Por Juan Calles
La diputada del Movimiento de Liberación de los Pueblos, (MLP), Vicenta Jerónimo Jiménez, señaló a las autoridades de defender a una empresa minera extranjera contra los intereses de la población maya Q’eqchi’ que pide ser representada en la preconsulta y consulta, “el proceso que usted dice que ya está finalizado es un proceso fallido porque no es de buena fe”, dijo la congresista.
En la citación estuvieron presentes el viceministro del desarrollo sostenible del Ministerio de Energía y Minas, (MEM), Oscar Rafael Pérez Ramírez, Axel David Colindres Mayorga, viceministro de la Marina del Ministerio de la Defensa Nacional, y el 3er. viceministro de Prevención del Delito, Carlos García Rubio. Ante las preguntas de la diputada Jerónimo Jiménez, afirmaron no conocer sobre los hechos de represión en contra la población de El Estor.
Por su parte, el viceministro Pérez, informó que el proceso de preconsulta ha finalizado dos momentos diferentes, nos basamos en las pautas que dio la Corte de Constitucionalidad CC, representantes que estén en el área de influencia del proyecto minero, después se va a consultar a las 53 comunidades, para él los representantes han dicho que están de acuerdo.
Pérez Ramírez es quién realizó a contra carrera el proceso de preconsulta, a pesar de la problemática social provocada por la minera en el municipio caribeño de Izabal. Estos son los argumentos que el viceministro repite a cada lugar al que va:
- “La Corte de Constitucionalidad, (CC), estableció que debe haber dos representantes y dos suplentes, el Convenio 169 en su artículo 6 indica que los gobiernos deben hacer las consultas a las instituciones representativas de los pueblos indígenas.
- En el caso del pueblo Maya Q’eqchi’ le consultamos al representante de los pueblo maya Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CENAUR) y nos respondieron que las instituciones representativas eran los consejos de comunidades Maya Q’eqchi’ de El Estor y de Panzós.
- Las 44 comunidades pertenecen a El Estor y 9 al municipio de Panzós. También recibimos solicitudes de 80 representantes y de la Gremial de Pescadores Artesanales, Pero nuestro análisis nos dio como resultado que la CC no los tomó en cuenta como representantes por eso no se autorizó su participación.
- Otras comunidades se encuentran fuera del área de influencia y otras comunidades no registradas por la municipalidad de El Estor que pueden ser invasiones”.
- La planta minera sigue operando, a pesar de la resolución del tribunal constitucional, “no prohíbe el derecho de procesamiento, que nunca lo otorgó el MEM por lo tanto no le correspondería suspenderlo. Lo que se suspende es el derecho minero que se dio en algún momento. Y la planta de producción no se encuentra dentro del nuevo polígono minero”.
Para el abogado Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, lo realizado por el MEM, no está contenido en el Convenio 169 de la OIT, no existe preconsulta. El viceministro entonces, se ha dedicado a justificar pasos administrativos para otorgar la licencia minera Fénix a la empresa. Para lograrlo cometen todo tipo de abusos y agravios en contra de la normativa nacional, los derechos de las personas representadas por los cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ y el mismo Convenio 169.
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Para el Gobierno no hubo represión en El Estor
Frente a las interrogantes de la diputada de MLP, sobre el fuerte contingente policial desplegado a ese municipio desde la semana del 18 de octubre, el estado de sitio y los hechos represivos del 22 y 23 de ese mismo mes, respondieron:
García Rubio, viceministro de prevención del delito aseguró que los agentes de Policía Nacional Civil, (PNC), además de allanamientos, realizan actividades lúdicas con niños y mujeres para prevenir futuros delitos, aseguró además que no tiene conocimiento de hechos violentos represivos contra periodistas o población civil.
Rubio dijo desconocer sobre lo que sucede en El Estor desde 2017 y que se dedican a proteger a la población. Mostró un dosier en el que llevaba un informe sobre el estado de sitio en el municipio. Sin embargo, la diputada Jerónimo insistió que el interés de la población es saber sobre la presencia policial, que sobrepasó el millar de agentes y que incluyó fuerza antimotines, fuerzas especiales, decenas de radio patrullas de 6 departamentos del país, antimotines del ejército, fuerza naval y tropa armada. Operativo con el que los ministerios de Gobernación y Defensa, permitió el ingreso de un convoy de plataformas cargadas con carbón para la empresa minera Solway (Suiza-rusa) y Compañía Guatemalteca de Níquel CGN y no de acciones publicitarias de la PNC.
En una solicitud de información pública, el Ministerio de Gobernación, afirmó que la información de ese operativo está clasificada como de seguridad nacional. Operativo que Rubio dijo desconocer que haya ocurrido.
Un representante del pueblo maya Q’eqchi’ que no está de acuerdo con el proyecto minero se dirigió a los delegados gubernamentales, exigiéndoles que aceptaran la representación de la Gremial de Pescadores Artesanales quienes son amparistas contra el proyecto minero. La Gremial forma parte de los cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ que reclaman participar en el proceso previo a la consulta.
Para el asesor de la bancada del MLP, el abogado Gustavo Maldonado, el proceso de preconsulta es fallido pues uno de los preceptos de la consulta es el consenso, y si una sola persona está en desacuerdo no existe el consenso, “Ustedes excluyeron a más de 90 comunidades de la región, a los amparistas y le dan participación a representantes presentaron un amicus curiae a favor de la mina, ustedes lo que están haciendo es defender a la mina no buscando un consenso”, señaló Maldonado.
Al finalizar la reunión la diputada Jerónimo Jiménez exigió a los representantes gubernamentales actuar con conciencia social, “a favor de los guatemaltecos que pagan su salario y no a favor de empresas extranjeras que saquean nuestros recursos”.
