Créditos: Héctor Silva
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Por Héctor Silva Ávalos

El Estado de Derecho y el debido proceso están muertos en Guatemala, Honduras y El Salvador. Responsables de ello son, en buena medida, los fiscales generales de los tres países.

No es algo en lo que Guatemala tenga exclusividad. El uso de los ministerios públicos y de las fiscalías estatales para criminalizar a opositores y para proteger a los criminales que se visten de políticos y funcionarios no es algo a lo que solo se dedique Consuelo Porras; también lo hacen el fiscal general Óscar Chinchilla en Honduras y Rodolfo Delgado en El Salvador.

Baste un vistazo a las últimas acciones de estos fiscales generales y la forma en que fueron elegidos, para ilustrar el punto.

  • Consuelo Porras. Elegida por el expresidente Jimmy Morales en un proceso cuestionado por abogados guatemaltecos, la fiscal general se ha encargado de enterrar todas las posibilidades de investigaciones independientes en el Ministerio Público. No solo inutilizó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) al destituir e iniciar acciones penales contra Juan Francisco Sandoval, el fiscal que más de cerca trabajó en investigar la corrupción de Morales y del actual presidente, Alejandro Giammattei. 

Al frente de la FECI, Porras puso al fiscal Rafael Curruchiche, en cuya hoja de vida se puede incluir que malogró una investigación por financiamiento electoral ilícito abierta contra Morales y su partido y, más recientemente, que dirigió las capturas ilegales de Juan Francisco Solórzano Foppa y Aníbal Argüello, dos investigadores que habían estado involucrados en pesquisas al poder político y económico guatemalteco en los años de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Porras también desmanteló la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, cuyo trabajo fue fundamental para perseguir a los responsables de genocidio contra el pueblo Ixil y otros crímenes perpetrados por militares durante el conflicto armado interno en Guatemala.

Una de las principales razones por que Porras se deshizo de Sandoval fue parar la investigación de FECI en torno a posibles sobornos entregados por empresas mineras rusas a Giammattei y su entorno. Sandoval ha dicho que los indicios apuntaban directamente al presidente. Luego de la denuncia del exfiscal, el gobierno guatemalteco se vio presionado para desistir de dar un contrato que permitiría a una empresa rusa el manejo sin restricciones y a precios por debajo de mercado de amplios predios en el puerto Santo Tomás de Catilla, por donde las empresas CGN y Pronico sacan el níquel y otros minerales que extraen de su mina en El Estor, Izabal.

Hoy, el MP de Porras está embarcado en la criminalización de líderes Q’eqchi’ que resisten contra el proyecto minero de El Estor y contra los periodistas de Prensa Comunitaria que han cubierto esa resistencia. La persecución a la prensa es generalizada y en estos momentos incluye a elPeriódico y al periodista Juan Luis Font.

En el caso de los reporteros de Prensa Comunitaria que viven en El Estor, sus casas han sido allanadas y violentadas por el Estado guatemalteco. A Juan Bautista Xol, agentes del MP, acompañados por policías y soldados, lo retuvieron dos horas incomunicado. Sabemos también que, durante esa retención y el allanamiento de su casa, el 25 de octubre pasado, agentes de la fuerza pública violentaron a miembros de la familia de Xol.

  • Óscar Chinchilla. Es el guardián del presidente Juan Orlando Hernández (JOH) en Honduras. El jueves 4 de octubre, sus fiscales y la policía hernandista detuvieron en el aeropuerto de Tegucigalpa a Santos Orellana, un capitán del ejército que, entre 2012 y 2014, formó parte de una fuerza de tarea asesorada por oficiales estadounidenses que investigaba el narcotráfico en el corredor norte del país, que une el Caribe y Nicaragua con el occidente, fronterizo con Guatemala, por donde sale la cocaína hacia el norte.

Chinchilla acusa a Orellana de lavado de dinero basado, según un comunicado del Ministerio Público, en un análisis financiero de las cuentas bancarias de su esposa y suegra, y en un testigo que lo acusa de asesinatos y de robarse droga a principios de la década pasada. La captura ocurre luego de varias denuncias públicas que Orellana hizo sobre las actividades de narcotráfico de Tony Hernández, el hermano del presidente, y de otras hechas en privado sobre la posible participación de mandos militares actuales en el tráfico de droga.

¿Por qué la captura ocurre ahora, a pocas semanas de las elecciones generales? Posibles respuestas: Juan Orlando Hernández, cercado por una investigación del Departamento de Justicia por narcotráfico, necesita a gritos cortinas de humo, o que, de acuerdo con diplomáticos consultados en Tegucigalpa, fiscales estadounidenses han estado hablando con exoficiales hondureños, como Orellana, en el marco de esa investigación.

Chinchilla es el mismo fiscal que enterró todos los casos de corrupción investigados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), a la que Juan Orlando Hernández echó de su país cuando los vientos de la investigación le soplaron demasiado cerca.

Mauricio Oliva, presidente del Congreso hondureño y ex precandidato presidencial, fue uno de los diputados más importantes para garantizar la reelección de Chinchilla como fiscal general en 2018. A cambio, las investigaciones de MACCIH que señalaban a Oliva por vínculos con la banda de narcotraficantes Los Cachiros y con apropiación indebida de fondos públicos quedaron enterradas.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que es la fuerza especial de investigación de la fiscalía hondureña, ha servido al régimen de Hernández para perseguir opositores o para desviar investigaciones sobre narcotráfico. En 2018, la ATIC se vio involucrada en el caso de Sherill Yubissa Hernández Mancía, una de sus investigadoras, cuyo cadáver fue encontrado en su departamento de Santa Rosa de Copán. La ATIC y Chinchilla defendieron que se trató de un suicidio, pero investigaciones forenses apuntan a que la mujer fue asesinada mientras investigaba a narcos y pandilleros vinculados con el gobierno.

  • Rodolfo Delgado. A este abogado salvadoreño lo impusieron como fiscal general, en forma ilegal, diputados de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele. Cuando Delgado llegó a la Fiscalía General salvadoreña, había ahí varios expedientes criminales en los que aparecían los nombres de Bukele y de al menos una docena de sus funcionarios. 

El antecesor de Delgado había comenzado a investigar malos manejos de, entre otros, los ministros de salud y hacienda con dineros destinados a enfrentar la pandemia de Covid-19 en El Salvador.

También había un expediente abierto que implicaba a Osiris Luna, el director de prisiones de Bukele, en el pacto que el presidente mantiene con las pandillas MS13 y Barrio 18, responsables de la mayoría de los homicidios y desapariciones en El Salvador.

Y había, además, una investigación a Alba Petróleos, un entramado empresarial financiado con dinero desviado de la estatal petrolera venezolana PDVSA. Parte del dinero de PDVSA fue a parar a bolsillos de políticos salvadoreños, entre ellos el mismo Bukele, quien recibió US$1.9 millones de Alba Petróleos. Delgado nunca va a investigar eso. No es solo que el tema perjudica a Bukele, es que él mismo fue empleado de Alba Petróleos.

Las acciones de Delgado se han centrado en perseguir penalmente a exfuncionarios de partidos que hoy se oponen a Bukele.

Quien busque garantías procesales en casos que implican a opositores de los gobiernos del norte centroamericano y sus socios o quien busque fiscalías capaces de hacer que quienes controlan el poder político en Centroamérica rindan cuentas encontrarán, aquí, un desierto.

No hay eufemismos posibles: en Guatemala, El Salvador y Honduras los fiscales generales están al servicio de redes criminales.

Autoría y edición

Periodista salvadoreño. Fue editor en español e investigador senior de la Fundación InSight Crime. Estudió periodismo en la Universidad Centroamericana de San Salvador y en la Universidad de Barcelona. Trabajó como reportero y editor en La Prensa Gráfica de El Salvador durante 15 años. Fue diplomático en Washington y fellow en el Centro de Estudios Latinoamericanos de American University. En 2014 escribió Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC de El Salvador (1993-2013) y fundó Revista Factum. Ha colaborado con varios medios centroamericanos, con El País de España y The New York Times entre otros

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