Por Regina Pérez
A más de 4 años del desalojo de la comunidad Laguna Larga, que estaba asentada en el municipio de San Andrés Petén, con el argumento de que vivían en un área protegida, el Estado guatemalteco no ha acatado las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que organizaciones y el diputado Aldo Dávila urgieron al gobierno de Alejandro Giammattei a atender a las familias, que nuevamente pasarán otra Navidad en un campamento, en medio de una crisis humanitaria.
En una conferencia de prensa realizada frente a la casa presidencial, el diputado Dávila, el Comité Campesino del Altiplano y el Bufete de Derechos Humanos, que han dado acompañamiento a las 115 familias, volvieron a llamar la atención al gobierno de Giammattei para que resuelva la situación de los pobladores, que viven como refugiados en la línea fronteriza con México.
Aunque el desalojo ocurrió durante el gobierno de Jimmy Morales, desde que asumió Giammattei no ha resuelto el problema ni ha visitado el campamento, señalaron.
El abogado Rubén Domingo, del Bufete de Derechos Humanos, explicó que las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de la comunidad el 8 de septiembre de 2017, para proteger la integridad de los pobladores, no han sido implementadas aún por el gobierno.
Estas incluían una serie de medidas alimentarias, en salud, agua potable, vivienda digna, entre otras, que el Estado tenía que implementar como una garantía mientras busca una solución al desplazamiento, sin embargo, no han tenido un efecto positivo aún, indicó Domingo.
#Ahora El diputado @aldodavila_gt el @CCDA2020 y el @BufeteDH urgen al presidente Alejandro Giammattei dar atención a las 116 familias de #LagunaLarga, en Petén, que fueron desalojados hace cinco años de su comunidad y que ahora viven en la línea fronteriza con México. pic.twitter.com/bka9TNCDWb
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) December 16, 2021
El diputado Aldo Dávila señaló que los habitantes no tienen las mínimas condiciones de vida, en trabajo, salud, educación y mucho menos acceso a la justicia. “Estas personas fueron despojadas de su tierra y a pesar de que hay una sentencia de la CIDH, no se está cumpliendo; estos guatemaltecos siguen viviendo en el olvido de las autoridades del Ejecutivo, que son las responsables en cumplir la sentencia”, señaló.
Por su parte, Leocadio Juracán, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) indicó que el caso de Laguna Larga es solamente uno que ilustra la negligencia del gobierno, al que llamó corrupto e ineficiente.
Venimos a exigir que atienda de manera inmediata a la población de Laguna Larga, porque están muy vulnerables, es un Estado que no les garantiza los derechos que le corresponden y es obligación del Ejecutivo hacerlo, manifestó Juracán.
Entre las instituciones estatales que tienen responsabilidad de atender la situación de la comunidad, está la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), cuyo director Hugo Rigoberto Casasola renunció, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y varios ministerios que tienen competencia para atender esta crisis. “Lo poco que han hecho son acciones aisladas, sin coordinación, no hubo nunca un plan de cómo abordar esta medida cautelar”, dijo Domingo.
Desde el desalojo han fallecido 14 personas
En octubre pasado, una comisión conformada por el CCDA, abogados y organizaciones mexicanas, visitó la comunidad y constató que la situación de los pobladores desde el desalojo no ha cambiado. Según el Bufete de Derechos Humanos, al menos 14 personas han fallecido desde el 2017, por varias causas, entre estas desnutrición, enfermedad común y embarazos de alto riesgo.
Estas muertes, según Domingo, serían un efecto de la crisis humanitaria que se vive tras el desalojo. En 2021 no se han tenido reportes de algún fallecimiento.
El abogado cuestionó que Giammattei gaste recursos del Estado para viajar a Washington y no haya tenido la voluntad de visitar la comunidad, desde que asumió su mandato.
“Es preocupante que un gobierno pro vida esté condenando a la muerte a 115 familias, ha habido abortos, porque no hay atención del sistema de salud, hay gente que ha muerto en la línea fronteriza…mientras las comunidades estén en esas condiciones, la atención en los servicios básicos es imposible”, manifestó.
Lo que piden las organizaciones es que se permita el retorno de los comunitarios al área de donde fueron desalojados, donde habían sido sostenibles por más de 30 años. Según el CONAP, la comunidad estaba asentada en un área de reserva y por eso se ordenó el desalojo.
Sin embargo, las entidades señalaron que tampoco ha habido voluntad de parte del Estado para proporcionarles una finca. De cinco lugares posibles para vivir se eligieron tres, pero según Domingo, fue un engaño del Estado, porque el Fondo de Tierras no había advertido que también eran áreas protegidas y para utilizarlas la comunidad tenía que estar sujeta a condiciones de uso de la tierra. “Lo que pretende el Estado ahora es vendérselo a la comunidad y no como una reparación integral”, concluyó el abogado.
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