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Por Simón Antonio Ramón

 

Periodistas en Guatemala consideran como censura en contra de La Hora la resolución de un juzgado en Guatemala, utilizando la ley de femicidio para proteger que Alejandra Carrillo De León, funcionaria de Gobierno para que no sea fiscalizada por corrupción en el estado guatemalteco.

El juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual presidida por la jueza Yadira Esmeralda Barrios Estrada, emitió medidas de seguridad a favor de la directora del Instituto de la Víctima, María Mayra Alejandra Carrillo De León, en el que prohíbe a los periodistas Pedro Pablo Marroquín y Óscar Clemente Marroquín director y presidente del Diario La Hora a perturbar e intimidar a la ahora protegida y su círculo familiar. Esto también protege al diputado Felipe Alejos señalado de negociar la integración de planillas de magistrados del Organismo Judicial.

El Diario La Hora ha publicado notas periodísticas sobre la corrupción que involucra a Alejandra Carrillo en el Instituto de la Víctima y en otras instituciones públicas en contubernio con autoridades judiciales y del Congreso de la República. La resolución que censura hoy a los periodistas de la dirección de La Hora, es producto de un proceso iniciado el 20 agosto por una denuncia de Carrillo de violencia psicológica.

El 6 de septiembre, Alejandra Carrillo solicitó medidas de seguridad que fueron negadas, por lo que solicitó las medidas por medio de un amparo en la Sala Primera de Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la Mujer. La sala estuvo integrada por los magistrados Noé Alberto Ventura Loyo, Henry Alejandro Elías Wilson y Mario Efraín Rojas, quienes otorgaron de manera provisional a Carrillo el 8 de diciembre, y ordena al juzgado Turno de Primera Instancia Penal de Delitos Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, emitir las medidas de seguridad solicitadas por Carrillo.

La Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público (MP) desestimó la denuncia el 27 de octubre porque no encontró suficientes elementos para establecer el medio de comunicación haya cometido violencia psicológica contra la denunciante.

En una nota periodística publicada por el Diario La Hora el 15 de diciembre señala “una de las consecuencias principales del amparo provisional es que se suspende todas las diligencias, especialmente la audiencia programada para el 23 de diciembre, de acuerdo con los abogados defensores de los Marroquín y resolución de fecha 9 de diciembre que emitió dicho órgano jurisdiccional”. “En esta se conocería la solicitud de desestimar la denuncia y resolver a favor de los sindicados, Oscar Clemente Marroquín y Pedro Pablo Marroquí, ya que, según el MP, no se estableció que existiera delito de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica. No, obstante, tras la decisión de los magistrados, esto no se llevará a cabo” informó La Hora.

Para el abogado Álvaro Montenegro de Alianza por Las Reformas que la resolución es una estrategia para acallar a los medios de comunicación independientes con el mal uso de la Ley de Femicidio. “Es una maquinaria contra los medios de comunicación independientes en el que se desvirtúa el uso de la Ley contra el Femicidio que lo ha usado Roxana Baldetti, Sandra Torres, con el que buscan poner el miedo y acallar a los medios de comunicación que debemos rechazar, porque estos actos son características autoritarias” dijo el abogado.

Por su parte la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) publicó un comunicado en el que condenó la censura contra el Diario La Hora. “Esta deleznable medida judicial muestra nuevamente el peligro que representan los jueces y magistrados serviles al poder político, que están dispuestos a tergiversar las normas y perjudicar los derechos humanos solo por recibir posible prebendas o beneficios personales de funcionarios superiores a los que responder” “con esta acción inconstitucional se impone una censura previa para proteger de las criticas y fiscalización a Carrillo y a su cónyugue, el diputado Alejos” denunció el APG.

En otro caso, el periodista Juan Luis Font solicitó en una audiencia el martes 21 de diciembre al juzgado de Mayor riesgo D presidido por la jueza Éricka Aifán; solicitó que se anexara a los casos que conoce el juzgado contra el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, en un expediente que se conoce en el juzgado Tercero de Primera Instancia Penal en el que el exministro acusa a Juan Luis Font a recibir sobornos para minimizar las críticas en medios de comunicación vinculados a Erick Archila exministro de Energía y Minas. La jueza Aifán, declaró bajo reserva el caso, lo que los medios de comunicación presente en la sala fueron retirados.

Autoría y edición

Periodista Maya Q'anjob'al

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