Créditos: AFP.
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El deterioro de la institucionalidad democrática en Guatemala responde a la protección y fortalecimiento de las redes de corrupción, explotación y despojo que favorecen los intereses gremiales y personales de una reducida clase política, económica y militar en el país, revirtiendo las investigaciones penales en su contra y restaurando un orden autoritario de impunidad. Organizaciones y colectivos sociales, así como ciudadanas y ciudadanos, hemos salido reiteradamente a las calles –haciendo uso legítimo de nuestros derechos constitucionales–, para evidenciar el descontento, indignación y rechazo a las políticas, decisiones y comportamientos de esta alianza de impunidad entre funcionarios públicos y otros actores.

La respuesta estatal a la movilización y a las voces ciudadanas ha consistido en una serie de mecanismos que restringen la participación y el espacio cívico: acoso en redes sociales y medios de comunicación afines al gobierno, artilugios legales que amenazan cualquier tipo de oposición y organización política, legislación a favor de la impunidad y el autoritarismo, persecución de operadores de justicia y periodistas independientes, y la criminalización de ciudadanas y activistas políticos y sociales, principalmente jóvenes, mujeres e indígenas.

El miércoles 24 de noviembre de 2021, se allanaron los domicilios y se giraron órdenes de aprehensión en contra de Nanci Chiriz Sinto, Juan Francisco Monroy y Dulce María Archila, quienes han sido críticos del gobierno actual y han evidenciado las injusticias instaladas en el país. Los procesos penales iniciados contra Nanci, Juan Francisco y Dulce María demuestran que el gobierno de Alejandro Giammattei y el Ministerio Público, encabezado por Consuelo Porras, están actuando sistemáticamente para intimidar y silenciar las voces que exigen un Estado que esté al servicio de la gente y sus problemáticas.

Vemos con mucha preocupación e indignación la persecución política y los ataques que pretenden callarnos en nuestro derecho de exigir un país justo para todas y todos. Expresamos nuestra solidaridad con Nanci, Juan Francisco y Dulce María, así como con todas y todos los presos políticos en Guatemala. Oponernos a la injusticia y a la impunidad no es un delito. ¡No nos callarán!

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