Créditos: Cofaqui
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Por Luis Ovalle

La bióloga guatemalteca, Bárbara Escobar Anleu, informó que ella y los exmiembros de la junta directiva del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala (Cofaqui), período 2019 -2021, fueron denunciados por Carlos Francisco Porras López, por supuestos delitos de abuso de poder y usurpación de funciones, señalamientos que calificó de espurios y que tendrían como objetivo, además de dinero, amedrentar a quienes quieran involucrarse en puestos de decisión y hacer bien las cosas.

A decir de Escobar Anleu, Porras López también acusa al colegio y pide 1 millón de quetzales; “tenemos la conciencia tranquila”, dijo la exdirectiva del Cofaqui, al señalar que siempre han actuado acorde a la ley, en la búsqueda del bien común. Agregó que hacen pública esta denuncia, porque el silencio y la indiferencia de las personas correctas solo beneficia al sistema corrupto y a quienes lo sostienen.

Un comunicado de la junta directiva saliente del Cofaqui detalla que la acción de Porras López se origina de la anulación de la convocatoria a elección de representante profesional del colegio, ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en enero de 2020.

De acuerdo con la información, los eventos electorales quedan a cargo del Tribunal Electoral, en tanto que la junta directiva del colegio debe aprobar y publicar cualquier convocatoria, para celebrar una asamblea extraordinaria para la elección, como establecen los estatutos del Colegio de Farmacéuticos y Químicos.

Según los exdirectivos, la anulación se realizó porque la convocatoria tenía un encabezado en el que se consignaba que el representante para el puesto no debía ser catedrático, lo que contraviene la Ley Orgánica de la USAC; con ello el Tribunal Electoral 2018/2021 justificaba dejar afuera a personas agremiadas que ostentan la calidad de profesores universitarios y podían optar al puesto.

“Nos sentimos con la tranquilidad de saber que actuamos bajo el respaldo de la ley y en defensa de la Ley Orgánica de nuestra alma mater”, subraya el comunicado. Asimismo, refiere que, a la fecha todos los recursos legales interpuestos en distintas instancias por Carlos Porras y el Tribunal Electoral 2018/2021, en contra de la decisión de la junta directiva 2019/2021, de anular dicha convocatoria, no han prosperado.

Ante esto, el pasado 11 de octubre se realizó la Convocatoria 02-2021/2023 para la elección de representante del Cofaqui ante el CSU. En esta convocatoria han sido aceptadas candidaturas de profesores titulares y que son agremiados del Cofaqui, indica.

El comunicado informa que la denuncia de Porras fue presentada ante el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, el que resolvió que “por considerarse que las argumentaciones que refiere en el escrito no se encuentran sustentables para aceptar como querella personal” y por ser parte normal del procedimiento fue trasladada al Ministerio Público.

Es alarmante cómo este agremiado, además de denunciar a la junta directiva 2019-2021, también señala al Cofaqui y solicita, por el supuesto agravio, 1 millón de quetzales, cuando en ningún momento se le vedó el derecho de participación, sino que se enmendó un error en la convocatoria, que quitaba el derecho a profesores titulares, señalan.

Al respecto, los exdirectivos rechazan cualquier denuncia espuria que busca sacar provecho económico del Cofaqui y un puesto de representación que se ejerce ad honorem, solicitando una elevada cantidad de dinero de un fondo común que pertenece a todas las personas agremiadas al colegio. Además, consideran que estas acciones son intentos de amedrentar a colegas honestos y con intereses de trabajar por el bien común.

Finalmente, hacen énfasis en que, como exmiembros de la junta directiva del Cofaqui están tranquilos, porque consideran que durante toda su gestión se rigieron bajo la ley y que sus acciones siempre fueron encaminadas a defender los intereses y la dignidad del colegio.

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