La mina de Cerro Blanco pone en riesgo el agua y salud de la comunidad Asunción Mita

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Créditos: Paolina Albani
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por: Paolina Albani

El agua, ambiente y la salud de los habitantes de Asunción Mita, Jutiapa, estarían en riesgo con el intento de reactivación de la mina de oro y plata de “Cerro Blanco”, un proyecto extractivo de la empresa canadiense Bluestone Resources. La mina, que data de 2007, también amenazaría la vida de 6 millones de salvadoreños quienes dependen del agua de la cuenca de Ostúa, que atraviesa Guatemala y El Salvador, según denunciaron varias organizaciones ambientales.

La historia de Cerro Blanco no es nueva, pero sí es inusual porque nunca ha logrado extraer oro y plata de las tierras, pero sí logró dejar contaminación a su paso.

En 2007, la empresa Entremares S.A. dueña del proyecto extractivo, obtuvo el permiso para operar gracias a un estudio de impacto ambiental con inconsistencias y vacíos de información. Un documento en el que aseguraron que no habría impactos en el ambiente y en la población cuando la mina empezara a operar.

La posición del terreno complicó la operatividad del proyecto por estar sobre una superficie geotermal. Esto ocasionó que los túneles de la mina se inundaran en repetidas ocasiones cuando se hacían las excavaciones. Al ver esto, la empresa solicitó un permiso de dos años para suspender sus operaciones. Luego de este tiempo, si no empezaba a funcionar debía de ser cancelada y cerrada, de acuerdo a la Ley de Minería.

Pero la cancelación nunca llegó y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) habría mantenido vigente la licencia de explotación bajo el argumento que los túneles estaban en “fase de mantenimiento”.

Poco después, Entremares se asoció con Goldcorp, también empresa canadiense, pero para 2013 esta vendió sus acciones porque el proyecto seguía inundándose. Las acciones fueron compradas por Bluestone Resources.

Para diciembre de 2021, Bluestone Resources planearía presentar ante el MEM una propuesta para reactivar la mina utilizando una actualización del mismo estudio de impacto ambiental que presentaron hace 14 años, pero con un evidente cambio. La mina ya no sería subterránea sino a cielo abierto.

Las organizaciones mostraron su preocupación por las irregularidades cometidas para mantener vigente la licencia de Cerro Blanco, por la posibilidad de que el Gobierno les apruebe explotar la tierra en el modo “cielo abierto” y por la conflictividad que estos proyectos generan debido a la polarización de la población.

“Las minas de cielo abierto generan mayores daños al medioambiente que las subterráneas, son cambios irreversibles”, aseguró Julio González del colectivo Madre Selva. “El cianuro es el principal elemento grave de esta operación de la mina”, agregó.

El diputado Aldo Dávila acompañó a las organizaciones durante la conferencia de prensa y aseguró que desde su despacho se han hecho requerimientos de información para conocer si ha habido cambios o modificaciones al proyecto minero, pero no ha obtenido una respuesta.

El impacto de la mina

Los ambientalistas, que suman a las voces de rechazo a la Orden Franciscana de la Iglesia Católica, a algunos Cocodes de Asunción Mita y a expertos ambientalistas de El Salvador, aseguraron que la mina provocaría el desabastecimiento de agua, el desequilibrio de las aguas termales y que se sequen los pozos, lo que tendría un impacto directo en la agricultura y la salud de las personas que dependen de estas fuentes.

Mientras tanto, Entremares, ahora llamada Elevar Resources, está tratando de comprar la voluntad de las comunidades cercanas ofreciendo carreteras, pintar las escuelas, ofertas de trabajo y becas, señaló Fray Raymundo González de la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación.

En este trato comercial privado hecho con recursos públicos, quienes menos salen ganando son las comunidades de la que se extraen los minerales.

Elevar Resources planearía extraer del lugar 2.4 millones de onzas de oro y 10 millones de onzas de plata, lo que les dejaría una ganancia de 220 mil millones de dólares. El Estado de Guatemala recibiría apenas 25 millones de quetzales en regalías y de acuerdo al estudio de impacto ambiental de 2007, solo se destinarían 3 millones de quetzales a la fianza para la recuperación del ecosistema tras generar cerca de 68 millones de toneladas de contaminación en la zona.

“A la población de Asunción Mita solamente le quedará el ambiente degradado, tierras estériles y destruidas, agua contaminada de por vida por el drenaje ácido de la mina, fuentes de agua secas, ríos y lagos contaminados, y conflicto binacional con El Salvador por dañar las aguas compartidas, además de los daños a la salud”, indicaron.

Pedro Cabezas, de Cripdes una organización de El Salvador, dijo que ya han solicitado al Gobierno de Guatemala que se abra una mesa binacional para tratar el impacto que la mina tendría en los ríos de la Cuenca Ostúa, lago Güija y el río Lempa.

Por su lado, las asociaciones presentes se comprometieron a lanzar una campaña radial informativa en Asunción Mita y a empujar para que se realice una consulta municipal para involucrar a los vecinos.

La Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Provincia Franciscana Nuestra Señora de Guadalupe CAP, la Misión de la Santa Cruz en Haití, el Colectivo Madre Selva, Cripdes y la Alianza Centroamericana frente la Minería (Acafremin) son las organizaciones que hacen un llamado a la población para rechazar la reactivación del proyecto minero.

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