Por Regina Pérez
El juez Víctor Hugo Herrera Ríos, fue quien firmó la orden de los primeros nueve allanamientos durante el estado de sitio en El Estor, Izabal. Dos de los cuales fueron dirigidos en contra de las casas de los periodistas Carlos Ernesto Choc y Juan Baustista Xol, corresponsales de Prensa Comunitaria. Desde 2017 dejó de presidir el juzgado de Mayor Riesgo C, por problemas de salud, varios abogados le perdieron la pista y reaparece ahora como el juez que firmó los allanamientos.
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El juez firmó el allanamiento de la casa de Abelino Chub Caal y ocho allanamientos más sin mayor descripción que las direcciones de las casas, varios de ellos fueron dirigidos a periodistas y a las casas de las principales autoridades del Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’. Las fuerzas de seguridad allanaron la casa de Cristóbal Pop, Olga Marina Ché, Paulina Coc, Juan Bautista, quienes son amparistas en contra del proyecto minero Fénix, y forman parte de los cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’.
Además del 24 octubre al 11 de noviembre, fueron allanadas las casas de Luis Adolfo Ich Choc, hijo del profesor Adolfo Ich Chaman, asesinado en 2009, por el teniente coronel Maynor Padilla, gerente de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN.
Los operativos policiales y de fiscales del Ministerio Público (MP), abarcaron la casa de German Chub, quien fue herido en 2009 durante los desalojos violentos de CGN en contra de varias comunidades. Las oficinas de la Defensoría Q’eqchi’ y la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a fueron allanadas y se sabe que en el área sur del municipio de El Estor, se hicieron allanamientos en contra de las casas de varias autoridades del Consejo Ancestral, en las comunidades de Chapín, Pataxte y otras.
Herrera actualmente es juez de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación, en la sede central del MP. Fue trasladado por problemas de salud en 2017 a este juzgado, cuando presidía el de Mayor Riesgo C en la Torre de Tribunales de la ciudad capital. Que podría considerarse como una reducción de sus responsabilidades como juzgador.
Herrera autorizó varios allanamientos en las residencias de las autoridades ancestrales en El Estor, que participaron en la resistencia antiminera durante 20 días del plantón permanente desde el 4 de octubre. Aunque la Corte Suprema de Justicia CSJ habilitó este tipo de juzgados, Herrera Ríos genera un criterio encontrado, ¿altera o no el papel de juez natural?
Sobre la intervención del juez Herrera Ríos
Varios abogados consultados por Prensa Comunitaria manifestaron su criterio sobre si Herrera, quien siendo titular de este tipo de juzgado tiene competencia o no para autorizar diligencias en otro municipio, especialmente a 317 kilómetros de distancia de su juzgado.
Herrera Ríos fue trasladado a dicho juzgado en 2017, presidiendo el Juzgado de Mayor Riesgo “C”, hubo rumores de que iba a renunciar del cargo, porque padecía el síndrome de Parkinson. En ese entonces el juez dijo que la enfermedad era tolerable y que no le afectaba en su trabajo. Se conoció que iba a ser trasladado a otro Juzgado por problemas de salud, lo cual se hizo efectivo el 31 de julio de ese año.
El abogado Oswaldo Samayoa señaló que Herrera Ríos sí tiene competencia de girar órdenes de allanamiento en otro municipio, en este caso en El Estor, porque en 2007 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un Acuerdo que autoriza ampliar la competencia de los juzgados de turno con sede en el municipio de Guatemala.
En el artículo 1 del Acuerdo 3-2006 señala que sin perjuicio de la competencia que corresponda a otros órganos jurisdiccionales, los jueces del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Turno, con sede en el municipio de Guatemala, podrán autorizar todos los actos urgentes de investigación que se le requieran para ser practicados.
Sobre su competencia para autorizar los allanamientos, el abogado Héctor Reyes, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), indicó “efectivamente, porque ellos utilizan este tipo de juzgados que están descentralizados de la CSJ, que son juzgados de diligencias urgentes”.
No obstante, Reyes manifestó que esto va en contra de la competencia del juez natural porque el juez natural en este caso tendría que haber sido el juez Aníbal Arteaga, y el lugar de los hechos y allanamientos es en El Estor.
“Nosotros hemos hecho solicitudes en ese sentido, de que se rompe la figura del juez natural, porque en este caso el juez Herrera no es el juez natural para conocer los hechos, pero van a estos juzgados de diligencias urgentes para hacer los allanamientos, incluso, hasta escuchas telefónicas en horas de la noche”.
Según el director de CALDH, lo único que resuelve este tipo de jueces es el allanamiento, todo lo que suceda después de eso no le corresponde a él, porque los hechos están siendo juzgados en Izabal.
Sobre párkinson que padece y si podría afectar su trabajo, Samayoa opinó que hay una prohibición para el ejercicio de la profesión para quienes padezcan algún tipo de enfermedad y discapacidad, esto incluye a personas ciegas, mudas o que tengan algún problema temporal o permanente de tipo mental.
El abogado indicó que habría que analizar si su padecimiento afecta las condiciones intelectuales del juez y si están afectadas o si toma algún medicamento psiquiátrico por trastornos temporales, ya no podría ejercer la judicatura. “Pero no sé si el párkinson tiene sus alcances”, subrayó. En todo caso sería un médico forense el que determinaría si sus condiciones intelectuales están afectadas y esta evaluación solo puede ser solicitada por algún abogado en el proceso a la CSJ, dijo.
Por su parte, Reyes señaló que ellos no sabían que Herrera todavía laboraba en el sistema de justicia, “porque él, en el caso Molina Theissen, circuló la noticia de que estaba un poco enfermo”. Este caso fue uno de los procesos que el juez conoció en su Juzgado antes de ser trasladado, en el que CALDH fue querellante.
¿Casos cuestionados del juez Víctor Hugo Herrera Ríos?
Herrera fue el juez que autorizó el allanamiento en la casa del periodista de Prensa Comunitaria, Juan Bautista Xol, el 26 de octubre, en donde supuestamente se buscaban armas de fuego y objetos ilícitos.
El juez Víctor Hugo Herrera Ríos tiene 25 años de trabajar en el Organismo Judicial, según su hoja de vida. Actualmente es candidato a magistrado a Salas de Apelaciones, elección que está estancada en el Congreso de la República.
Como juez de Mayor Riesgo “C” conoció los casos Molina Theissen y el caso lago de Amatitlán en el que estuvo implicada la exvicepresidenta Roxana Baldetti, enviándola a juicio y, en 2006, cerró el caso conocido como “Jueves Negro”, a favor del general José Efraín Ríos Montt, cuando era juez quinto de Instancia Penal.
