Trecsa ya está cableando en nuestras áreas sin ninguna consulta, para alimentar de energía a la empresa Cementos Progreso, es por eso que estamos exigiendo a la empresa que respete nuestro derecho, porque sin consulta previa ya está instalando. Marcelino Car
Por Regina Pérez
Comunidades, organizaciones y personas particulares presentaron hoy, con auxilio de abogados, una inconstitucionalidad parcial en contra de varios artículos de la Ley General de Electricidad aprobada en 1996, la cual señalan viola varios derechos humanos reconocidos en la Constitución, el principio de legalidad y la autonomía municipal, entre otros aspectos.
La Ley General de Electricidad fue aprobada en 1996 durante el gobierno de Álvaro Arzú y actualmente son las comunidades las que sufren sus efectos, como por ejemplo, con el plan de expansión del sistema de energía que impulsa la empresa Transportada de Energía de Centroamérica, S.A. (Trecsa), en varios territorios del país, el cual aseguran no es para beneficiar a la población sino a las grandes empresas.
En una conferencia de prensa realizada en la Corte de Constitucionalidad antes de presentar la acción, participaron autoridades comunitarias de San Juan Sacatepéquez, la Coordinadora de Comunidades Afectadas por Trecsa, el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), con acompañamiento de abogados, el diputado independiente Aldo Dávila y la diputada Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq, entre otros.
#Ahora Comunidades, org. y sociedad civil presentaron una inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Electricidad, dicen que viola la Constitución, afecta el principio de legalidad, autonomía municipal y es incompatible con la convención interamericana.
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El abogado Ramón Cadena dijo que la inconstitucionalidad presentada es parcial porque encontraron violaciones en cinco capítulos claves de la ley. El primero se refiere al concepto de Estado que desarrolla la Constitución; el segundo, a derechos humanos reconocidos como el derecho a la consulta, a la propiedad, a la salud, a la vida, entre otros; el tercero, al principio de legalidad; el cuarto, a la autonomía municipal y por último, es una ley incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, indicó.
Marcelino Car, autoridad comunitaria del municipio de San Juan Sacatepéquez, dijo que acuerparon esta acción porque ellos están siendo afectados por las operaciones de Trecsa en su territorio. “Trecsa ya está cableando en nuestras áreas sin ninguna consulta, para alimentar de energía a la empresa Cementos Progreso, es por eso que estamos exigiendo a la empresa que respete nuestro derecho, porque sin consulta previa ya está instalando”, señaló Car.
Laura Rojas, de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por Trecsa, afirmó que hay todo un andamiaje en la producción de energía eléctrica y que en todas sus etapas hay serias violaciones a los derechos humanos que están enmarcadas en la Ley General de Electricidad.
Según Rojas, fue en 1996 que se creó el andamiaje legal para intervenir los territorios, una nueva lógica de explotación masiva de bienes naturales, en la cual la piedra angular del modelo extractivo es el transporte de energía eléctrica que interconecta la generación de energía con todos los proyectos extractivos.
En el caso de Trecsa, señaló que no es en beneficio de las comunidades ni de los pequeños usuarios, sino para la agroindustria, las maquilas, la minería e incluso para venta en el extranjero.
Este proyecto atraviesa por varios territorios, propiedades privadas e incluso por terrenos colectivos y la Ley de Electricidad, en algunos artículos permite al ministerio de Energía y Minas imponer una servidumbre forzosa para el paso del tendido de energía eléctrica, lo cual tiene un impacto grave en el medio ambiente y los derechos humanos, señaló Rojas.
🚨 | Laura Rojas, de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por Trecsa, señaló que en todas las etapas de producción de energía eléctrica hay violaciones a derechos humanos enmarcadas en la Ley General de Electricidad aprobada en 1996. pic.twitter.com/5YBdEeaHMK
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Luego de interponer la acción en la Corte de Constitucionalidad, el abogado Francisco Sandoval dijo que esta acción busca rescatar un escenario que ha sido complicado desde el momento en que sectores poderosos del país decidieron privatizar la energía eléctrica. “Esta disposición lo único que ha hecho es limitar la función de los alcaldes en el interior de la República, chocando con disposiciones constitucionalmente válidas como el Código Municipal”, indicó.
#Ahora | Los magistrados deben responder en función de valores humanos, no en función de valores economicistas, dijo el abogado Francisco Sandoval, luego de interponer una inconstitucionalidad parcial en contra de la Ley de Electricidad en la CC.
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Los ponentes señalaron que la inconstitucionalidad presentada ha sido una de las demandas de los pueblos y de los usuarios de la energía eléctrica y que esperan que la CC cumpla con los plazos, ya que hay recursos presentados de los cuales desconocen qué ha pasado con los mismos.
