Por Ramón Cadena
A partir del fin de la guerra fría se alzó victoriosa la visión del mundo que anhelaba la reducción del Estado y, en consecuencia, se agudizó la injerencia de la iniciativa privada en la implementación de los asuntos relativos a los derechos económicos, sociales y culturales. Ni modo: qué mejor negocio que convertir un servicio social en una actividad económica, en un negocio sujeto al libre juego de la oferta y la demanda.
Lucrar, por medio de la implementación de los derechos humanos, que crean una demanda obligatoria para alcanzar la vida digna de las personas, es inaceptable; lucrar, mediante la implementación de una ley que deja en manos de los poderosos la oferta de dichos servicios y que deja a quienes demandan dichos servicios sin ninguna protección, es un negocio desigual y excluyente, sin ética; lucrar, mediante el diseño de una actividad económica que se olvida de la obligación de consultar a los Pueblos Indígenas, viola el Convenio 169 de la OIT.
La gran decisión política que había que tomar en aquel momento, oscilaba entre fortalecer al Estado como ente rector de la economía o fortalecer el libre mercado y dejar el respeto a los derechos humanos en manos del libre juego de la oferta y la demanda. La grave equivocación mundial fue la de elegir la segunda opción y privilegiar así, una economía sin limites, sujeta únicamente a los designios de una ley injusta y perversa. Una equivocación que, en la actualidad, le sigue pasando la factura al bienestar de las comunidades; aquellas a las que el Estado debería proteger. Se sacrificó el bienestar de las personas, en beneficio del bolsillo de las poderosas corporaciones y empresas privadas y en salvaguarda de la reputación de la economía y del libre mercado.
La Ley General de Electricidad, aprobada en Guatemala hace 25 años, es un buen ejemplo de esta decisión equivocada. Se privatizó un derecho humano, como lo es el dotar de energía eléctrica a una sociedad entera y con ello, se originó uno de los más graves conflictos sociales de nuestra historia reciente. Una privatización diseñada sobre la base de la distorsión del concepto de Estado que desarrolla nuestra Constitución y construida sobre la base de una serie de violaciones a los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución, produce un grave descontento social. Como lo afirman varios juristas latinoamericanos, la implementación de una ley que pasa sobre la Constitución de un país, necesariamente genera malestar y conflicto social. Esto es lo que ha sucedido en Guatemala con la aplicación de la Ley General de Electricidad.
Y si no, que lo digan las comunidades que se han resistido a la construcción de una hidroeléctrica, en detrimento del medio ambiente sano y de los derechos de los Pueblos Indígenas; o las que han tenido que enfrentarse a la construcción de torres de transmisión de la energía eléctrica, en perjuicio de la salud de la gente y del medio ambiente sano; o las que han cuestionado y se han opuesto a la distribución y venta de energía eléctrica deficiente y cara, ya que afecta la economía familiar. Todo esto ha sucedido, sin que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) alce la voz y defienda a las comunidades cuyos derechos son violados o bien, sin que aplique las sanciones que debería, para protegerlas.
Quienes defienden la privatización del sector eléctrico expresan, muy efusivamente, que el nuevo sistema termina con el monopolio del Estado (aunque no dicen nada con respecto al nuevo monopolio que se crea, esta vez monopolio de la iniciativa privada); o defienden con energía, que en la actualidad el servicio se ha expandido a casi toda la población guatemalteca (aunque eviten mencionar la exclusión que existe en los territorios olvidados y que se encuentra unificada en un movimiento de resistencia, con base en el artículo 45 constitucional).
A todas estas personas les recomiendo leer el Informe Nacional de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2015-2016 sobre Guatemala, denominado “Más allá del Conflicto, luchas por el bienestar” (capítulo 9, páginas 243 y siguientes), que describe muy bien cómo la energía eléctrica se ha convertido en “nuevas disputas en territorios con carencias históricas”.
Debemos reconocer que suministrar electricidad tiene que ver con la implementación de un derecho humano. Lo contrario significa dejar la implementación de dicho derecho, en las manos corruptas del libre juego de la oferta y la demanda. Debemos comprender que un mercado libre, diseñado sobre bases falsas, enriquece aún más a los poderosos y hace más pobres a los pobres. Ojalá algún día nuestra sociedad alcance pacíficamente un consenso al respecto.
Hace 25 años, en lugar de privatizar este derecho humano, se debieron de haber realizado todos los cambios necesarios a las leyes, para aumentar su respeto y mejorar su implementación, con una visión de Estado. No estoy hablando de algo imposible de lograr. Solo debemos enfocarnos en los objetivos principales del Estado: proteger a las personas, promover el bien común, anteponer el interés social al interés individual y promover la paz.
