Créditos: Prensa Comunitaria
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Fue, a consideración de nuestra sala de redacción, el evento más importante del año. Lo que ocurrió en 2021 en El Estor, Izabal, habla de la historia ancestral del despojo contra el pueblo Maya Q’eqchi’ impulsado por el Estado de Guatemala y los intereses privados. Bien entrado el siglo XXI, el ciclo del terror impuesto por las armas del gobierno nacional sigue presente.

Por Héctor Silva Ávalos

El día 23 de octubre el ejército de Guatemala trasladó un nuevo contingente a El Estor con un doble objetivo: escoltar los enormes camiones cargados de carbón a la planta rocesadora de níquel de la mina de CGN-Pronico y militarizar el municipio hasta que la minera suizo-rusa tuviera su preconsulta y la garantía de circulación libre de sus camiones. Una semana antes el Ministerio de Gobernación había movilizado cientos de agentes de la PNC al mismo lugar.

Una parte de ese contingente se replegó entre el 12 y el 13 de diciembre, como pudieron comprobar periodistas de Prensa Comunitaria en Izabal y en la Ruta al Atlántico durante esos dos días, justo cuando el Ministerio de Energía y Minas (MEM) concluía el proceso de “consulta”, con el que el gobierno de Alejandro Giammattei ha dado luz verde al funcionamiento continuado de la mina de CGN-Pronico en El Estor. Aún hay vehículos y personal militar que permanecen en la base naval en el centro del pueblo y otro grupo en el área sur, específicamente en la comunidad El Murciélago.

El 13 de diciembre, cuando soldados y camiones salían de El Estor, Óscar Pérez, viceministro del MEM y quien asumió promover la consulta minera como tarea personal, dijo que el proceso había concluido de “forma exitosa”. Lo que el Estado de Guatemala anunciaba oficialmente era música para la mina: “Hemos determinado que es viable la continuación del proyecto”, dijo Pérez en un comunicado.

En 2019, el Corte de Constitucionalidad (CC) aceptó un amparo promovido, entre otros, por la gremial de pescadores artesanales de El Estor y autoridades indígenas Q’eqchi’, quienes alegaron que la mina funcionaba de forma ilegal por no contar con la licencia minera, los estudios de impacto ambiental correspondientes y por no haber realizado la consulta previa a los pueblos originarios que viven en el entorno del proyecto minero.

La CC resolvió que la mina no podía operar y reiteró su decisión en 2020. A pesar de eso, la mina siguió funcionando en las narices del gobierno de Giammattei. Un proceso de preconsulta inició en 2021 entre el MEM, la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, la Municipalidad de Panzós y El Estor y miembros de Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (COCODES) abiertamente promineros. Fuera de esa consulta quedaron casi un centenar de comunidades Q’eqchi’, representadas por autoridades de los cuatro Consejos Ancestrales Q’eqchi’ elegidos por las asambleas de cada comunidad, quienes fueron excluidos por el MEM.

Desde el 4 de octubre, los cuatro consejos ancestrales, acompañados de sus comunidades, bloquearon la entrada y salida de camiones de la minera de El Estor. Fue entonces cuando el Estado de Guatemala empezó a desplegar toda su fuerza y cuando entró en juego el ejército bajo las órdenes del presidente Giammattei, su comandante en jefe.

Foto de: Prensa Comunitaria
Foto de: Prensa Comunitaria tomada el 12 de diciembre, durante la salida del ejército de El Estor.

Y ahí se quedó el ejército durante 19 días de octubre, un estado de sitio que duró del 25 de octubre al 22 de noviembre y un estado de prevención que se extendió hasta la segunda semana de diciembre. Hombres, vehículos y armas no salieron cuando el estado de prevención -una especie de estado de sitio más ligero- concluyó oficialmente, el martes 7 de diciembre, sino hasta el fin de semana del 12 de diciembre, cuando finalmente el MEM anunció tener el resultado de la consulta.

¿Una consulta bajo un estado de guerra?

“Todavía hay miedo. Hay intimidaciones y miedo de manifestar nuestras opiniones”, dice Pedro Pop, un guía espiritual Q’eqchi’, nombrado autoridad ancestral por varias comunidades, en una entrevista con Prensa Comunitaria en Chichipate, en El Estor, en el área norte del municipio.

En Las Nubes, una comunidad ubicada en las proximidades de los yacimientos que el proyecto minero CGN-Pronico ha explotado en años recientes sobre las montañas de la sierra Santa Cruz, aledaña al centro urbano de El Estor, la mina y el gobierno aprovecharon la presencia de la fuerza de seguridad pública durante el estado de sitio para lanzar advertencias a quienes, ahí, se oponían a que el resultado de la preconsulta fuese favorable a la mina.

Vecinos de La Nubes dijeron a Prensa Comunitaria que incluso hubo una amenaza de desalojo durante el estado de sitio. “Pero jamás nos vamos a ir. Esta tierra nos pertenece. Les pertenece a nuestros hijos”, asegura Victoriano Xul, un líder comunitario del lugar.

El acoso también ocurrió en la comunidad Santa Rosita, en el extremo este de El Estor. A los pobladores de este lugar, las autoridades los acusaron sin pruebas de guardar armamento. Durante el estado de sitio, la policía llegaba hasta los contornos de la comunidad a acecharlos.

“La policía venía. Había patrullajes como si fueran procesiones”, cuenta Julio Panachuc, uno de los líderes de Santa Rosita. Doña Matilde, una comadrona que vive en esa comunidad, no duda en decir que el miedo es la principal enfermedad que llegó a El Estor con la mina. Y el miedo creció durante el estado de sitio, asegura.

En la parte sur, al lado de la comunidad Chapín Abajo, el ejército mantiene presencia permanente en un destacamento ubicado en las instalaciones de la empresa Naturaceites, explotadora de los cultivos de palma de aceite plantados en esa zona de la ribera lacustre. Durante el estado de sitio, el ejército aumentó su presencia en este lugar, hasta donde la policía no llegó..

Pedro Cuc, líder del consejo ancestral Q’eqchi’ en la parte sur de El Estor, que incluye Chapín Abajo, asegura que durante el estado de sitio decenas de vehículos llegaron a la zona sur del Lago de Izabal y aprovecharon para intentar lo que el Estado ya había logrado en El Estor: desplazar a las comunidades originarias en favor de las empresas extractivas.

En esta área, aunque afectada por la contaminación que la mina produce según sus pobladores, está bajo la influencia directa de otra empresa: Naturaceites, y de otro cultivo que destruye la tierra: la palma aceitera. Pero, cuenta Pedro Cuc, el sur sirvió como retaguardia a los vehículos del ejército, incluidos los jeeps J8 de fabricación estadounidense por cuyo uso reclamaron varios congresistas demócratas en Washington. Todos esos vehículos fueron parte de las acciones de intimidación según Cuc y media docena de líderes Q’eqchi’ con los que Prensa Comunitaria conversó en Chapín Abajo y en el vecino Chinebal.

Chinebal a 100 kilómetros del centro de El Estor, está a unos 20 kilómetros al oeste de Chapín Abajo, que se recorren en unos 40 minutos en pick up. Durante toda la ruta hay un solo paisaje, el de palma aceitera, que se extiende como una pantalla móvil que se repite hasta el infinito. Es así hasta unos metros antes de llegar a la comunidad Chinebal/Palestina. Ahí el paisaje cambia: los troncos de palma aceitera yacen en el suelo, quemados, como esqueletos negros de animales prehistóricos que rodean pequeñas casitas de madera y palma. Aquí vive parte de la resistencia Q’eqchi’ en el sur de El Estor.

A Chinebal llegó el Estado guatemalteco durante el estado de sitio reciente. Aprovechando la coyuntura generada en el norte por la protesta contra la mina, la fuerza pública guatemalteca apoyó el desalojo de la comunidad. El 17 de noviembre, gerentes y una cuadrilla de trabajadores de Naturaceites, escoltada por policías y militares, quemaron las casas de las familias residentes en Chinebal/Palestina, según la versión de los comunitarios recogida en el lugar por Prensa Comunitaria a principios de diciembre.

No era la primera vez que lo hacían: lo habían intentado al menos tres veces antes, pero fue hasta que se desplegó toda la fuerza del ejército que lo lograron. Tanto la empresa como el gobierno han negado su participación directa en el desalojo violento, pero lo cierto es que las casas fueron quemadas -periodistas de Prensa Comunitaria vieron los restos de las viviendas- y que los testimonios de los pobladores coinciden en el relato que responsabiliza a los trabajadores privados apoyados por militares y policías.

El terror impuesto por el estado de sitio se extendió por todos los confines del municipio y fue durante la vigencia de este que el MEM llevó adelante las últimas etapas de una consulta que terminó en forma favorable para la mina suizo-rusa, sin acatar la sentencia de la CC. La consulta, según la ley y el Convenio 169 de la OIT, debe ser libre; difícil requisito de cumplir durante un estado de excepción resguardado por hombres y carros armados.

La salida de las botas y las armas

Se contabilizaron 10 camiones del ejército llenos de soldados estacionados en una gasolinera cerca de Guastatoya, a unos 250 kilómetros de El Estor. Venían saliendo por la Ruta del Atlántico. Ese era solo el principio de una caravana larga que, el domingo 12 de diciembre, se extendía por varios kilómetros de la carretera. Atrás venían más camiones, plataformas remolcadas por cabezales en las que descansaban mini tanquetas, al menos seis de ellas. Incluso piezas de artillería liviana desfilaban por la carretera. Era el ejército guatemalteco en retirada.

 

Foto de: Prensa Comunitaria
Foto de: Prensa Comunitaria tomada el 12 de diciembre, durante la salida del ejército de El Estor.

Aquel domingo, el ejército se retiró parcialmente de El Estor, Izabal, después de 52 días de presencia continuada en el municipio, 30 de ellos amparados por un régimen de estado de sitio que promulgó el Ejecutivo de Alejandro Giammattei el 24 de octubre y el Congreso ratificó al día siguiente, luego de que la fuerza pública guatemalteca arremetió contra la resistencia pacífica Q’eqchi’ que se ha opuesto a la operación de la minera suizo-rusa.

Los refuerzos del ejército ya estaban acampados en Río Dulce el fin de semana del 22 de octubre, cuando el Estado guatemalteco, presionado por la necesidad de la mina de abastecerse de carbón tras varias semanas en que la resistencia Q’eqchi’ había impedido la entrada de camiones, decidió utilizar la fuerza para satisfacer las necesidades mineras.

El viernes 22 y, sobre todo, el sábado 23, el ejército acompañó a la Policía Nacional Civil a escoltar los camiones que, el segundo día, entraron cargados de carbón hasta el sitio de la mina en las afueras de El Estor. Luego, los militares se quedaron en el municipio lacustre para llevar adelante el estado de sitio, durante el cual el Ministerio Público allanó casas de periodistas y líderes comunitarios y, según testimonios recogidos en las comunidades de El Estor, también participó en labores de intimidación a pobladores opuestos al proyecto minero y en el desalojo de comunitarios Q’eqchi’ en Chinebal, al sur del municipio.

El asunto trascendió las fronteras guatemaltecas cuando un grupo de representantes demócratas de Estados Unidos, encabezados por la congresista Norma Torres, enviaron una carta al secretario de Estado, Anthony Blinken, en la que exigieron que se pidiera al gobierno de Giammattei explicaciones sobre el uso de equipo militar estadounidense durante el estado de sitio.

Los legisladores estadounidenses temen que la ayuda estadounidense se haya utilizado “directa o indirectamente para apoyar violaciones a los derechos humanos y obstruir procesos democráticos por parte del gobierno de Guatemala, incluidos el Ministerio Público, la Policía, personal de inteligencia y militar, y para atacar a las comunidades maya Q’eqchi’, en particular periodistas y defensores de derechos humanos”, según la carta enviada el 30 de noviembre a Blinken. Por su lado el Ministerio de la Defensa no reconoce haber desplegado a los artillados J8 de la Fuerza de Tarea Chorti para militarizar el El Estor.

Torres y los otros congresistas piden que se castigue a los oficiales implicados en violaciones a derechos humanos en El Estor. Las imágenes eran claras: centenares de militares, policías y funcionarios públicos como agentes de seguridad privada de un convoy de camiones mineros.

Jeeps J8 artillados. Foto Baudilio Choc / Prensa Comunitaria

Autoría y edición

Periodista salvadoreño. Fue editor en español e investigador senior de la Fundación InSight Crime. Estudió periodismo en la Universidad Centroamericana de San Salvador y en la Universidad de Barcelona. Trabajó como reportero y editor en La Prensa Gráfica de El Salvador durante 15 años. Fue diplomático en Washington y fellow en el Centro de Estudios Latinoamericanos de American University. En 2014 escribió Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC de El Salvador (1993-2013) y fundó Revista Factum. Ha colaborado con varios medios centroamericanos, con El País de España y The New York Times entre otros

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