Tiempo de lectura: 16 minutos

 

Por Quimy De León, Andina Ayala, Andrea Hernández

Fuera de Guatemala, pero con la mirada siempre atenta a la situación política del país, Iván Velásquez habló con Prensa Comunitarias sobre cómo ve con preocupación la apropiación de todas las instituciones del Estado, de las remociones de buenos fiscales de carrera como Juan Francisco Sandoval e Hilda Pineda. De las fortalezas que algunas fiscalías del MP tuvieron en su momento logrando investigaciones exitosas pero que lamentablemente han sido limitadas por una fiscal comprometida con la impunidad y la corrupción.

Desde Bogotá, el exjefe de la Comisión Contra la Impunidad (CICIG) en Guatemala enfatizó en el compromiso con la impunidad y la corrupción que el gobierno de Giammattei y el Ministerio Público de Consuelo Porras tienen en Guatemala. Conversó de la apropiación que hay de todas las instituciones del Estado con total desvergüenza como si fuera un reto general: “estamos haciendo esto, somos lo que mandamos ¿y qué? Podemos destituir al fiscal, podemos dejar de posesionar a Gloria Porras, podemos dejar de elegir Corte Suprema de Justicia y cortes de apelaciones, ¿y qué?”

No obstante, habló de la esperanza, de los gérmenes de democracia que hay aún en Guatemala, de cómo la resistencia en el Estor, del Parlamento Xinka, de los 48 Cantones y en general de las autoridades ancestrales son una muestra de organización y unidad en contra del régimen corrupto que gobierna.

Iván Velásquez en su calidad de comisionado y en conjunto con el Ministerio Público (MP) dirigido por Thelma Aldana expusieron en 2015 a la red criminal que lideraban los mandatarios del país, el caso “La Línea” que llevó a la renuncia y encarcelamiento de Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y altos funcionarios públicos. Mediante la Comisión se desmanteló a setenta estructuras criminales, se hicieron más de cien solicitudes de retiro de inmunidad de funcionarios y se procesó a más de seiscientas personas.

En 2016 la Comisión impulsó la creación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Pero en agosto de 2017, el gobierno de Jimmy Morales intentó expulsar a Velásquez después de que la fiscalía acusara al presidente y a familiares cercanos de ocultar financiamiento electoral en su campaña de 2015. Finalmente, en septiembre de 2019 la CICIG fue expulsada del país.

Nos llama mucho la atención su compromiso sostenido con Guatemala, y que a la fecha mantenga en su cuenta de Twitter la foto de la bandera, en blanco y negro, ¿Qué nos quiere decir con esto?

Es la grave situación por la que atraviesa el país. El tener la bandera en estas condiciones no es una falta de respeto con Guatemala, al contrario, es la preocupación, el dolor que implica que después de tanta alegría que se vivió en los años 2015, 2016 se pase a una situación como la que se encuentra ahora el país en el que ya no hay decoro, decencia, siquiera un propósito por disimular las apariencias. Ese desafío tan grande y desvergonzado tiene que generar una tristeza también por todo lo que se pudo haber hecho y no se logró finalmente en el país.

¿Qué ha significado su trabajo en el país y a nivel personal cómo se siente, ahora verlo desde fuera?

Guatemala hoy en las condiciones de lucha contra la corrupción, respeto por Derechos Humanos y democracia en las épocas anteriores al inicio de la CICIG

Hay satisfacciones naturalmente porque se pudo demostrar que sí hay manera de combatir a la corrupción, que el apoyo grande de la ciudadanía, la participación en una campaña de esta naturaleza de la prensa independiente son bastiones fundamentales pero que probablemente por habernos concentrado tanto en la lucha contra la corrupción olvidamos las demás necesidades estructurales que son indispensables en el país como garantía de no repetición.

No se logró concretar esa lucha anticorrupción pero tampoco se reformaron las instituciones que es lo que ha permitido un retroceso de esta naturaleza. Creo que hubo experiencias muy importantes como la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado que coordinó la Universidad de San Carlos de Guatemala y donde participaron todos los sectores del país. Yo creo que ha sido la reunión más plural que ha habido y que empezó con temas como la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y entendiendo que había esa necesidad de reforma del Estado.

¿Qué es el Estado narcocleptocrático al que hace alusión al describir a Guatemala?

Por una parte, el poder que han tenido organizaciones del narcotráfico, yo evoco con frecuencia las afirmaciones del embajador Mcfarland refiriéndose a la UCN como un partido del narcotráfico que lo decía hacia los años 2010. Cómo la UCN, además con todo lo que significó recientemente de Mario Estrada en su persecución homicida contra Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval, otras personas del Ministerio Público, en sus relaciones con Jimmy Morales, el hecho de ser condenado confeso en Estados Unidos y, sin embargo, es el partido que facilitó al gobierno de Giammattei tener las mayorías en el Congreso.

Me parece que por más discursos del presidente en contra del narcotráfico o mostrar cuál es la situación actual del narcotráfico que dice que en el país se ha venido controlando. El hecho de que un partido como la UCN haga parte de la coalición del gobierno ya habla muy mal del Estado guatemalteco. Lo que se ha conocido respecto de los familiares muy cercanos de dos de las diputadas de UCN. Lo que ha significado también la convivencia en muchas esferas con el narcotráfico. Por eso hablo de un Estado narco.

Cleptocrático porque ha sido tan evidente. Si Guatemala venía en una situación de gran corrupción después del 2018, 2019 ya esta consolidación de los grupos corruptos en el país ha merecido que tenga esa denominación de un Estado cleptocrático. Parece que estuviera hecho todo para el saqueo y cuando uno advierte de situaciones en el país que afectan los recursos públicos, la transparencia de la administración pública y lo que aparece como reacción desde las instituciones del Estado que es más de protección de esa apropiación ilícita de recursos que es más favoreciendo la impunidad, entonces, por eso he venido afirmando que todo lo que revela ahora es que se trata de un Estado narcocleptocrático.

Las relaciones narcotraficantes pero esa manera de apropiarse de todos los recursos y de tener la administración pública como el botín del que se pueden obtener todos los beneficios. Sería lo elemental, por ejemplo, frente a las denuncias que hizo Juan Francisco Sandoval el día de su destitución cuando se despidió del país respecto de las relaciones del presidente Giammattei con los rusos de la que tuvo conocimiento en la FECI. Eso merecería una investigación independientemente de quien esté haciendo esa afirmación porque una duda de esa clase tiene que ser despejada satisfactoriamente para la ciudadanía y lo que ocurrió fue precisamente la destitución de Juan Francisco Sandoval para que no investigara temas como esos.

Entonces, solo para citar uno de los que se me viene de inmediato a la cabeza porque son numerosos los casos. El botín que tenía el ministro Benito, ¿qué ha hecho el Ministerio Público para tratar de continuar con la investigación que venía muy bien encauzada con Juan Francisco respecto a esos Q122 millones que se encontraron en esa vivienda y de la que se afirmaba tenían participación del botín Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Esos son temas que por solo defensa y transparencia de la administración pública deberían tener un lugar preponderante en la investigación criminal. Pero, ¿a qué se dedica la administración criminal ahora? A ver cómo se puede continuar la persecución contra Juan Francisco Sandoval o cómo se desarticula el Ministerio Público trasladando fiscales que han dado claras muestras de compromiso con el trabajo institucional.

Entérese más acá:

Destitución del jefe de FECI y el poder en Guatemala. Las cloacas que destapó Juan Francisco Sandoval

Muchos dicen que Giammattei es solo un títere… ¿en realidad lo es, o es un líder criminal?

No tengo los elementos para ubicarlo porque en esto se requiere estar mucho en contacto con la cotidianidad y naturalmente por las condiciones mías es imposible tener esa relación permanente.

Como se ha dicho por investigadores sociales en Guatemala todo el apoyo de sectores militares que si uno ve ahora, por ejemplo, en las alianzas con Sandra Torres y lo que habría podido significar, que se mencionó en un momento de las relaciones con Jimmy Morales, claramente sostenido por AVEMILGUA lo que se ha afirmado respecto del ex ministro Benito favoreciendo los intereses de esos dos sectores, podría ser que hay una estrecha relación, no sabría si como una organización propia en relación con otra o que hagan parte del mismo núcleo duro de la criminalidad.

¿De lo que CICIG investigó sobre el Plan Gavilán, con qué grupos tenía conexión el presidente Giammattei? ¿Cuál es la vigencia de esos grupos?

Creo que no ha habido en ese sentido gran transformación en el poder en el país. Si se mira lo que ha ocurrido en estos días con los exmilitares sublevados en esa reclamación de indemnización o prestaciones con lo que se tomaron el Congreso y si se observa la reacción que desde sectores del poder se han tenido respecto de esas acciones delictivas que han sido más de protección o de silencia no de condena ni de reclamo de una acción de la justicia respecto de ellos no obstante que haya tres o cuatro personas metidas a proceso podría concluir que ese continuum de un poder dentro del Estado desde el ámbito militar subsiste que acciones como las desarrolladas en esos años de la operación Gavilán de ejecuciones extrajudiciales no son ajenas.

Probablemente ha habido menos investigación que nos pueda dar cuenta de cuál es la situación actual de la criminalidad y la represión, pero creo que no ha habido una variación sustancial.

Hay varias situaciones que suceden en los aparatos de justicia, en su opinión, ¿Qué está causando más retrocesos al país, el estancamiento de elecciones de magistrados, la composición de la CC o el papel que está desempeñando Consuelo Porras?

Todo tiene que unirse porque todo hace parte del mismo pacto criminal de los mismos que han continuado con el control del Estado. ¿Qué fue lo que se observó, se judicializó con las comisiones de postulación del año 2014 y las elecciones de magistrados de las cortes? Que todo había sido una decisión que tomaron Manuel Baldizón, Alejandro Sinibaldi y Roxana Baldetti sobre cómo debía estar integrada la Corte Suprema de Justicia y las cortes de apelaciones y que hubo una repartición efectiva de la Corte Suprema de Justicia. Siete para Baldizón, que se pensaba que sería el nuevo presidente; seis para Sinibaldi, que de acuerdo con los pactos lo sucedería en el cargo. Igualmente se repartieron las cortes de apelaciones mitad y mitad.

Esas cortes tuvieron una gran dificultad de responder a la lealtad que Baldizón, Sinibaldi y Baldetti les exigieron en 2014, esperando el momento que se presentó 2018, 2019 que ya las cortes, especialmente la Corte Suprema de Justicia ha podido actuar sin ninguna máscara en defensa de la impunidad y eso ha sido tan útil que se acaban de cumplir dos años de permanencia en la corte. Sin que el Congreso, no obstante, esa orden que recibió hace más de un año y medio por la Corte de Constitucionalidad en el sentido de proceder a integrar las nuevas cortes, el Congreso no lo ha hecho porque esta corte que es producto y defensa de la corrupción les garantiza la continuidad de la impunidad a quienes tienen actualmente el control en el Congreso, en el Ejecutivo y en todo el Estado.

Que un poder judicial tenga como contrapartida una fiscalía como esta es igualmente necesario para los fines de la impunidad, para el control que se tiene del Estado porque no va a fastidiar ni a los magistrados, ni a los corruptos ni a quienes se están beneficiando con este estado de cosas. Es como si existiera una corte diferente sin que actuara el Ministerio Público poco podría hacer.

Sobre el papel de Consuelo Porras y el Ministerio Público, ¿cuál es su lectura a partir de su conocimiento sobre las estructuras criminales en Guatemala? Dentro de su conocimiento de las estructuras criminales en Guatemala, ¿a cuál de ellas representa la fiscal general?

Hay una gran relación con sectores militares y militaristas que han realizado actos de mucha gravedad en el país en el pasado. Creo que hay una base de apoyo e interrelación dentro de las acciones del MP y de sus omisiones me parece que sectores importantes del país, por ejemplo, sectores empresariales en el país que a pesar de toda la situación que ha atravesado el Ministerio Público por la designación de Consuelo Porras de conducta antidemocrática que hizo hace poco el departamento de Estado, y que no obstante continúe casi en actitudes de desagravio. Que la cámara de la industria haga actos de reconocimiento, de trabajo conjunto o proyectos que podrían impulsarse en respaldo a la fiscal general muestra que hay un gran compromiso entre esa impunidad que desarrolla la fiscal y eventuales acciones ilegales que pudieran haberse cometido desde el sector empresarial.

Por ejemplo, la actitud que asumió respecto a la investigación de financiamiento electoral ilícito de los empresarios hacia el gobierno de Giammattei. Que la lleva inclusive a designar a este señor Curruchiche que era el de la impunidad de esa investigación de financiamiento electoral ilícito de los empresarios como jefe de la FECI es una garantía de comodidad, de tranquilidad que le da a sectores empresariales que pueden estar comprometidos con actos delictivos en el país, de corrupción o de financiamiento electoral ilícito en el país.

La vinculación que ha tenido con el gobierno del presidente Giammattei, el respaldo que desde el presidente se ha dado a la Fiscal General. Esto último, que decía Giammattei, de las 340 fiscalías municipales que se habían logrado con el apoyo del Ejecutivo, que no es cierto, porque esto fue con los aportes de USAID que se hizo esa estación del Ministerio Público. Una estación que solo es de nombre porque en las fiscalías no hay capacidad logística ni operativa para adelantar las investigaciones para que se pueda hablar de una presencia efectiva del MP.

No sabría decir cuál grupo dominante, pero que existe una confluencia de intereses de múltiples sectores comprometidos con la corrupción e impunidad han hecho que esto denominado por ustedes en Guatemala como “Pacto de Corruptos” sea una organización monolítica muy fuerte, muy unida y realmente poderosa por todas las acciones que hemos visto que se vienen desarrollando.

Con la destitución de Juan Francisco Sandoval de la FECI, la conmutación de la pena para casos de corrupción, dictaminado por la Corte de Constitucionalidad, ¿considera que la lucha contra la corrupción en Guatemala está muerta?

Por principio siempre hablo de la esperanza y creo que estos tiempos difíciles no son eternos, que esta realidad se va a transformar. Que se tarde mucho o menos depende en todo caso del compromiso, de la acción de la ciudadanía, pero creo en definitiva que estas personas que están en estas organizaciones, este poder corrupto que ahora domina en el país no va a ser permanente. que tarde o temprano ellos tendrán que responder a la justicia por todos los hechos que han venido cometiendo en estos años.

No podríamos decir que el triunfo de la corrupción, de la antidemocracia sea absoluto de manera que se haya muerto toda esperanza y eso lo revela. Por ejemplo, la resistencia ahora en El Estor, significa que hay gérmenes en el país. Lo que hizo la Asamblea Xinka, los 48 Cantones, en general las autoridades ancestrales cómo han generado desde el mes de junio acciones de oposición a este régimen. Eso da algunas señales de esperanza y confío en que logren organización y unidad para enfrentar el régimen corrupto que gobierna actualmente.

Entérese más acá:

Iván Velásquez: “Existe esperanza, siempre que haya una voluntad ciudadana por la transformación, que no haya aún sometimiento”

¿Qué tanto ha avanzado la presencia rusa en Guatemala?

De acuerdo con algún video que vi recientemente cuando estaba la PNC enfrentando a los manifestantes para permitir que pasaran los camiones y que llegó una camioneta y dice alguien de la PNC “saquen a los rusos que no se vayan a dar cuenta de que están aquí”. Yo creo que eso ya es muy revelador del poder que han adquirido esas empresas, vinculado con lo que planteaba Juan Francisco Sandoval en su despedida respecto de las relaciones de algunos rusos con el presidente Giammattei lo que podría dar como conclusión es que efectivamente esos rusos lograron su cometido y tienen un control sobre el territorio y tienen además un respaldo real de este gobierno.

La diferencia en la reacción que se produce en El Estor, que envían la fuerza pública para que a los manifestantes se les reprima cuando están exigiendo la consulta prevista en el Convenio 169 que Guatemala ha suscrito que tiene un compromiso internacional. Se envía la PNC para la represión ahí, pero con los exmilitares que se tomaron el Congreso no se ve ninguna reacción de parte de la PNC. En la diferencia en el tratamiento se puede ver el grado del compromiso que tiene un gobierno como este con esos proyectos empresariales en El Estor.

Muy lamentable el establecimiento del estado de sitio que inclusive con la firma del Vicepresidente Castillo de quien se tenían expectativas de oponerse a acciones de esta naturaleza.

¿Durante su mandato en CICIG, pudo encontrar algún vínculo entre los casos de la fiscalía de derechos humanos y su unidad de conflicto armado, y delitos más recientes?

Sí hubo, como algunos mencionaban en el país por entonces, el vínculo de la impunidad del pasado con la impunidad del presente y cómo actores que violaron gravemente Derechos Humanos en el pasado estaban ahora comprometidos con actos de corrupción. Algunos que respondieron por los actos de corrupción y no de graves violaciones a derechos humanos como en el caso del expresidente Pérez Molina pero también de algunos exmilitares como el general Callejas vinculado a casos de corrupción en el pasado.

Todo lo que se conoció del famoso caso moreno en el que altos oficiales del Ejército, comprometidos con el caso moreno, basados en impunidad, pero ahora estaban respondiendo por violaciones de Derechos Humanos cometidos por esa época anterior. Tal vez en algunos de los casos que veíamos de ejecuciones extrajudiciales, no sólo referidos a la operación gavilán sino también en actividades de Blanco Lapola con algunos sectores de la Policía Nacional Civil. Acciones que recuerden la muerte de un periodista desafortunadamente ella no recuerdo bien su lugar, pero la Fiscalía de Derechos Humanos desarrolló una actividad muy importante. En conjunto la CICIG apoyó en esta investigación y dio lugar al esclarecimiento del hecho de los actores intelectuales por la muerte de este periodista.

Relaciones que se tuvieron con una limitación importante para la CICIG y era la imposibilidad de asumir investigaciones por las graves violaciones de Derechos Humanos en el pasado que entonces solo se adelantaban con alguna pequeña colaboración sin que la CICIG asumiera investigaciones que solo adelantaba la Fiscalía de Derechos Humanos.

Esto mostraba la fortaleza del Ministerio Público porque algunos sectores piensan que solo por la acción de la CICIG se lograron algunas acciones importantes en el país, pero si se ve cómo la Fiscalía de Derechos Humanos adelantó importantes investigaciones con sus propios recursos, sus propios métodos, sus propios funcionarios y logró investigaciones exitosas. Se encuentra que si hay una capacidad del Ministerio Público guatemalteco investigaciones trascendentales.

Temas como el del genocidio o Sepur Zarco e investigaciones como la muerte de Monseñor Gerardi son todos méritos exclusivos de los fiscales y dela fiscalía guatemalteca sin la colaboración de la CICIG. Esto es para afirmar que si existe una voluntad por fortalecer el Ministerio Público desde la Fiscalía de Derechos Humanos es posible alcanzar éxitos en la lucha contra la impunidad como existió desde las administraciones de las fiscales Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana. Es decir, que no existan éxitos en esa lucha contra la impunidad ahora no se debe a que no exista capacidad en el Ministerio Público −como algunos se lamentan− sino a una dirección comprometida con la impunidad y con la corrupción.

¿Es sorpresiva la remoción de la Fiscal Hilda Pineda a pesar de los avances que había tenido esa fiscalía?

Claro, es muy similar a lo que ocurrió en la FECI. Jefes de Fiscalía, fiscales de sección que son nombrados por Thelma Aldana con grandes éxitos en el ejercicio de su función de investigación tanto en la FECI como en Derechos Humanos y que ahora esta fiscal, para cumplir los compromisos de impunidad, desarticula esas unidades. La dirección de las unidades es un tema realmente importante. Es decir, una fiscalía como la FECI no es lo mismo una fiscalía en manos de Juan Francisco Sandoval que del fiscal Curruchiche, aunque tuviera los mismos fiscales −que ya también empezó el desmantelamiento de los anteriores fiscales−.

No es igual una fiscalía de Derechos Humanos dirigida por Hilda Pineda que una fiscalía de Derechos Humanos dirigida por alguien que tiene vínculos con los militares que se supone deben ser investigados por esa fiscalía de Derechos Humanos. De esa manera, es como se ha venido generando un gravísimo retroceso en el Ministerio Público y con toda intención, esto no se debe a errores sino a actos intencionales, dolosos, bien pensados, planificados de parte de la fiscal Porras y de todo el régimen de impunidad y corrupción que impera en el país.

¿Cómo se relacionan las CIACS con las estructuras que funcionaron durante la guerra?

Nosotros afirmábamos en la CICIG que las organizaciones criminales no eran entidades estáticas, inmóviles sino que evolucionaban y se iban acomodando al avance de los tiempos, al desarrollo del país y esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad del pasado continuaban en su actividad ya como unas redes político-económicas ilícitas que se movían con mucha facilidad, con agilidad entre lo legal y lo ilegal pero siempre con una finalidad de acumulación de riqueza proveniente del enriquecimiento ilícito y acumulación de poder, con garantías de impunidad y algo que nos demostró que no estábamos equivocados en esta transformación de los CIACS en redes político-económicas fue el caso la Línea cuando prontamente descubrimos que el teniente Jerez tan famoso en sus actividades en el Caso Moreno era uno de los jefes de una estructura externa en el caso de la línea.

Cómo se reproducían actores de los CIACS del pasado, porque no hay duda que el grupo moreno era un CIACS dirigido por altos oficiales del Ejército de Guatemala. ese paso de los CIACS anteriores a las redes que empezamos a descubrir a partir del 2015. Entonces, creo que no se debe separar radicalmente esas organizaciones y acciones del pasado con las nuevas modalidades de criminalidad que se pueden ir observando, sino que hay una evolución y reacomodo de esas organizaciones. Tanto los CIACS en el pasado como las redes ahora con el propósito de acumulación ilícita de riqueza, en el pasado con mayor connotación de violación de Derechos Humanos pero que en el momento en que es necesario igualmente las redes político-económicas ilícitas pueden asumir acciones en contra de la población, tal como lo hacían los CIACS en el pasado.

¿Considera que Giammattei con las acciones de lobby que realiza en Estados Unidos puede seguir considerando a ese país como un aliado?

Para revertir una decisión de esa naturaleza tiene que hacer algo más que lobby, tiene que tomar acciones reales en el país que demuestren un cambio de rumbo en la defensa de la democracia, en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Creo que en las condiciones actuales las autoridades de Estados Unidos no se van a dejar engañar fácilmente como ocurrió en el tiempo de Jimmy Morales que contaba con un gobierno como el de Trump al que poco le importaba el tema de la corrupción y de la democracia. En ese sentido, las autoridades actuales en Estados Unidos no van a variar fácilmente su decisión ni siquiera frente a promesas que podría hacer el presidente.

¿Cómo esperar que haya una sinceridad de parte del presidente Giammattei cuando para la nueva integración de la Junta Directiva del Congreso se acude de nuevo al partido UCN como componente importante de la coalición del gobierno en el Congreso? Esos son hechos, lo demás son discursos y creo que Estados Unidos va a hablar más de los hechos que de los discursos. La señora Porras habla permanentemente de la lucha contra la corrupción y de la lucha contra la impunidad y se dice abanderada de esto, pero todo lo que ha demostrado es protección a los corruptos.

Afortunadamente Todd Robinson ha asumido como subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, una unidad del Departamento de Estado (INL), él tiene un conocimiento profundo de esas relaciones de poder en Guatemala. que fue inclusive objeto de las campañas de lobby que empresarios y el gobierno de Morales desarrollaron en Estados Unidos para buscar su salida más rápida de la Embajada en Guatemala.

De manera que ese conocimiento de la realidad del país puede ser un factor importante en el diseño de acciones concretas desde Estados Unidos, que impliquen el compromiso real del gobierno de Giammattei o acciones más radicales desde el gobierno de Estados Unidos porque podría finalmente concluir que tampoco Giammattei es un socio confiable como ya lo declararon con Consuelo Porras.

¿La exportación de hidrocarburos y minería en El Estor cómo afecta las relaciones de Estados Unidos con Guatemala y Rusia en ese sentido?

Ese es un tema que supongo tienen en la máxima consideración las autoridades de Estados Unidos que ha utilizado el presidente Giammattei casi como una amenaza frente a Estados Unidos “si ustedes no se rinden ante nosotros nos vamos con Rusia”. Las mayores alianzas que deben tenerse desde Estados Unidos no son las alianzas con un gobierno que genera también estos mecanismos con las comunidades que están sufriendo en sus condiciones materiales de existencia, en la violencia y la pobreza que es precisamente lo que genera la mayor migración, que es lo que preocupa a las autoridades norteamericanas.

¿A qué conduciría esto? A que se privilegien, a que tengan las promoviendo directamente a las comunidades generando una acción de la ciudadanía en defensa de sus mejores condiciones y también lo que implica la actitud de esa ciudadanía frente al gobierno, frente al poder. Es decir, la búsqueda de transformaciones institucionales desde la ciudadanía y no precisamente de esas autoridades comprometidas con estructuras narcocleptocráticas no van a ser el factor de transformación en el país. A la sociedad, a la ciudadanía es a lo que especialmente debe apuntar cualquier acción de los Estados Unidos.

¿Existe alguna intención de implementar otra comisión anticorrupción en el país? Si así fuera, ¿le gustaría volver a Guatemala?

Creo que es difícil que se pueda implementar aun teniendo el interés. Una CICIG no es posible en Guatemala en el futuro inmediato, aunque variando las condiciones es posible que pudiera pensarse a mediano o largo plazo el establecimiento de una comisión similar. Sin contradecir mi anterior afirmación sobre la capacidad del Ministerio Público de adelantar investigaciones, considero que una comisión como la CICIG es muy necesaria en el país sobre todo por el elemento de independencia que introduce en las investigaciones criminales y en general en el sistema de justicia. Por el acuerpamiento que se logra, por el respaldo que se le puede dar a fiscales y jueces comprometidos con la legalidad.

Es muy diferente la situación de Erika Aifán hoy a cómo se podría ver en el 2017 o 2018 con una CICIG que, respetando absolutamente la independencia judicial también daba un respaldo absoluto a acciones honestas y legales como las que desarrollaba la jueza Aifán.

Un sistema de justicia que persigue a juezas y jueces independientes

En cuanto a lo personal ya es una etapa que pasó. De producirse una nueva comisión debería tener una transformación desde la dirección que pudiera aprender desde las experiencias del pasado y qué podría privilegiarse en una acción de la comisión para llegar a ese punto de no retorno. Lamentablemente no lo logramos bajo mi administración, que por no haber logrado pasar la línea es por lo que se pudo producir un retroceso de la magnitud que se ha producido en el país.

Autoría y edición

Antes que todo de pueblo, hija de inmigrantes, trabajadora de la salud, historiadora e investigadora desde temas de derechos humanos y empresas, medio ambiente, género y justicia transicional. Amo la polémica, la fotografía, la ilustración, la cocina y viajar. Fundadora de Prensa Comunitaria y Ruda.

Joven apasionada por la investigación y el periodismo, politóloga en formación. Forma parte de Entre Ríos de Prensa Comunitaria. Ha trabajado para diferentes proyectos de investigación en la Universidad de San Carlos de Guatemala y de manera independiente en consultorías sobre migración, medio ambiente, violencia contra las mujeres y pueblos indígenas.

Antropóloga y corresponsal de Prensa Comunitaria, forma parte del equipo de investigación del proyecto Green Blood.

COMPARTE