No perdemos la esperanza, pero ahora lo más importante es que otras autoridades indígenas del país se van a sumar, porque no vamos a permitir que el Estado utilice este modelo de consulta en otras áreas del país. Cristóbal Pop.
Por Luis Ovalle
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) dio por finalizado el proceso de consulta por el proyecto minero Fénix, en El Estor, Izabal, el cual se llevó a cabo en medio de un estado de sitio y excluyó a los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ y a la Gremial de Pescadores Artesanales de ese municipio, que fueron quienes habían logrado que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenara la suspensión de la licencia minera en 2020.
¿Qué procede ahora?
Rafael Maldonado, uno de los abogados que acompaña a la Gremial de Pescadores desde que se presentó el amparo en la CC, dijo a Prensa Comunitaria que si en efecto, para el MEM ya terminó el proceso de consulta como tal, deberá informar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ésta a su vez ordenaría el reinicio de las operaciones del proyecto Fénix; de forma oficial, porque en realidad nunca han dejado de operar, añadió.
Sin embargo, hay acciones legales que la CSJ debe conocer, por lo que no podría permitir que ese trámite sea inmediato, porque hay solicitudes que la misma corte no ha resuelto, indicó el abogado.
Por su parte, Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales y miembro de los cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ de El Estor, lamentó que para la empresa minera no signifiquen nada las leyes guatemaltecas, pues nunca dejaron de operar, a pesar de la sentencia de la CC. Es más, triplicó sus operaciones, dijo.
A decir de Pop, esta situación contó con el apoyo del gobierno central y de las autoridades de Izabal. En pleno estado de sitio se realizó una burla de consulta, “eso no se puede llamar consulta ni preconsulta, es una violación del derecho del pueblo indígena”.
“No estamos solos. En noviembre estuvimos con las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán; con las de Sololá, del pueblo Ixil, las autoridades de Alta Verapaz y del Parlamento Xinka, en el lugar sagrado de Iximché, Chimaltenango, donde se acordó que no se va a permitir que en Guatemala se utilice el modelo de El Estor para implementar otras consultas. En El Estor se dio un proceso viciado, exprés, con el interés de las autoridades de los tres poderes del Estado y del Ministerio Público. El propio ministro de Gobernación utilizó toda la fuerza pública para reprimir una manifestación pacífica, con helicópteros y guardacostas. En su informe decía que solo habían utilizado 700 policías y 500 elementos del ejército. Pura mentira, fueron muchos más”, indicó Pop.
¿Y las instancias internacionales?
Si las instancias nacionales no prosperan, el camino será acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por denegación de justicia en el país, con miras a llegar a la CorteIDH y posiblemente interponer una queja ante el denominado Foro de Empresas y Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, dijo Maldonado.
Pop coincidió con Maldonado en ese aspecto y subrayó que de no encontrar eco en Guatemala pasarán a un segundo nivel, a nivel internacional, “porque el guatemalteco, el indígena, las comunidades, no tenemos una autoridad confiable; no tenemos igualdad ante la justicia”.
Temor y frustración, pero también esperanza
Maldonado, abogado de los amparistas, insistió en que el proceso desarrollado por el MEM es una burla; una falta de respeto a la organización comunitaria, principalmente a los amparistas, a quienes no se les permitió participar en la preconsulta; pero además, a partir de ahí se dio inicio a un proceso de criminalización y ataques. “Estamos frente a un Estado criminal, que ataca al poder comunitario y lo reprime, en aras de beneficiar a empresas transnacionales”.
En tanto, Cristóbal Pop fue más allá. Dijo que todo esto los marca mucho. No es fácil. Muchas personas tienen miedo. La empresa tiene una alianza con el gobierno e incluso podrían asesinar y quitar de en medio a cualquier persona. Además, con las órdenes de captura. “No perdemos la esperanza, pero ahora lo más importante es que otras autoridades indígenas del país se van a sumar, porque no vamos a permitir que el Estado utilice este modelo de consulta en otras áreas del país”, indicó.
Empresarios mineros rusos involucrados en sobornos para el presidente
Juan Francisco Sandoval, ahora extitular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), denunció antes de salir al exilio, que realizaba una investigación y que cada vez estaba más cerca del presidente Alejandro Giammattei, referida, entre otros aspectos, a la visita de empresarios rusos al país, entre abril y mayo de 2021.
Dicha investigación apunta a la posible relación del presidente guatemalteco con empresarios de nacionalidad rusa, representantes de Mayaníquel, otra empresa cercana a la compañía Solway Investment Group de capital suizo-ruso.
