Petén: condenan a cuatro defensores de DDHH criminalizados por industrias Chiquibul

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Créditos: Luis Hub
Tiempo de lectura: 2 minutos

Por Luis Hub y Lourdes Álvarez

Cuatro defensores de derechos humanos de Santa Elena Salinas, Sayaxché, Petén, fueron condenados este lunes a cuatro años de prisión conmutables y cada uno deberá pagar Q7 mil 300, luego de ser sentenciados a 3 años por el delito de usurpación y 1 por detenciones ilegales, acusados por la empresa de palma industria Chiquibul.

La empresa de palma y el Ministerio Público (MP) acusaron a los cuatro comunitarios en un proceso que carece de sustento, según el abogado Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, quien reitera que la población de Santa Elena Salinas solo ha reaccionado ante la explotación laboral a la que eran sometidas por la empresa, además porque su comunidad está rodeada por 40 caballerías de palma africana.

“El Estado materializa que es cómplice de la trata de personas en su manifestación laboral, la poca comprensión de la jueza, la poca humanidad del MP y el descaro de industrias Chiquibul, contribuyen en la criminalización y en la falta de ejercicio de derechos de los pueblos indígenas que seguimos siendo vulnerados”, aseguró Castro.

El abogado indicó que el proceso se ha extendido y en noviembre de 2021 fue dictada la sentencia que hoy se ratificó por el Tribunal Unipersonal de Sentencia de San Benito, Petén, a pesar de que no hubo ningún medio de prueba, por esa razón aseguró que apelarán la resolución.

“Estamos ante un claro ejemplo de cómo el Estado no comprende el trabajo forzado que se ha cometido contra pueblos indígenas, de esclavitud moderna y solapa las entidades como industrias Chiquibul, vamos a seguir y a impugnar la sentencia”, anotó Castro.

Durante la sentencia de este lunes se indicó que los comunitarios tendrán la opción de optar por la suspensión condicional de la pena y pueden no pagar, pero tienen un plazo de cinco años en los que no pueden cometer otro delito, de lo contrario se podría ejecutar la mencionada sentencia.

Inicio de la criminalización

El 13 de abril, la población denunció que varios agentes de seguridad privada llegaron armados a la comunidad Santa Elena Río Salinas, para desalojar a las 200 familias que desde enero de 2020 tomaron una parte del terreno de la finca Tierra Blanca, localizada en la zona 3 de Sayaxché. Los comunitarios dijeron estar conscientes de que la tierra es propiedad de Chiquibul, pero que decidieron permanecer en ese lugar porque la mayoría ha trabajado en los campos de palma de aceite para la empresa y no recibieron el salario mínimo o las prestaciones laborales que garantiza la ley.

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Autoría y edición

Luis Hub

Periodista y comunicadora para organizaciones sociales, de pueblos indígenas y de organismos internacionales; estudios concluidos en sociología, asistente de investigación social para peritajes judiciales con enfoque histórico y antropológico.

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