El estado mexicano ha omitido acciones de protección a las personas migrantes

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Por Jonatan Rodas

Este jueves 9 de noviembre en horas de la tarde circuló una noticia que ensombrece aún más la ya preocupante situación que viven las personas migrantes en su paso por la llamada Frontera Sur de México: un tráiler que transportaba más de un centenar de personas se accidentó en un tramo de la carretera federal entre las localidades de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas. En las primeras horas de la mañana de este viernes 10, la información oficial reportaba el dato de 54 personas fallecidas y 105 lesionadas, de las cuales 83 son hombres y 22 mujeres. Entre los que viajaban en el tráiler se encontraban 95 personas guatemaltecas, 3 de República Dominicana, 1 de México, 1 de Ecuador, 1 de Honduras y 4 sin nacionalidad identificada; entre ellos, se contaban 19 menores de edad.[1]

Aunque pudiera pensarse como un evento desafortunado, el accidente tiene lugar dentro de un contexto que incrementa el riesgo y la vulnerabilidad de las personas en tránsito. Este contexto se caracteriza por el reacomodo territorial de grupos del crimen organizado, la desprotección de las poblaciones locales y en tránsito y la persistente militarización en la llamada Frontera Sur de México.

Enrique Vidal, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova radicado en la ciudad de Tapachula, señala que desde mediados del 2021 y con el cambio de gobierno a nivel local, se ha presenciado un reacomodo de las bandas del crimen organizado que controlan el tráfico de personas. Cuando hay este tipo de desajustes entre estos grupos, comenta, también aumenta la violencia hacia los migrantes manifestándose concretamente en mayores extorsiones, secuestros y abusos; así como el aumento de la precarización de las condiciones en que se movilizan, tal como lo demuestra el tipo y las condiciones de tránsito en que se movilizaban las 165 personas accidentadas.

Si bien ha habido un aumento de los operativos de la Guardia Nacional para detectar el tráfico de personas, el caso demuestra la incapacidad y, en buena medida, la tolerancia del estado mexicano frente a los grupos del crimen organizado que lo promueven. “Los trailers siguen teniendo un paso más o menos libre por el sur del país y (el accidente) muestra que más bien estas redes del crimen están trasladando a las personas de manera más precaria” señala Vidal.

Frente a esta situación, agrega, no hay que perder de vista que el tema de fondo —y que no debe dejarse de lado— es que las personas se ven obligadas a trasladarse de esta manera debido a las barreras migratorias que impone el propio gobierno mexicano. Lo anterior implica que, además de las responsabilidades penales sobre los involucrados directos que se deduzcan de la investigación, es fundamental prestar atención sobre la propia responsabilidad del estado en la violación a los derechos humanos de las poblaciones migrantes a causa de la desprotección a la que son sometidas. Al mismo tiempo, las líneas de investigación también deben apuntar hacia la criminalidad transnacional y transfronteriza que está provocando directamente estos lamentables hechos.

En Chiapas, la presencia de las fuerzas armadas y la militarización es evidente. Sin embargo, a decir de Vidal, la Guardia Nacional y Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) no están queriendo disputar el control territorial por mantener un bajo perfil y una política de no confrontación con los grupos criminales. A expensas de eso, se incrementa la desprotección de las poblaciones locales y en movilidad. Por otro lado, la militarización de la región no sólo se expresa en este hecho sino también en la estructura y lógicas de actuación del Instituto Nacional de Migración de México (INM), dirigido a nivel local por generales retirados del ejército mexicano.

En la actualidad en el INM persiste la persecución de las personas en movilidad y el fomento de la percepción de éstas bajo la idea de criminalidad, en lugar de dirigir los esfuerzos hacia las redes de tráfico. Por otro lado, en contraste con los discursos oficiales, Vidal indica que no es cierto que durante este sexenio haya habido una reforma burocrática del INM: “el gobierno actual prefiere mantener la misma estructura que ha existido y solamente han rotado a las personas, pero no se ha transformado a la institución”. Como efecto de esta situación, no ha sido posible sanear la corrupción que impera dentro del INM y las personas se ven obligadas a buscar alternativas para librarse de los abusos de las autoridades.

Éste es el escenario en que hoy debemos lamentar la pérdida de muchas vidas humanas. No es un tema menor, ni debe leerse únicamente como la exposición al riesgo por parte de las propias personas. Enfáticamente, Enrique Vidal, haciendo eco una amplia perspectiva de defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en la región, señala que “los migrantes no son los responsables de las condiciones precarias y peligros que tienen que enfrentar para su tránsito, sino de las autoridades que no les protegen debidamente”.

De este contexto se deriva la responsabilidad del estado en este lamentable accidente, por la desprotección, es decir, la omisión de acciones que garanticen las condiciones de seguridad e integridad de la vida de todas las personas.

En la misma conferencia de prensa en que se brindaban detalles sobre lo ocurrido, el titular de la Guardia Nacional aseguró que se brindaría a los sobrevivientes la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias que les permitirá permanecer y trabajar en territorio mexicano ¿Era necesario que murieran tantas personas para que esto fuera posible?

[1] Declaraciones del comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio, en la conferencia de prensa matutina del Presidente de la República, del 10 de diciembre de 2021. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=fD_9SxyJln8

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