Dávila es un diputado de oposición que ha denunciado abiertamente no solo la existencia de la alianza dominante, sus compromisos y agenda, sino que también ha cuestionado en el Congreso las decisiones que se toman en el ámbito parlamentario. Carmen Aída Ibarra
Por Regina Pérez
El diputado independiente Aldo Dávila perdió la inmunidad que le inviste como funcionario público por resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una decisión que según analistas y la abogada de Dávila, demuestra cómo la Corte falla contra adversarios políticos, para favorecer a la alianza dominante en el país, también conocida como “Pacto de corruptos”.
El diputado Aldo Dávila, conocido por ser un defensor de derechos humanos y activista por los derechos de la población LGBTIQ en Guatemala antes de ser electo en el Congreso, tiene al menos tres solicitudes de antejuicio en su contra y en una de ellas la Corte resolvió retirarle su inmunidad, por lo que podrá ser investigado por supuesto abuso de autoridad.
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De acuerdo con la abogada de Dávila, Wendy López, esta denuncia en su contra se debe a un asunto político y la incomodidad que ha causado el congresista. El diputado está siendo una piedra en el zapato, entonces por eso lo atacan, señaló López, quien dijo que la denuncia fue por supuestamente insultar con la palabra “gato” a un agente de la Policía.
López señaló que llama la atención que esta denuncia fue iniciada por el Ministerio Público (MP) de oficio, sin petición de nadie, como no ha ocurrido en otros casos.
A criterio de Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, que sigue de cerca los procesos de elección de las Cortes, Dávila es un diputado de oposición que ha denunciado abiertamente no solo la existencia de la alianza dominante, sus compromisos y agenda, sino que también ha cuestionado en el Congreso las decisiones que se toman en el ámbito parlamentario.
Dávila no solo es visto como un opositor sino que es alguien a quien han tildado de “enemigo interno” porque ataca directamente los intereses de la alianza dominante, también conocida como “Pacto de corruptos”, dijo.
Era de esperar que la Corte tomara decisiones que no favorecen al diputado Dávila, sino que por el contrario lo afectan negativamente, indicó Ibarra.
También llama la atención a organizaciones como Alianza por las Reformas que la Corte Suprema de Justicia nunca dio trámite a antejuicios contra diputados como Felipe Alejos, sindicado en el caso “Traficantes de Influencias” pero si lo hizo con Dávila. Dicha organización señaló a la CSJ de demostrar su compromiso con los corruptos.
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Resoluciones favorables a la alianza dominante y justicia selectiva
¿Por qué la Corte resuelve de esta manera? Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, manifestó que desde el 2017 hasta la fecha, los actuales magistrados de la CSJ y de Apelaciones, tienden a emitir resoluciones, sobre todo en antejuicios, favorables a miembros de la alianza dominante, que algunos les llaman “Pacto de corruptos” o “alianza criminal”.
Esta es una alianza en la que participan diferentes sectores y las actuales autoridades judiciales favorecen a miembros de este pacto con sus resoluciones en diferentes ámbitos, rechazando antejuicios, tomando decisiones en casos como el de financiamiento electoral que los dejan sin sindicación por parte del MP, señaló Ibarra. “Hay diferentes resoluciones que están tomando las Cortes, no solo en materia de antejuicios”, agregó.
David Gaitán, consultor en temas de transparencia y justicia, dijo que dicha resolución muestra la falta de objetividad por parte de la Corte y que deja en total evidencia que contra las personas allegadas a la CSJ no procede ningún tipo de antejuicio ni proceso legal pero hacia quienes podrían ser sus adversarios políticos, sí.
Según Gaitán, esta misma Corte ha recalcado el tema de las denuncias espurias pero no considera que la denuncia contra el congresista lo sea. “Ha considerado espurio que se presente un antejuicio en contra de magistrados que intentaron cooptar las Cortes hace dos años, les parece espurio que se presenten escuchas telefónicas en contra de un diputado, les parece espurio que se presente un antejuicio contra la Fiscal General porque ha violentado la independencia fiscal al destituir de manera ilegal a determinados fiscales, pero no les parece espurio y resuelven de manera muy rápida retirar la inmunidad a un diputado por haber supuestamente insultado a un policía”, señaló.
“Es evidente el diferente trato que se da a las personas lo que pone en total riesgo la justicia”, agregó.
La abogada López por su parte ve que existe una justicia selectiva, en la cual se persigue a quien obra de acuerdo a la ley, ya que Dávila únicamente realizaba su mandato como legislador, a la vez que considera que existen motivaciones políticas detrás de ese antejuicio.
“Ya no es solo la criminalización de defensores, sino de ahora de los funcionarios probos y transparentes que legislan como el diputado, a favor de la dignidad de las personas y de la transparencia” agregó.
En el caso contra Dávila, Ibarra indicó que lo llevaron al ámbito penal “porque hay un entendimiento entre autoridades policiales, de Gobernación, de la Corte Suprema de Justicia, de las Salas de Apelaciones y del Ministerio Público y van a tratar de hacer grande esta situación”, dijo.
Dávila: Seguiré siendo una voz incómoda contra el Pacto de corruptos
Por su parte el congresista Aldo Dávila se refirió a este caso como una persecución política, espuria e ilegítima y anunció que aunque perdió su inmunidad, seguirá legislando desde su curul en el Congreso. “Seguiré siendo una voz incómoda al Pacto de Corruptos y a la alianza criminal”, manifestó.
#RegresiónAutoritaria | Dávila: “Seguiré siendo una voz incómoda al Pacto de Corruptos”
El diputado @aldodavila_gt dijo que la resolución de la CSJ de quitarle su inmunidad “es política y espuria” y evidencia lo incómodo que ha sido en la fiscalización.
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Según Dávila, detrás de esta persecución en su contra está la fiscal general, Consuelo Porras, a quien el Departamento de Estado incluyó en la lista de actores corruptos y no democráticos, el presidente Giammattei, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez y el ministro de Cultura, Felipe Aguilar.
Dávila también agradeció las muestras de solidaridad que ha recibido de varias organizaciones a nivel nacional e internacional. “A la ciudadanía le digo muchas gracias”, dijo. En redes se impulsa una etiqueta de apoyo al congresista #AldoNoEstáSolo.
“Corte ilegítima y politizada”
La actual Corte Suprema de Justicia está integrada por magistrados que fueron electos en 2014 y que debido a que el Congreso de la República no ha elegido a sus sustitutos, que debieron ser electos en 2019, continúan en sus cargos.
Esta misma Corte conocerá antejuicios presentados en contra de los jueces de mayor riesgo Érika Aifán y Pablo Xitumul, quienes han pedido al MP que desestime las denuncias espurias y sin fundamento en su contra.
Para David Gaitán, Guatemala está viviendo una seria crisis en cuanto a la independencia judicial, llegando a situaciones como en Nicaragua, donde se busca que los adversarios políticos terminen en la cárcel y se usa el sistema de justicia, “manipulándolo y retorciéndolo de tal manera que me puedan permitir tener vía libre para seguir cometiendo actos ilegales, este es el caso de esta Corte Suprema de Justicia”, indicó.
Gaitán argumentó que la CSJ no solo lleva dos años en el poder de manera ilegítima sino que ha demostrado que está de lado de cierto sector de la sociedad y plegado a los intereses del partido oficialista y de partidos que apoyan al gobierno de Giammattei. “No solo es ilegítima, aparte de eso es una Corte politizada, fue seleccionada por Alejandro Sinibaldi y por Manuel Baldizón”, recordó.
Según el caso “Comisiones Paralelas II” que presentó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, en la designación de los magistrados de la actual Corte habrían influido Sinibaldi y Baldizón, de los Partido Patriota y Líder, respectivamente.
Sobre por qué el Congreso no ha electo a los nuevos magistrados de la CSJ, que debió hacerlo en 2019, Ibarra indicó que se debe a que los diputados no quieren. “Son sus aliados, encuentran en la CSJ por lo menos 10 aliados, y completan hasta 13 aliados cuando se integran con magistrados de Sala, sin duda alguna la Corte y Salas de Apelaciones están al servicio de la alianza dominante”, señaló la directora de Pro Justicia.
De ir a una elección en el Congreso, se dejaría fuera a estos magistrados con los que han logrado varias cosas, como controlar la Corte de Constitucionalidad, tener resoluciones favorables y sobre todo que el año entrante se tiene previsto la elección de Fiscal General, en la que Silvia Valdés, presidenta actual de la CSJ, presidirá la Comisión de Postulación, explicó Ibarra.
“Hay una serie de situaciones que hacen que la alianza esté mejor con esta Corte que con cualquier otra, siendo sus aliados ellos los mantienen en sus cargos y los magistrados les responden a conveniencia”, puntualizó.
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