La voracidad y salvajismo del capitalismo en El Estor, Izabal

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Créditos: Luis Juárez
Tiempo de lectura: 4 minutos

Por Luis Juárez

¿Qué quería el pueblo Q´eqchi´ en Estor, Izabal? Defender su soberanía y su territorio ante la amenaza minera rusa que operaba ilegalmente en su territorio sin permiso, según resolución de la CC. Poniendo en peligro la destrucción de la biodiversidad en los alrededores del lago de Izabal y la vida social, cultural y económica de sus habitantes.

La resistencia pacífica Q´eqchi´, que duró más de 20 días, exigía el cumplimiento de su derecho de ser consultados sobre la implementación de actividades económicas comerciales de gran envergadura de la minera que afecta su sistema de vida comunitaria.

Según las leyes nacionales e internacionales, cualquier actividad económica comercial en el territorio de las comunidades indígenas debe ser previamente informada, consensuada y consultada.

Para silenciar las voces alzadas de la resistencia pacífica, conformado por niños, jóvenes, mujeres, adultos y personas de la tercera edad, fueron atacadas sistemáticamente por las fuerzas represoras del Estado al mando de Giammattei como en tiempos del conflicto armado interno, que ejercían su derecho soberano de autodeterminación, organización y manifestación pacífica en contra de las políticas extractivitas impuestas por el sistema neoliberal capitalista.

Por un momento volvió a mi mente los mismos horrores vividos en los tiempos oscuros y sangrientos de la guerra sucia fratricida que dejó a miles de víctimas inocente, que fueron reprimidas y exterminadas con el uso de las fuerzas oscuras y represivas del Estado en nombre de la soberanía y de la injerencia extranjera comunista.

Después de disolver la resistencia pacífica del pueblo Q´eqchi´ bajo amenazas, encarcelamiento, destierro, intimidación, allanamiento y persecución selectiva de los líderes, utilizando el derecho penal guatemalteco para acusar y criminalizar a los pueblos originarios en resistencia, Giammattei en Consejo de Ministros decretó estado de sitio, para militarizar por 30 días su territorio a favor de la empresa minera para que pueda seguir funcionando con absoluta libertad y soberanía bajo el control social del Estado sobre los comunitarios en resistencia.

Con lo sucedido, no queda ninguna duda que ni Giammattei ni cualquier presidente derechista de turno gobierna el país. Son cómplices y títeres de las empresas multinacionales con capital financiero mundial, que son las que verdaderamente gobiernan detrás del trono presidencial, con absoluta brutalidad, voracidad y salvajismo en complicidad con los buitres filiales locales, que se dedican a saquear los bienes de la nación, pisoteando la verdadera soberanía de los pueblos.

No hay que dejarse engañar cuando el gobierno y el pacto de corruptos hablan de la defensa de la soberanía. Lo que hizo Giammattei y su compañía en el caso de El Estor, fue la defensa de la soberanía económica de la empresa minera rusa multinacional, socavando no solo el paupérrimo Estado “democrático”, sino la verdadera soberanía de los pueblos, es de la que nadie habla, de la soberanía por la que los gobiernos de turno tiemblan, les da miedo y pánico.

Para estos esbirros sociales de doble cara, la soberanía que dicen defender en sus discursos políticos ideológicos no existe, es una farsa. En lo económico, la plata se defiende primero y la soberanía vale un pepino. A más plata menos soberanía. En términos monetarios, las empresas multimillonarias extranjeras no representan ninguna injerencia, amenaza y peligro a la soberanía, ni porque asesinen a gente inocente, encarcelen a defensores de los derechos humanos, quemen el hogar a miles de familias humildes y maten la biodiversidad. Los gobiernos y el Estado han sido cooptados y absorbido por el poder económico de las empresas transnacionales, vulnerando la verdadera soberanía de los pueblos.

En este país de la eterna contradicción, tienen más derechos los extranjeros que los propios guatemaltecos. Aunque digan lo contario. Tenemos la maldición de Malinche. Tenemos un presidente en el palacio nacional italiano. Cualquier extranjero puede opinar y venir al país a invertir, ampliar su mercado creando un contexto de impunidad para reducir el costo de sus inversiones. Quedó claro que, en lo económico en la casa presidencial, no hay intereses de país que defender, solo hay intereses corporativos multinacionales corruptos con sus filiales locales parásitos que prostituyen con plusvalía la soberanía que supuestamente dicen defender.

A nivel económico no hay injerencia extranjera a la soberanía, pero a nivel de la diplomacia política de los esbirros sociales, si lo hay. Cualquier extranjero que hable de violaciones a los derechos humanos causados por el gobierno y las empresas mineras transnacionales, cualquier diplomático que denuncie la corrupción en el gobierno, los estados de sitio, la pobreza inimaginable alcanzado en este gobierno, la criminalización de los movimientos sociales como política de Estado, la corrupción en las donaciones extranjeras y de los préstamos a nombre de la COVID-19, es considerado una injerencia extranjera en los asuntos internos de Estado y representa una amenaza y un peligro a la soberanía del país. Con ello, se demuestra que el pacto de corruptos de doble cara y moralidad le miente al pueblo de Guatemala, que defiende la soberanía nacional.

Como lo asegura la juez Claudia Escobar en el diario La Hora, bajo el pretexto de la soberanía y del nacionalismo algunos gobernantes cometen las más grandes atrocidades. Hitler se escudó en el nacionalismo para ejecutar a millones de judíos. Otros países expulsan a funcionarios y delegaciones de derechos humanos, para ocultar los crímenes que cometen contra su población.

Efectivamente, estoy de acuerdo con el planteamiento de Escobar. Pero en nuestro caso, la soberanía del Estado en la práctica se refleja en la represión, persecución, crímenes de lesa humanidad, asesinatos selectivos, encarcelamiento, destierro, estigmatización, persecución selectiva, criminalización de los pueblos originarios mediante el ejercicio de los poderes facticos y criminales del legislativo, ejecutivo y judicial. Falta la la verdadera soberanía construida desde los pueblos.

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