Lo más importante en los últimos cuatro años se ha dado en el campo de las exhumaciones y la identificación de víctimas del CAI, gracias al trabajo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG). Denis Martínez
Por Luis Ovalle
El informe: Logros y retrocesos de la justicia transicional en Guatemala, de Impunity Watch, fue presentado recientemente, en el marco del 25 aniversario de los Acuerdos de paz, al que arribará el país el próximo 29 de diciembre.
Denis Martínez, director de la entidad, dijo el 11 de noviembre que la implementación de los Acuerdos de Paz ha sido un proceso muy difícil, porque los gobiernos posteriores a la firma de la paz no han tenido voluntad política ni interés en la agenda de la paz.
Además, el ejército y las élites económicas de este país han mantenido una posición negacionista respecto al genocidio y las atrocidades cometidas durante el conflicto armado interno (CAI), y tampoco han permitido que cambien las condiciones de exclusión, racismo y explotación económica, que dieron origen al enfrentamiento armado.
Pese a esta situación, en los últimos años se han dado avances importantes. Se han llevado a cabo más de 20 juicios en contra de militares responsables de grandes violaciones a los derechos humanos, incluyendo la condena al exdictador Efraín Ríos Montt, se han realizado más de 3 mil exhumaciones y recuperado los restos de más de 9 mil víctimas, indicó.
Se creó el Programa Nacional de Resarcimiento y se recuperó el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), pero además se han logrado más de 15 sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por casos relacionados con el CAI, subrayó Martínez.
Destacó que todo esto se ha logrado gracias al compromiso y la persistente lucha de las víctimas y sobrevivientes del CAI, así como por la solidaridad de las organizaciones de derechos humanos, organizaciones forenses y la comunidad internacional.
También reconoció el compromiso de fiscales y jueces valientes, como Claudia Paz y Paz, Hilda Pineda, la jueza Yassmín Barrios, los jueces Pablo Xitumul, Miguel Ángel Gálvez y otros.
Lo más importante en los últimos cuatro años se ha dado en el campo de las exhumaciones y la identificación de víctimas del CAI, gracias al trabajo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), la presentación de los casos emblemáticos ante las cortes nacionales, como el caso del Diario Militar, el de Mujeres Achi y el caso contra el pueblo Ixil durante el período del general Benedicto Lucas García, así como el rescate del AHPN, después de una grave crisis que inició en 2018 y continuó durante 2019.
Sin embargo, también ha habido graves retrocesos en estos cuatro años. El gobierno de Alejandro Giammattei cerró las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y los compromisos nacionales de derechos humanos y en su lugar creó la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), una institución débil y sin fondos para funcionar.
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Giammattei le dio el tiro de gracia a la institucionalidad de la paz
Además, trasladó el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) al Ministerio de Desarrollo Social, donde se encuentra prácticamente paralizado en los últimos dos años y no ha resarcido a una sola víctima del CAI, indicó.
Martínez también comentó que el sistema de justicia enfrenta una fuerte crisis. En 2017 el gobierno y los grupos de poder se aliaron para terminar con el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y “recuperar” el control de las instituciones de justicia, como ellos la llaman.
El director de Impunity Watch en Guatemala agregó que el primer paso fue tomar el control del Ministerio Público. Fue en 2018 cuando el presidente Jimmy Morales nombró a Consuelo Porras como fiscal general, con el propósito de obstruir las investigaciones de la CICIG, para iniciar un proceso de persecución en contra de los fiscales y jueces que lideraron la lucha contra la corrupción.
El siguiente paso fue tomar el control total de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las salas de apelaciones, pero el proceso de selección de magistrados de ambas cortes se interrumpió cuando salió a luz pública el caso Comisiones Paralelas 2020, en el que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) reveló que se estaban realizando negociaciones ilícitas entre diputados, miembros de las comisiones de postulación y candidatos a las cortes, para elegir a personas afines a los intereses de grupos de poder y las redes de corrupción, añadió.
Este proceso sigue suspendido después de 2 años, porque el Congreso se niega a excluir de la lista a los candidatos señalados por la FECI y a emitir un voto de viva voz. Finalmente, este año, tomaron el control de la CC, por medo de un proceso de selección muy cuestionado y nombrando a personas de dudosa honorabilidad, refirió Martínez.
Recientemente la fiscal Porras, ha iniciado un proceso de desmantelamiento de la FECI y de la Fiscalía de Derechos humanos, con la destitución del fiscal especial Juan Francisco Sandoval y la remoción de la fiscal de derechos humanos, Hilda Pineda. Esto significa que los procesos de justicia transicional, al igual que los casos de la FECI, también se encuentran en entredicho.
A decir del Martínez, para responder a esta arremetida de los grupos de poder, en contra del sistema de justicia y los derechos de las víctimas, es importante la unidad. “Por eso valoramos positivo el esfuerzo que hace la Plataforma Nacional de organizaciones de Víctimas para crear solo un frente de unidad en nombre de las víctimas y sobrevivientes”, indicó.
“Nos acusan de cualquier cosa, pero estamos en la mejor disposición, seguiremos acompañando a las víctimas”, José Suasnavar.
José Suasnavar, director de la Fundación de Antropología Forense (FAFG), relató que la COPADEH solo ha acudido con ellos porque necesitan información para informar a la Corte, por el avance de algún caso. “Con la fiscalía de derechos humanos mantenemos articulación y hemos logrado entrar con ellos a instalaciones militares como la Escuela Kaibil en Melchor de Mencos o la Marina, en Puerto Barrios, donde ya tenemos algunas identificaciones, eso para algunos no es conocido”, detalló.
El antropólogo recordó que en 2004 sufrieron amenazas de muerte directas, después fue una época de mucha desacreditación hacia ellos, a través de redes sociales, con mensajes de odio. En los últimos años fueron objeto de denuncias penales “nos acusan de cualquier cosa, por trabajar en este sector y ahora nos toca defendernos, sin embargo estamos con la mejor disposición de seguir acompañando a las víctimas, todavía tenemos mucha energía”.
“Se demostró que el ejército utilizó la violencia sexual como arma de guerra”, Jo-Marie Burt
Por su parte, Jo-Marie Burt, asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), otra de las expositoras, dijo que el informe ayuda a visualizar el contexto en el cual el proceso de justicia transicional en Guatemala, que en lo relativo a los juicios penales ha sido reconocido mundialmente, por los logros y proceso que en su criterio constituyen verdaderos parteaguas.
La académica hizo referencia al caso de Genocidio Ixil así como al caso Sepur Zarco, al caso Molina Theissen, que está bajo asedio. Es conocido que en el caso de Genocidio Maya Ixil fue la primera vez que un exjefe de Estado fue procesado por el delito de genocidio en un tribunal nacional y a pesar de que el proceso fue retrotraído y la sentencia no se concretó, otro juzgado también determinó que efectivamente el Estado cometió genocidio durante el período de Ríos Montt.
En el caso Sepur Zarco fue la primera vez que se juzgó a los responsables del delito de violencia sexual durante el CAI y, la primera vez en el mundo, que se logró que un tribunal nacional juzgara el delito de agresión sexual en un contexto de guerra. Se logró demostrar que el ejército utilizó la violencia sexual como arma de guerra, señaló Burt.
La experta anotó que el informe también ayuda a demostrar cómo el proceso de contrarreforma y restauración de la impunidad a favor de los militares, que impulsan los grupos de poder, afecta esos procesos.
Para Burt, la nueva propuesta de amnistía que fue presentada por un grupo de congresistas una semana después de las capturas de militares vinculados al caso Diario Militar, como proyecto de ley 5920, busca en esencia la extinción de toda responsabilidad penal por los delitos cometidos durante el CAI.
Agregó que en el informe hay una explicación muy detallada sobre por qué esa propuesta de ley contraviene, no solamente las leyes de Guatemala sino todos los tratados internacionales a los cuales este país está suscrito.
Jo-Marie Burt dijo que otro aspecto negativo es el contexto de retroceso en la independencia judicial y en la autonomía del Ministerio Público. Se menciona en el informe la forma en la que ha sido cooptada la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad; el retraso de más de dos años en la selección de los magistrados de la CSJ y las cortes de apelaciones, que en su criterio “es una forma clave para que el pacto de corruptos pueda controlar el poder judicial y afectar (ya afecta) los procesos de justicia transicional”.
“Ningún gobierno ha reconocido el derecho de las víctimas ni las graves violaciones cometidas por el Estado”: Miguel Itzetp
Miguel Itzep, coordinador del Movimiento Nacional Q’anil Tinamit de víctimas del CAI y coordinador de la Plataforma Nacional de las Víctimas, valoró el informe, que dijo, se convertirá en una herramienta para sus acciones, el análisis y los planes de trabajo.
Itzep se refirió al cierre de la institucionalidad de la paz por parte del gobierno de Alejandro Giammattei y del Estado en su conjunto, que con ello le dieron el tiro de gracia a los compromisos de la paz. Ellos nunca han tenido voluntad política para impulsar esos compromisos, tampoco querían conocer el derecho de las víctimas a la justicia, a la reparación, a la memoria histórica y a la no repetición, detalló.
“Si bien es cierto, se instaló el PNR y se abrieron ciertos espacios, ha sido gracias a la movilización y al lucha de las víctimas, no es voluntad política expresa de los gobernantes ni de los grupos de poder, es gracias a un esfuerzo permanente y sostenido”, aclaró el defensor.
Agregó que ningún gobierno ha reconocido el derecho de las víctimas y el reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado. Es muy claro que el traslado ahora del PNR al MIDES es para concluir con un período de cierre, porque no cuentan con presupuesto ni para este ni para el próximo año “lo que esperan es concluir el período del acuerdo gubernativo, que concluye en diciembre de 2023”.
“El nivel generacional avanza, pero ahora hay más nietos y nietas que quieren encontrar a sus familiares”: Suasnavar
A la pregunta sobre el futuro de las exhumaciones, tomando en cuenta la avanzada edad de las víctimas, José Suasnavar comentó que siempre es un reto, “desafortunadamente el nivel generacional ha ido pasando y lo triste es que la madre, la abuelita, están perdiendo la oportunidad de tener la noticia sobre el aparecimiento de su ser querido”.
Sin embargo, cada vez hay mayor involucramiento de los nietos, las nietas, personas que quieren dar ahora su muestra de ADN porque su familiar fue desaparecido. Eso no lo teníamos antes, cuando era el familiar directo, la madre, la viuda, la hija. Ahora se ve un interés de familiares más separados, nuevas generaciones que quieren participar en el proceso de búsqueda de sus seres queridos, concluyó.
Haydeé Valey, abogada especialista de Impunity Watch, que estuvo a cargo de la investigación, presentó un resumen ejecutivo del informe. En la parte concluyente, el informe menciona como obstáculos a la verdad: la posición negacionista del gobierno; la falta de voluntad política para buscar a personas desaparecidas; los pocos recursos para las exhumaciones e inhumaciones, y la falta de una política educativa sobre el conflicto armado interno.
Como obstáculos a la justicia, el estudio encontró en el período analizado: Deficiencias en el sistema de registro y control de casos; falta de debida diligencia en las investigaciones; litigio malicioso; intentos de amnistía; hostigamientos y ataques contra fiscales y jueces.
Asimismo, como obstáculos a la reparación, el documento señala la falta de voluntad política del Gobierno para resarcir a las víctimas; la creación de una institución débil para para la paz y los derechos humanos; exclusión de las víctimas y expedientes de las víctimas están en riesgo.
También el informe pudo corroborar la existencia de obstáculos a las garantías de no repetición, entre ellas, abuso de los estados de excepción y tendencia a la remilitarización.
Finalmente, en sus recomendaciones, el informe anota que en Guatemala siguen siendo necesarios programas y políticas integrales de justicia transicional que aseguren una amplia participación de las organizaciones de víctimas, particularmente de los pueblos indígenas y las mujeres, que tengan como base los Acuerdos de Paz y los estándares internacionales aplicables.
“Las víctimas, particularmente las mujeres y los pueblos indígenas, deben ocupar un papel central en la definición y. la implementación de tales programas y políticas, concluye.
