los subsecretarios resaltaron que la semana pasada el secretario de Estado de EE.UU. reconoció la labor de personas en la lucha contra la corrupción en Belice, Guatemala, Venezuela y Honduras en 2021, debido a su liderazgo e impacto en la prevención y denuncia de la corrupción. En Guatemala, el juez Carlos Ruano, presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), fue merecedor de dicho premio.
Lucha contra la corrupción, una prioridad
Nichols manifestó que Estados Unidos ha adoptado la lucha contra la corrupción como una prioridad y que están decididos a trabajar con líderes de la región que estén dispuestos a implementar las políticas económicas e institucionales que sean necesarias, para que sus ciudadanos puedan tener un futuro próspero.
Eddie Cux, del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de Acción Ciudadana, opinó que incluir a personas en la lista de actores corruptos y antidemocráticos es una parte de la política que EE.UU. ha emprendido para sancionar a los corruptos, cuyos alcances abarcan perder la visa e incluso sanciones financieras.
“Ese tipo de sanciones dejan en evidencia la negligencia o el abuso de poder que han tenido estos funcionarios, lamentablemente la política que se ha seguido frente a estas sanciones es de reacción, incluso autoritaria, que al ser nominados reaccionan de forma abusiva como ha sucedido, incluso, criminalizando a manifestantes que expresan su rechazo hacia estos funcionarios”, dijo Cux, quien agregó que no debe sorprender que antes las sanciones pueden haber reacciones mucho más duras y restrictivas de derechos de parte de los funcionarios guatemaltecos.
En el caso de la corrupción, Guatemala se encuentra en el puesto 149 de 180 países calificados en el Índice de Percepción de la Corrupción, siendo es el quinto país más corrupto en Latinoamérica solo superado por Haití, Venezuela, Nicaragua y Honduras, con problemas en su democracia, dijo Cux.
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