Créditos: Víctimas Creompaz
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En la base militar del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (Creompaz), conocida anteriormente como la zona militar 21, en Cobán, Alta Verapaz, se realizó el hallazgo más grande de desaparición forzada en América Latina: 558 víctimas fueron encontradas en ese centro de detención y ejecución clandestino durante el Conflicto Armado Interno, entre 1982 a 1988.

 

Por Lourdes Álvarez

Desde 2012, el proceso de autorización de investigación, excavación de las fosas clandestinas donde estaban las víctimas, la identificación de sus restos, la reconstrucción de los hechos, juicio y castigo para los responsables ha sido tormentoso y poco efectivo para familiares, testigos y sobrevivientes.

Luego de cinco años de haber iniciado el proceso judicial para esclarecer esos crímenes, el pasado 4 de noviembre se tenía planificada una vista pública que nuevamente fue suspendida, dejando a las víctimas y familiares sin una fecha concreta para retomar el proceso.

El abogado Francisco Vivar, del Centro de Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH) y del grupo de querellantes del caso Creompaz, informó que se suspendió el mismo día que ellos presentaron una solicitud para que se garantizara que se realizaría en la fecha estipulada.

Los abogados también solicitaron que existieran condiciones para que las familias de víctimas pudieran estar presentes en la vista pública.

“Ese mismo día nos informan que sería suspendida porque había otra acción de amparo que esta tramitándose y que ese expediente no ha regresado a la Corte Suprema de Justicia”, indicó Vivar.

Esta situación dificulta el acceso a justicia para las víctimas, porque desde la fecha en que sucedieron los hechos, hace más de 40 años, se han judicializado los procesos y desde hace más de 5 años también se les revictimiza a las familias, en opinión del abogado.

Vivar dijo que no se ha pasado a la etapa de ofrecimiento de pruebas, pero se han presentado acciones tanto por querellantes, la defensa o por el MP.

“El sistema judicial ha retardado los plazos establecidos en la ley, entendemos que por carga laboral pero muchas veces no es justificable, todo esto en detrimento de testigos y víctimas, pues algunos ya han fallecido”, añadió Vivar.

La situación también genera impotencia en los abogados, según Vivar “las víctimas siempre han luchado por la justicia, sin embargo, les frustra no avanzar en el proceso y a veces explicar la situación legal es complejo, porque son cuestiones técnicas, pero se comprende, porque ellos lo que quieren es que sus muertos y desaparecidos tengan un responsable de los hechos atroces que se cometieron”.

La reiterada violación a los derechos humanos de las víctimas, contradice lo que mandata la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que este tipo de procesos deben ser juzgados en un plazo razonable y quitarse todo obstáculo de hecho y de derecho, para que no se violente el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, explicó Vivar.

“Pero es el Estado el que ha caído en este tipo de violación a derechos. Las víctimas están siendo revictimizadas, porque están ante el dolor de no tener a sus parientes debidamente juzgados y siguen tortuoso camino de acceso a la justicia. El retraso representa una negación a la justicia, algo que es grave”, puntualizó.

Entre las organizaciones que se han querellado a este caso se encuentran la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achi. (ADIVIMA), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Famdegua) y las víctimas de la masacre de Chocoyogüito.

Impunidad que prevalece

Para Manuel Farfán de Famdegua, las víctimas y familiares sobrevivientes se encuentran con mucha preocupación ante el rumbo que siguen las audiencias que se aplazan, porque consideran que existe impunidad  para  el avance y poder así alcanzar la justicia.

“Han fallecido familiares sobrevivientes y testigos del caso, esto preocupa a los familiares, porque no hay voluntad política de la Corte de Constitucionalidad y de la misma Corte Suprema de Justica para continuar aplazando el desarrollo del proceso”, expresó.

Sobre la razón de fondo de los constantes retrasos en los procesos de audiencias, Farfán considera que es “el mantenimiento de la impunidad a los responsables de estos hechos, el garantizarles el desarrollo del litigio malicioso, demostrando que los órganos que tienen que velar por realizar un proceso justo e independiente, realizan procesos dilatorios para que las víctimas, sobrevivientes y familiares no tengan acceso a la justicia”.

A criterio de Farfán, estas acciones ponen en riesgo una resolución del caso a favor de las víctimas “demostrando descaradamente que existe un litigio malicioso que entorpece la justicia, y que beneficia a militares responsables de estos hechos”.

Pese a todo se mantienen firmes y conservan la esperanza. “Se esperaría que el próximo año se pueda avanzar y poder liberar el caso de tantos amparos presentados, pero esto no sucederá si la Corte de Constitucionalidad y la misma Corte Suprema de Justicia puedan reconocer a las víctimas, sobrevivientes del caso, para que puedan acceder a la justicia”.

Según se tiene previsto por parte de querellantes y abogados de víctimas, durante estos meses de fin de año es poco probable que se logre reprogramar la audiencia debido a que muchos jueces toman períodos de vacaciones. La justicia nuevamente impondrá una larga espera a quienes por tantos años la han buscado.

Hallazgo macabro

Luego de un proceso que se inició a partir de testimonios de otra masacre denominada Plan de Sánchez, en Rabinal, Baja Verapaz, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) inició la tarea de excavación y reconstrucción de la historia de las víctimas del caso conocido como Creompaz, en la antigua zona militar 21 de Cobán.

Dentro de las instalaciones de antigua base militar fueron encontradas, en fosas clandestinas, 558 osamentas, Para el 2016 la exfiscal del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, informaba que se había logrado establecer que 90 de ellas, correspondían a menores de edad y 443 a personas adultas, pero estaban pendientes de definir si eran hombres o mujeres, mientras 22 estaban sin identificar.

Cortesía

El proceso para poder identificar a las víctimas es titánico, pero gracias a análisis científicos rigurosos, la FAFG pudo establecer conexiones de ADN de 97 víctimas con familiares vivos.

Mientras Aldana informaba de este acontecimiento que minaba y atentaba a la cúpula militar de Guatemala, la Fiscalía de Derechos Humanos dirigía la captura de 14 exmilitares de alto rango, a quienes se les señaló de cometer esas violaciones a los derechos humanos y delitos contra los deberes de humanidad.

En ese entonces, fueron conducidos al Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, los militares Manuel Benedicto Lucas García, Byron Humberto Barrientos Díaz, Gustavo Alonso Rosales García, José Antonio Vásquez García, Carlos Humberto Rodríguez López, Ismael Segura Abularach, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, Édgar Rolando Hernández Méndez, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía y Raúl Dehesa Oliva.

Lo que en ese momento parecía una luz de esperanza para las familias de las víctimas en su anhelo por obtener justicia, pronto se desvaneció.

La justicia ausente

Varios de los implicados en el caso han utilizado diversos recursos para poder salir de prisión preventiva. Uno de los más recientes es justificar que debido a la pandemia de coronavirus se encuentran en peligro por su avanzada edad.

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Autoría y edición

Periodista y comunicadora para organizaciones sociales, de pueblos indígenas y de organismos internacionales; estudios concluidos en sociología, asistente de investigación social para peritajes judiciales con enfoque histórico y antropológico.

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