Tras la clausura del hospital privado El Rosario, el jefe de Área de Salud y el director administrativo del Hospital Temporal de COVID-19 en Quetzaltenango fueron removidos de sus puestos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social también investiga a laboratorios que entregan análisis favorables para que las personas obtengan su tarjeta de salud o de pulmones.
Por Rosa Ola
«Las condiciones del lugar eran malas, los baños parecían letrinas y algunas de las dosis de medicamentos para los pacientes, no se daban completas. Eso me ponía mal, porque no va con mi ética y el trabajo que he realizado», así comenzó su relató un trabajador del hospital El Rosario, que se ubica en la 7a calle entre 13 y 14 avenida de la zona 3 de Quetzaltenango y que se sumó a una serie de denuncias de usuarios, que alertaron sobre anomalías en atención a pacientes con COVID-19 y el uso de medicamentos exclusivos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en un hospital privado.
Las denuncias de usuarios del centro El Pilar indican que, al llevar a una persona positiva a COVID-19, les solicitaban un pago inicial de Q30 mil quetzales, luego aumentaba la cuenta por servicios hospitalarios. Una de las afectadas que quiso mantenerse en el anonimato, dijo que pagó hasta Q300 mil quetzales por la atención a su hija, quien después fue trasladada al Hospital Temporal para pacientes COVID-19 instalado en el Centro de Ferias y Mercadeo de Quetzaltenango (CEFEMERQ) cuando ya no pudieron hacer nada por ella en el centro privado.
En su relato, el trabajador del hospital El Rosario también señaló las anomalías y dijo que desconocía las razones concretas del por qué los médicos ordenaron una dosis inferior a la que requieren los pacientes con COVID-19, pero supone que es para que el medicamento alcance para otros pacientes, pero a todas las personas les cobran por el servicio completo.
Mayra López, otra persona que requirió de atención para su hija, que tenía baja saturación tras ser diagnosticada con COVID-19, dijo que fue difícil lograr que ingresara al hospital temporal y fue hasta que contactó a alguien del personal del hospital privado que pudo entrar. López menciona que es más sencillo ingresar al hospital estatal, si es referida de un privado, «a mí me dijeron que solo el director podía autorizar quién entraba o no al hospital».
Consultado al respecto, el asesor médico del Hospital Temporal, Helmuth Esteves, aseveró que no hay tratos diferenciados, pero que se debe llevar un orden al ingresar, por eso debe pasar por su aprobación cada ingreso que llegue, porque en algunas ocasiones no hay espacio.
Muertes en hospital privado
El Comité Distrital de Análisis de Muerte Materna, una institución del Estado que incluye a representantes de los distritos de salud y también otras entidades de sociedad civil, informó sobre una muerte materna en el hospital privado El Rosario, por lo tanto, el Centro de Atención Permanente (CAP), realizó una inspección. El jefe del CAP Salvador Soto, mencionó que el 26 de agosto se presentaron al lugar y al verificar, encontraron condiciones insalubres y poco idóneas para atender a la población, por lo tanto, trasladaron un informe al Área de Salud de Quetzaltenango.
Otras inconformidades las plantearon vecinos del sector, quienes presentaron una queja al Centro de Atención Permanente.
Jorge León, vecino de esa localidad y indicó que en un principio desconocían qué iba a funcionar en el inmueble, pero luego se percataron que era un hospital por el equipo que ingresaban, además llegó el camión para abastecer de oxígeno al centro. Uno de los aspectos que vieron negativo fueron que los desechos los dejaban a la intemperie y representaba riesgo para el sector, por la atención que tenían a pacientes de COVID-19.
En junio de este año, Prensa Comunitaria alertó sobre el uso de medicamentos de uso exclusivo del MSPAS y del IGSS para atención a pacientes positivos a COVID-19.
Denuncian uso de medicamentos del MSPAS e IGSS en hospital privado de Quetzaltenango
Ante las denuncias, el director del Hospital Regional de Occidente (HRO), Geovanni Ortega, dijo que verificaron las fotografías y que no tienen relación con ningún lote de medicamentos destinados para estos hospitales de la red pública.
A pesar de esto, hay una denuncia penal del HRO en contra de dos trabajadores del hospital temporal, a quienes los sorprendieron a través de cámaras de videovigilancia, sustrayendo medicamentos de uso para pacientes positivos de COVID-19. Hasta el momento, el IGSS no se ha pronunciado sobre el tema.
Red de parientes y funcionarios en El Pilar
El 17 de septiembre el Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud (Draces) del MSPAS, clausuró el centro hospitalario El Pilar por no contar con licencia sanitaria para operar de forma legal. Todas las personas que requirieron de sus servicios, pagaron por ellos y muchos murieron, lo hicieron sin esa garantía.
El departamento de comunicación social del MSPAS informó que «la medida se tomó porque no reunía las condicione seguras para la atención de pacientes con COVID-19, además no contaba con licencia sanitaria. Durante la inspección se constató que las habitaciones tienen moho y en la rampa cuando barrían, el polvo subía hasta las habitaciones del intensivo».
Ese centro asistencial fue presentado con algarabía como el primero en la red privada para dar atención exclusivamente a personas positivas de COVID-19 en el occidente del país. Alex Loarca, médico intensivista en El Rosario, pero también director administrativo en el Hospital Temporal de Quetzaltenango y además yerno del director de Área de Salud, Juan Nájera, publicó en su cuenta de la red social Facebook varias fotografías, donde se destacaba “al mejor equipo material y humano”, en un post con 850 reacciones y 96 comentarios que después borró, pero Prensa Comunitaria publicó en junio.
Para abrir un hospital fuera de la capital, los reglamentos de Draces piden un certificado de habitabilidad, extendido por el jefe del Área de Salud. Nájera emitió este documento y dijo que cumplía con las condiciones para su funcionamiento, de acuerdo con las Normas Técnicas y leyes sanitarias vigentes.
En el informe también indicó el jefe de área que se contaba con el espacio necesario para el desarrollo de las actividades que se realizan en el hospital y con sala de espera para familiares de los pacientes.
Vecinos del sector mostraron imágenes en las que se observa que las personas esperaban en la calle a sus familiares y era constante esta práctica.
El documento de Nájera también refería que se contaba con un espacio específico para la disposición transitoria de los desechos comunes y alejados del establecimiento, pero la población vecina indicó que solo cruzaban la calle para dejar las bolsas en un arriate que se encuentra en el sector.
Cuestionan parentesco
El diputado de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO), Cristian Álvarez, realizó una inspección en el hospital El Rosario y ahí confirmó que la representante legal es Claudia Paola González Mendoza y que Loarca trabajaba en ese lugar. El congresista llegó a una reunión con el director de Área de Salud y reclamó que diera favorable el informe de habitabilidad, lo cual solo demostraba que estaba beneficiando a su yerno.
Anabella de León, representante de Draces para el distrito de Quetzaltenango, indicó que se investigan anomalías en la documentación que se presentó en el certificado de habitabilidad. Se utilizaron diferentes formularios a los que están reglamentados y por lo tanto se verificará la legalidad de los mismos.
Loarca reaccionó a estas acusaciones diciendo lo mismo que dijo a Prensa Comunitaria en junio, que él labora en distintos centros privados y que la población tiene derecho a pagar por el servicio. Aseguró que el hospital El Rosario fue la idea de una empresaria que quería presentar una nueva opción a la población para tratar la COVID-19 y varios médicos fueron llamados para brindar esta atención. «Esta es una falta administrativa, entiendo que ese hospital tenía licencias ambientales y registros. No estaba enterado si tenía licencia sanitaria, no es parte de mi responsabilidad saber si tienen o no, o si están vencidas, muchas veces pasa eso. No es un delito penal», dijo.
Al ser cuestionado sobre las condiciones físicas del centro asistencial, respondió que su trabajo es como intensivista y al llegar a trabajar había sistema de presión negativa, ventiladores, monitores, sistema de oxígeno y personal para atender a los pacientes. Aseguró que algunas partes estaban pendientes de construcción, pero desconocía las causas.
Nájera realizó una conferencia de prensa el 27 de septiembre y descargó toda la responsabilidad de la autorización para operar en Draces, dijo que él no tenía la competencia para clausurar o para dejar que operara, pero tampoco desmintió que haya favorecido con el informe de habitabilidad.
Salud los remueve del cargo, pero podrían volver
Tras las acusaciones en contra de ambos médicos el Ministerio de Salud tomó la decisión de removerlos de sus cargos, tanto a Nájera como jefe de Área, como a Loarca, como director administrativo del Hospital Temporal.
Las autoridades de salud dijeron que esta acción se tomó para no interferir en las investigaciones, bajo ningún sesgo. Si se determina que no tuvieron ninguna implicación al culminar la investigación, podrían volver a sus cargos, si ellos lo desean y ven oportuno, informó comunicación social del MSPAS.
El Hospital Temporal de atención a pacientes con COVID-19 en Quetzaltenango empezó a funcionar el 2 de abril del año pasado, la unidad ejecutora es el Hospital Regional de Occidente, por lo que designaron a Alex Loarca como director administrativo. El médico tiene una plaza 011 en el HRO de medicina interna 2, pero ante la necesidad, fue trasladado al temporal, ya que tiene experiencia en intensivos.
El director del HRO, Geovanni Ortega mencionó que la decisión fue tomada por el Ministerio con el fin de realizar la investigación y que sea imparcial, así determinar las acciones que se tomen de acuerdo a los hallazgos, mientras tanto es un procedimiento interno, no hay investigaciones penales.
El negocio de la salud
El jefe del CAP en Xela, Salvador Soto, fue quien presentó una de las primeras denuncias en contra del hospital El Rosario, lo cual desató que el director de Área de Salud lo denunciara ante el Ministerio Público (MP) en su contra.
En su conferencia de prensa, Nájera mencionó que por una publicación en medios de comunicación de la capital, se tuvo información que Soto podría ser el dueño de un laboratorio médico que realiza los exámenes para emitir las tarjetas de salud. La denuncia fue planteada a inicios de septiembre.
Nájera se contradice porque ignoró las denuncias que también fueron presentadas en medios de comunicación sobre el posible uso de medicamentos estatales en el hospital El Rosario, pero sí accionó en denunciar a Soto.
El jefe del CAP mencionó que espera alguna citación o información del MP, pero hasta ahora no ha tenido alguna notificación.
El MSPAS también realiza investigaciones sobre los laboratorios que funcionan en Quetzaltenango y en donde emiten resultados favorables para que las personas obtengan su tarjeta de salud o de pulmones, los cuales se entregan en el Hospital Rodolfo Robles. El pasado 8 de octubre, la Draces realizó la clausura del laboratorio Diagnocentro, se encuentra a 300 metros de ese centro asistencial.
El reporte menciona que el laboratorio no cumplía con las condiciones necesarias para su funcionamiento, tienen licencia sanitaria vigente, pero no cumplía con mantener las condiciones de habitabilidad. Prestaba el servicio de rayos X, pero no presentaron las licencias correspondientes. A pesar del cierre, el personal cubrió las notificaciones con bolsas plásticas y siguen operando a puerta cerrada.
