ACCIÓN URGENTE: Tragedia en Chiapas deja 53 personas migrantes fallecidas y múltiples lesionadas: resultado de políticas migratorias mortales

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Créditos: Cuerpos de migrantes muertos en el estado de Chiapas, México. AFP
Tiempo de lectura: 3 minutos

Comunicado
9 de diciembre de 2021

Al menos 53 personas migrantes fallecieron y más de 50 resultaron heridas, tras accidentarse el tráiler en el que eran transportadas más de cien personas migrantes. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 15:30 horas, a la salida de Chiapa de Corzo, Chiapas, de acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil estatal.

Diversos medios de comunicación señalaron que las personas migrantes viajaban hacinadas en la caja del transporte de carga, cuyo chofer perdió el control debido al exceso de velocidad y huyó.

La tragedia deja nuevamente en claro que, el anonimato y las condiciones en las que las personas migrantes se ven forzadas a transitar, son mortales y consecuencia de políticas migratorias fallidas.

La muerte de estas personas se suma a las violaciones que se han documentado en los últimos años contra la población migrante en el contexto de la pandemia. La militarización de las fronteras y de las rutas; la falta de acceso a los procedimientos de asilo y regularización migratoria obliga a las personas migrantes a arriesgar sus vidas e integridad en un tránsito cada vez más peligroso.

Las organizaciones firmantes hemos denunciado que el endurecimiento de las políticas migratorias y la externalización de las fronteras traería como consecuencia el aumento de delitos y violaciones a derechos humanos en contra de la población migrante, solicitante de asilo y refugiada en México.

Recientemente, el gobierno mexicano aceptó volver a implementar el programa Quédate en México, lo que implica que las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos permanecerán en nuestro país mientras dura el procedimiento, violando su derecho a estar en el país que ellos y ellas consideran seguro, y  exponiendo a las personas a múltiples factores y contextos de riesgo y vulnerabilidad frente al crimen organizado.

Hemos visto que la manera de proceder del gobierno mexicano, en este tipo de casos, es “apagando el fuego”, sin buscar las causas de fondo. Es decir, mostrando en estos momentos su voluntad, pero dejando luego a las familias de las víctimas sin acceso a medidas de asistencia, sin verdad, justicia y reparación.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado a las distintas autoridades de gobierno para que:

  1. Las personas heridas reciban atención médica de manera inmediata.
  2. Se regularice la situación migratoria de las personas heridas y se permita que sus familiares, así como los de las personas que perdieron la vida, puedan ingresar al país para poder realizar el proceso de acompañamiento e identificación de restos y para buscar la verdad y justicia sobre lo sucedido.
  3. Los procesos de identificación y restitución de restos se lleven a cabo de manera digna y humana, en apego a los estándares internacionales y aplicando en lo conducente el protocolo de notificación y restitución de restos de la Comisión Forense.
  4. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) represente dignamente a las familias de las víctimas, garantizando que el Estado Mexicano respete todos los derechos establecidos en la Ley General de Víctimas y en la legislación procesal penal, así como en tratados internacionales.
  5. La CEAV se encargue de todos los gastos funerarios y otros, que requieran las familias para dar sepultura a las víctimas de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, consultando con ellas, no imponiendo ninguna acción.
  6. Se lleve a cabo una investigación efectiva de los hechos, estableciendo las circunstancias y responsabilidades, haciendo partícipes a las familias de los procesos de verdad, justicia y reparación.
  7. Se garantice el acceso a la justicia mediante mecanismos transnacionales, en el caso de que las víctimas directas e indirectas se encuentren fuera del país.
  8. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dicte medidas a todas las autoridades responsables, para que se garantice lo aquí solicitado y funja como institución vigilante de que no se violen los derechos humanos de las familias.
  9. La Procuraduría de Protección a la Infancia intervenga en los casos que involucren niñas, niños y adolescentes para determinar su interés superior.
  10. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) garantice efectiva coordinación con los países de origen, sin que se impongan acciones o medidas que no se tomen en consenso con los familiares de las víctimas. Que en todo momento se respete su derecho a la información y se garantice su derecho a decidir, opinar y participar.

Autoría y edición

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