Pronunciamiento del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, en el 25º Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz
Los Acuerdos de Paz Firme y Duradera suscritos el 29 de diciembre de 1996 cerraron uno de los capítulos más trágicos de la historia de Guatemala. En el conflicto armado perdieron la vida decenas de miles de civiles de tres generaciones; alrededor de 70 mil fueron desaparecidos y sufrieron tratos crueles e inhumanos, y más de un millón se desplazaron forzosamente o buscaron refugio en otros países, principalmente en México.
Por otro lado, los Acuerdos de Paz trazaron una ruta de reconstrucción y modernización integral del Estado, promoviendo una cultura de diálogo y respeto de los derechos humanos. Los Acuerdos permitieron operativizar preceptos de la Constitución Política de la República. Pero ninguno de los gobiernos los asumió como compromiso de Estado, por esa razón la agenda de transformaciones no se cumplió y la inmensa mayoría de las víctimas no fueron resarcidas.
Con el gobierno del presidente Giammattei se está consumando una grave regresión de 25 años. La Constitución ha sido transgredida reiteradamente, sin consecuencias para los responsables; se han anulado los contrapesos de la República y la corrupción y la impunidad han vuelto por sus fueros; quedó desmantelada la institucionalidad de la paz y las violaciones de los derechos humanos en los últimos dos años no tienen precedentes desde la firma de los Acuerdos de Paz; además, internacionalmente el país ha dado la espalda a sus compromisos multilaterales y está quedando excluido del concierto de las naciones democráticas.
La enorme incidencia de las redes de corrupción y de las estructuras del crimen organizado en las decisiones del Estado amenazan seriamente la democracia y la paz social. Los discursos de odio, incitados o tolerados desde el poder, y los ataques y hostigamientos contra defensores y defensoras de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas independientes pueden ser el pre-anuncio de la implantación de un régimen arbitrario y opresivo que enlutaría nuevamente a las familias guatemaltecas, forzando, además, nuevos desplazamientos humanos.
En esta hora crítica es imperativo que los diversos sectores democráticos -que aspiran a una nación donde se respete la dignidad de las personas, sus creencias y opiniones, donde nadie sea excluido del derecho de vivir en paz y con seguridad, y conquistar su bienestar, en el marco del Estado de Derecho- abran espacios de diálogo y concertación, y generen capacidades de defensa de la Constitución y de los Acuerdos de Paz, impidiendo que las fuerzas autoritarias se impongan.
Guatemala, 29 de diciembre de 2021
