Por Radio Progreso
El consorcio detrás de la crisis de la ENEE
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) está al borde de la quiebra. Paga $990 millones anualmente a generadoras privadas, que representan cerca del 70% de su presupuesto operativo, y tiene un déficit acumulado de $2,300 millones. Mientras el Estado genera cada Kilovatio a 2 centavos de dólar, a nivel privado lo paga arriba de 12 centavos, siendo la segunda energía más cara de América Central, solo por debajo de Nicaragua, según los expertos consultados en este especial.
¿Qué empresas con vínculos políticos o familiares, e incluso con el narcotráfico, suelen beneficiarse de estos contratos lucrativos? ¿Por qué el Estado ha permitido acumular esta deuda millonaria? Y, sobre todo, ¿Se podría haber evitado el desastre actual de la ENEE?
Radio Progreso inicia un especial para tratar de responder a estas preguntas, a través de una exhaustiva investigación de los mecanismos y redes empresariales y familiares que están detrás de los contratos con el Estado. El beneficio es tan cuantioso que, en muchos casos, quienes se lucran con la producción energética conforman empresas y maniobras financieras para tratar de ocultar sus verdaderos nombres.
En Honduras, hay 3 grupos empresariales que sacan las mayores ganancias de la producción energética privada: Grupo Terra, propiedad del empresario Fredy Nasser; Grupo Iresa y Lufussa, vinculado a empresas de miembros de la familia Larach y Kafie; y sociedades mercantiles en las que tienen participaciones integrantes de la familia Canahuati. Cada año la ENEE debe pagar a estos tres grupos $642.1 millones en total.
Vender energía al Estado no es delito siempre y cuando se respete la ley, pero en Honduras la institucionalidad ha sido vulnerable a la influencia de élites empresariales, políticos y hasta personas vinculadas al narcotráfico. El resultado es que el Estado paga más de lo que necesita y las empresas obtienen más beneficios a costa de endeudar a la ENEE y llevarla al borde de la quiebra.
El Estado no tiene capacidad para producir la energía que el país necesita, por eso está obligado a contratar electricidad privada. Juan Carlos Rodríguez, coordinador de la Coalición Patriótica de los Combustibles, manifestó que el problema radica en las condiciones en que se contrata este servicio ya que no se rige por los valores del mercado y, además, porque las administraciones gubernamentales nunca han visto el fortalecimiento de la generación estatal como un mecanismo de desarrollo estratégico.
Según Rodríguez, para sacar a la ENEE de la crisis bastaría con revisar los contratos privados y fortalecer la energía estatal: “recordemos que las hidroeléctricas de la ENEE producen la energía más barata, que anda en 2 centavos de dólar por kilovatio generado, mientras que a nivel privado se paga a 12 centavos. Eso nos sirve para balancear la tarifa alta de las generadoras privadas y ayudar a que baje para el usuario final”.
La ENEE empezó a comprar energía privada desde la década de los 90, pero a partir de 2007, los costos de contratación se encarecieron debido a reformas que incentivaron el cambio de matriz hacia la producción energética con recursos renovables, a través de exoneraciones fiscales, pago de bonos y precios de generación, que no pueden ser asumidos por la estatal. De ello se beneficiaron empresarios, políticos y personas vinculadas al narcotráfico, como ejecutivos de confianza de “Los Cachiros”, que también se convirtieron en proveedores de energía.
Al respecto, Mauricio Díaz Burdett, coordinador del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) expresó: “en los contratos había prebendas tan espectaculares como la exoneración de pago de impuestos y costos fijos. Con algo así era natural que empresarios interesados en tener utilidad se metieran pensando que había negocio, y así ha ocurrido”.
Mario Rubén Zelaya especialista en temas energéticos, explicó que la política del Estado fue: “pagar más por kilovatio hora a los generadores privados, lo cual es irracional”. Zelaya lamentó que, a nivel centroamericano, la ENEE sea la única estatal eléctrica deficitaria.
Por su parte, el economista Claudio Salgado detalló que, ante la incapacidad de la ENEE para pagar la energía privada que contrata, el Estado tiene que “pedir préstamos para pagarle a las generadoras. Esos créditos los cancelará el pueblo a través de impuestos y tarifas energéticas altas”.
Una responsabilidad compartida
Todos los contratos energéticos pasan por el Congreso Nacional, pero antes deben ser suscritos por la gerencia de la ENEE, analizados por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y ratificados por el Poder Ejecutivo. Es una responsabilidad compartida.
Familiares de funcionarios públicos firmaron contratos de energía mientras estos estaban en el ejercicio del cargo, violando la Ley de Contratación del Estado. Es el caso, entre otros, de la exvicepresidenta del Congreso Nacional, Gladis Aurora López.
Según auditorías del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), gran parte de los contratos de generación se han firmado violando la ley, en el caso de la energía fotovoltaica, se firmaron al precio más alto de América Central.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó, en 2018, que se debían revisar los contratos con empresas privadas como condición ineludible para el rescate financiero de la ENEE. Esa revisión no tuvo éxito, porque las empresas no aceptaron bajar los costos de generación.
Luego de las recomendaciones del FMI, el presidente Juan Orlando Hernández creó una comisión interventora, dirigida en primera instancia por la ministra del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán, quien informó que en la actualidad hay 98 contratos de alto costo que están ahogando financieramente a la ENEE.
Y agregó que para salvar a la empresa del déficit financiero habría que recuperar las pérdidas técnicas y no técnicas, y renegociar los contratos con las generadoras: “el costo de la generación es altísimo, Honduras necesita volverse competitiva”. Solo a las empresas térmicas, la ENEE paga al año más de $495 millones.
“Esos contratos ya se revisaron, el problema es que como son privados no se pueden revertir, hay que esperar que expiren y algunos son de largo plazo, de 20 a 30 años. Ya no se puede hacer nada”, dijo el economista Alejandro Aroni.
El abogado Rasel Tomé tiene otro criterio, afirma que si los contratos firmados por la ENEE violaron la Ley de Contratación del Estado, entonces deben anularse.
Según fuentes consultadas, la mayoría de contratos energéticos que se aprueban en el Congreso nunca se socializan, no se discuten y se desconoce la forma en que fueron negociados. Aun así, el Estado sigue endeudándose con préstamos millonarios para pagar a las generadoras privadas.
En las piezas que componen este especial, como servicio de información pública, desgranamos la red de quienes están detrás de este negocio y de cómo se hacen con los contratos energéticos. No se trata sólo de revisar la legalidad de esos contratos, sino del modelo de generación energética de Honduras, que está en serios problemas.
Reportaje publicado en https://energiasobrevalorada.radioprogresohn.net/
