Ixcán elegirá a alcaldes comunitarios para 2022

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Créditos: Luis Juárez
Tiempo de lectura: 4 minutos

Por Luis Juárez

La ronda de elecciones de alcaldes comunitarios en Ixcán para el 2022 arrancó. Más de 180 comunidades de Ixcán, Quiché, elegirán a sus nuevas autoridades para el próximo año.  La figura de los alcaldes comunitarios es trascendental para lograr la armonía y el equilibrio en la convivencia de los habitantes.

Cada comunidad históricamente cuenta con su propia estructura de organización y funcionamiento de acuerdo a sus normas, valores, principios, costumbre, cultura y el mecanismo de resolución de conflictos internos.

La elección de los alcaldes comunitarios en asamblea no debe simplificarse únicamente a la elección de un representante de Estado – como sucede en las elecciones-. El alcalde municipal debe ser el ente principal de unidad que gobierne a favor de las demandas y necesidades poblacionales. Debe tomar en cuenta sus opiniones, propuestas y demandas en representación de las comunidades en la búsqueda de soluciones en conjunto con otras instancias estatales de los problemas de carácter social comunitario. Y no dar la espalda como sucedió recientemente.

Ante cualquier problema, la gente acude inmediatamente a la alcaldía comunitaria y no al Ministerio Público. ¿Cómo se resuelven los casos? Se citan a las dos partes, se atiende en el idioma materno, se escuchan, se dialoga, se analiza detenidamente las circunstancias de los hechos respondiendo a las preguntas qué, dónde, cuándo, quién y  por qué, etc. Se alcanzan consensos entre las partes, se suscribe acta de los acuerdos y se hace la reparación digna a la persona agraviada.

¿Por qué acuden? Porqué confían en la figura del alcalde comunitario. Por la cercanía, la reparación del daño al agraviado es pronta y rápida, según sus prácticas comunitarias. No tiene costo, es accesible, promueve la reparación y convivencia. No fomenta el odio, castigo, estereotipo y estigmatización como en el sistema de justicia estatal.

Los casos que no resuelve el Ministerio Público, lo resuelve el alcalde comunitario o viceversa. En el cual interviene inmediatamente para mediar en las controversias sin tomar partida o arreglos “bajo” la mesa en la búsqueda de soluciones que reparen los daños a ambas partes.

La alcaldía comunitaria es un Ministerio Público en pequeño. Su personal investiga, cita, recomienda, media, dialoga, suscribe acuerdos, da seguimiento a los acuerdos, visita a las familias en controversia, realiza reuniones de trabajo con otros alcaldes. También atiende emergencia las 24 horas, realiza rondas de seguridad, repara daños al agraviado, es psicólogo, orienta, coordina con la Policía Nacional Civil, etc. Pero su personal no es investigador, no recibe instrucciones sobre sus funciones y no goza de un salario.

En el término de un año, las autoridades comunitarias han intervenido para resolver distintos problemas. Por el bien de la comunidad, ayuda a descongestionar los tribunales de justicia con las moras judiciales de menor impacto. Presta un servicio social comunitario ad honorem. Y cuando comete alguna falta o error en el ejercicio de sus funciones, son denunciados, encarcelados y criminalizados inmediatamente por el sistema de justicia oficial, como en el caso del exalcalde comunitario de Pueblo Nuevo, Ixcán, Prudencio Ramírez.

Según estadísticas reportadas por Joel Pérez, en su plataforma digital, compartida por la oficina de atención a la víctima de la Policía Nacional Civil, entre 2020 y 2021, hay más de 670 casos de violencia contra la mujer, intrafamiliar, maltrato a menores de edad y violencia sexual. Estos casos no han sido resueltos por las autoridades correspondientes. Lo que sería interesante escudriñar son las casusas de ese acelerado crecimiento de violencia en el municipio, si tiene alguna relación o no con el alcoholismo en las comunidades, que son los casos que más se reporta a la PNC.

Lamentablemente, siempre hay pequeños grupos en las comunidades que no respetan las decisiones comunitarias por defender sus intereses personales. Que actúan al margen de la ley. Son ellos quienes perturban la paz social y denuncian con falacias y de mala fe a las autoridades comunitarias ante el Ministerio Público, a quiénes posteriormente se les inicia un proceso judicial sin previa investigación y sin los medios de prueba. La mayoría de los que denuncian a las autoridades comunitarias son vendedores y consumidores de aguardiente, que es la madre de todos los problemas sociales en las comunidades.

En 2013, las autoridades comunitarias de Ixcán, firmaron una carta de entendimiento firmado entre la Corte Suprema de Justicia, el Organismo Judicial, el Ministerio Público y la Fundación Myrna Mack en la que se reconoce que la Asamblea Comunitaria, es el órgano superior jerárquico en la comunidad y que representa la voluntad colectiva. Es la instancia en donde se postula, elige y nombra a las autoridades comunitarias.

La carta de entendimiento, hace énfasis en que el Alcalde Comunitario es la persona propuesta y electa por la comunidad en asamblea comunitaria; representa la voluntad de la comunidad para velar por el buen cumplimiento del orden social con vocación de servicio e interés de velar por el bien común. Dentro de sus facultades, conoce y resuelve determinados conflictos, utilizando el diálogo y la mediación, según la normativa comunitaria de acuerdo a sus costumbres o su derecho consuetudinario. La carta de entendimiento reconoce y respalda los procedimientos en la resolución de los conflictos comunitarios alcanzados por las autoridades comunitarias.

Las autoridades comunitarias electas para el 2022, deben conocer y apropiarse de la carta de entendimiento para hacer respetar y valer las decisiones tomadas en asamblea en cuanto a la aplicación de los reglamentos comunitarios. La legalidad y el estado de derecho consisten en respetar las decisiones y la forma en la que funcionan las institucionalidades propias de las comunidades para la mediación y resolución de sus controversias internas sin entrar en conflicto con el derecho penal y los derechos humanos.

Es imprescindible en este momento histórico, armonizar la justicia en Ixcán con las comunidades para evitar un mayor foco de conflictividad social en aras de una buena gobernanza en el municipio. Los funcionarios del Ministerio público juegan un papel preponderante, deben generar confianza a la gente, reconocer las resoluciones emitidas por las autoridades comunitarias, como lo hicieron en un caso histórico recientemente en Pueblo Nuevo, Ixcán, demostrar objetividad en la investigación, profesionalismo, llegar a las comunidades a atender los casos,  no re victimizar y saber atender a la gente para cerrar ese distanciamiento social y divorcio que existe entre el MP y las comunidades.

Autoría y edición

Periodista en Ixcán Quiché

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