Créditos: El presidente Alejandro Giammattei durante su discurso en la OEA. Foto OEA, 2021.
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“…no existen mecanismos de diálogo ni interlocución multisectorial; contrario a ello, se promueven reformas para criminalizar el derecho de asociación, se criminaliza la labor de periodistas independientes, críticos del actuar del gobierno”.

Por Prensa Comunitaria

En Guatemala no se han cumplido las recomendaciones que la Misión Especial de la OEA sugirió tras su visita a este país, en el contexto de las manifestaciones en contra de la aprobación del Presupuesto 2021, que la Policía Nacional Civil (PNC) reprimió, señalaron la Alianza por Reformas, Impunity Watch y Acción Ciudadana, en una carta que presentaron este martes 7 de diciembre, ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

En la carta, las organizaciones mencionan que las preocupaciones sociales siguen siendo la mismas o aún más agravadas, entre ellas mencionan que en noviembre de 2021 se aprobó el Presupuesto para el 2022 en medio de señalamientos de corrupción y el resguardo del Congreso por parte de la PNC para impedir y reprimir las manifestaciones, con ello se obvian las recomendaciones realizadas respecto a los mecanismos de transparencia y participación ciudadana.

Asimismo, se agrega que el Congreso continúa sin elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones. Esta elección lleva estancada en el Legislativo por más de dos años.

También se incluye en la misiva que el Gobierno continúa reprimiendo la protesta social y que el Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, se enfoca en criminalizar a los manifestantes, pero mantiene impune las acciones de la cúpula de la Policía, que usaron la violencia policial en contra de la población en noviembre de 2020.

Al menos tres personas que participaron en las manifestaciones frente al Congreso en noviembre de 2020 enfrentan procesos penales, acusados por el MP de pintar las paredes del edificio legislativo: las activistas Nanci Sinto, Dulce Archila y el pintor Juan Francisco Monroy.

Quienes firman la carta, agregan que no existen mecanismos de diálogo ni interlocución multisectorial; contrario a ello, se promueven reformas para criminalizar el derecho de asociación, se criminaliza la labor de periodistas independientes, críticos del actuar del gobierno.

Además, según la carta, la percepción sobre corrupción e impunidad ha aumentado. Las organizaciones solicitan a la OEA que brinde adecuado seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Misión Especial y se determine la situación actual del Estado de Guatemala.

Por su parte, el presidente Alejandro Giammattei dijo este martes, ante la OEA, en Washington que: “en atención a la solicitud realizada por Guatemala en el marco de la Carta Democrática Interamericana, hemos dado especial atención a las recomendaciones contenidas en el informe de la misión especial de la OEA, tras su visita en noviembre de 2020, dirigidas al fortalecimiento de la gobernanza, a través de la prevención y lucha contra la corrupción”.

Giammattei agregó que han avanzado “en la implementación del plan de acción para el “fomento de la institucionalidad democrática y la lucha contra la corrupción en Guatemala”, así como la implementación de las recomendaciones emitidas por el comité de expertos, del Mesicic y la implementación del programa interamericano de datos abiertos (PIDA)”.

Una misión especial de la OEA visitó Guatemala a finales de noviembre de 2020, luego de que el gobierno de Giammattei invocara la Carta Democrática Interamericana de la OEA aduciendo que las manifestaciones en su contra eran un intento de golpe de Estado. El informe de la misión dado a conocer en enero de 2021, emitió una serie de recomendaciones y evidenció los problemas de corrupción, la impunidad y la falta de transparencia en el país.

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