Por Pablo Monsanto
Guatemala no está bloqueada, ni sancionada por ningún país ni potencia. El sistema político y económico imperante es en esencia el mismo desde 1954, cuando fue derrocado el gobierno democrático del coronel Jacobo Árbenz Guzmán, y que no es cuestionado por la comunidad internacional.
La situación actual de Guatemala es en general peor ahora que hace veinticinco años, y particularmente, en relación con las causas de la confrontación armada y de los graves conflictos actuales.
La amenaza de la pandemia, han convertido a Guatemala en el negocio más importante de los que gobiernan y de los poderes fácticos que tienen bajo su control el Estado y al país entero.
Los prestamos que se han hecho ascienden a cuatro mil ochocientos millones de dólares, que se suman a la deuda nacional e internacional ya existente, endeudando como nunca al país; la población exige que se diga dónde está el dinero y en qué se está utilizando.
Hasta ahora no se ha presentado ningún informe sobre eso, lo que la población ve es el crecimiento de la corrupción en todos los niveles de los organismos del Estado.
Desde el principio, el gobierno de turno se propuso anular por completo lo que tiene que ver con los acuerdos de paz sustantivos que requieren de la transformación estructural y eliminar todo aquello que se convierta en freno u obstáculo para aplicar las políticas neoliberales, imponiendo el modelo extractivista y el despojo de la tierra a las comunidades de los pueblos originarios, para favorecer a las empresas extranjeras a quienes entregan las riquezas naturales: a las mineras, a las plantaciones de palma africana y al cultivo de caña de azúcar; ahí están las causas de la pobreza y de la migración.
Al que llaman presidente, junto a las mafias, ha llegado a establecer un control absoluto de las instituciones de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial.
Diecisiete millones de habitantes aproximadamente vivimos en el territorio guatemalteco; doscientos sesenta millonarios poseen más de la mitad de la riqueza que tiene ahora Guatemala y son a esos a los que protegen y les garantizan sus empresas y sus inversiones en tanto que más del 60% de la población vive por debajo de los niveles de pobreza, dentro de los cuales el 23% vive en extrema pobreza. Más del 49% de niñas y niños desnutridos son los que esperan que les den, aunque sea un auxilio ya que la mayoría de las familias sobreviven sin ingresos y sin empleo.
La Comandancia del movimiento guerrillero optamos por la salida negociada porque creímos que los poderes tradicionales podían honrar los Acuerdos a los que se llegaron, con el propósito de terminar con el derramamiento de sangre y con las flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado guatemalteco, que rebasó los límites llegando al genocidio.
Los informes de la comisión para el esclarecimiento histórico y la comisión que entrego el informe “Guatemala Memoria Del Silencio” lo revelan. Sin embargo, después de veinticinco años podemos afirmar que esa pesadilla no ha terminado y no se ha cumplido lo establecido con el acuerdo específico.
Está claro que no se siguen dando las masacres, pero las prácticas de desalojos con exceso de fuerza y violencia en contra de la población, principalmente en contra de los pueblos originarios, se mantiene con grados altos de violencia y bestialidad principalmente en contra de las mujeres y los niños. Así como la persecución permanente de las personas defensoras de derechos humanos o cualquier expresión de oposición al sistema.
La salida política negociada debió establecer la creación de un Estado democrático, de desarrollo económico y social, basado en el establecimiento de un sistema donde los más importante sea la persona humana. Por eso se aprobó el acuerdo marco para la democratización del país, el cual quedó para la historia.
Entre los acuerdos, uno de los más importantes de la situación social es el de “identidad y derechos de los pueblos indígenas” este acuerdo ha chocado con la situación de discriminación racista que prevalece en todas las instituciones del estado y las políticas y el dominio ideológico del neocolonialismo y el neoliberalismo.
¿Qué nos propusimos como comandancia del movimiento guerrillero con ese acuerdo? Crear las condiciones favorables para que los pueblos originarios puedan desarrollar las luchas por sus demandas, sin embargo, se ha avanzado muy poco, ya que se les desaloja de sus tierras comunales y se apropian de los recursos naturales sin ninguna consulta ni autorización previa violando las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas—ONU—en relación a los pueblos indígenas.
Hay ahora dos zonas altamente conflictivas por esas prácticas: la zona nororiental y la zona noroccidental y en general toda la zona norte habitada principalmente por los pueblos originarios los cuales son más del 60 % de la población total.
El acuerdo socioeconómico y situación agraria. El fondo de tierras es un bluf. El pacto fiscal no lo aplicaron, el financiamiento bancario es una burla. En el acuerdo de fortalecimiento del poder civil y fusión del ejército en una sociedad democrática, no ha habido avances sustanciales. Las PAC desaparecieron nominalmente, pero siguen siendo utilizadas como fuerza electoral.
En los últimos cuatro gobiernos se han producido los retrocesos mayores. Se desmontó la mayor parte de las instituciones y organismos vinculados a los acuerdos de paz. Concretamente desde el 2012 con el gobierno de Otto Pérez Molina el país retrocedió y ha quedado en manos de la mafia y del crimen organizado.
La oposición política al sistema y al régimen brilla por su ausencia, la corrupción se ha apoderado de todo y es lo que mantiene la situación actual de inmovilidad y silencio.
De acuerdo a las estadísticas y cifras de informes oficiales e internacionales, la realidad del país es peor que hace 25 años cuando se firmó la Paz Firme y Duradera. La falta de voluntad política del Gobierno, las imposiciones de las élites financieras, el crimen organizado y la alianza oligárquico-militar se han asegurado que los Acuerdos de Paz que planteaban los cambios estructurales para resolver la problemática que dio origen al conflicto armado interno, permanezcan, pero aún más, que se profundicen.
La desmovilización de 1996, no sirvió en ningún momento, para consolidar una sociedad civil fuerte, organizada y cohesionada en torno a un proyecto político común, capaz de hacer frente u oposición a este sistema político perverso. La oenegeización de los movimientos político y social, acompañado de una tremenda perdida de valores a nivel social han tenido como consecuencia la abulia social en la que nos encontramos.
Es por todo ello, que el 25 aniversario de la estafa de la paz, debe servir como punto de inflexión, para replantearnos hacia a donde y cómo debemos llevar al país hacia el futuro. Pero fundamentalmente, identificar los nuevos liderazgos capaces de emprender el camino de la construcción de un país digno, democrático en donde la vida de los seres humanos valga más que los intereses particulares de unos pocos.
