Por Regina Pérez
Persecución contra dirigentes comunitarios y organizaciones gremiales, con un método propio de un estado de guerra que solo se vivió durante los años del conflicto armado interno, asedio y zozobra en las comunidades, son algunos de los hallazgos de una comisión de verificación conformada por organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, de mujeres y autoridades ancestrales, que visitó El Estor, Izabal, en el marco del estado de sitio implementado por el gobierno de Alejandro Giammattei.
La comisión de verificación visitó el municipio del 27 al 30 de octubre, donde según un comunicado de prensa, observaron que se vive una situación de persecución contra la dirigencia comunitaria y organizaciones gremiales, “método propio de un estado de guerra que solo se ha vivido durante los años más cruentos del conflicto armado interno”, señalaron, en conferencia de prensa.
#Ahora En la comunidad las Cadenas los observadores vieron a oficiales del ejército vestidos de civil que llevaban volantes con los rostros de las personas a detener, dijo Daniel Pascual, del @CUC, que participó en una verificación sobre DDHH en #ElEstor.
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El estado de sitio fue impuesto el 24 de octubre pasado, luego de 20 días de resistencia por parte de los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ que reclaman su derecho a ser incluidos en el proceso de consulta comunitaria que prepara el gobierno sobre el proyecto minero Fénix, de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). Ellos fueron desalojados a la fuerza el 23 de octubre.
De acuerdo con los integrantes de la Comisión, en El Estor se han visto oficiales del ejército vestidos de civil que han incursionado en las comunidades en pick ups, quienes llevan hojas de papel con fotografías de personas con supuestas órdenes de captura. Esto contradice la versión del ejército de no tener facultades de ejecución de órdenes de detención, de cateos y capturas, indicaron.
Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC), dijo que el viernes 29 de octubre las fuerzas de seguridad capturaron a cuatro personas de la aldea Chichipate, detenciones que según las organizaciones están relacionadas al tema de tierra. “Lo que estamos viendo ahí es una ola represión que no se enmarca solo alrededor de si hubo tapadas en las calles, para lo cual fue impuesto el estado de sitio, sino que también están en comunidades donde hay conflictividad agraria”, dijo Pascual y agregó que vieron a oficiales del ejército que llevaban teléfonos inteligentes y volantes con las fotos de las personas que tienen orden de captura.
Los observadores indicaron que fueron a la base de operaciones donde reconocieron a los elementos del ejército y los volvieron a encontrar en la comunidad. En este informe hacemos ver la presencia de militares en operaciones que solo le competen a la Policía Nacional Civil (PNC), dijo Pascual.
Otros hallazgos que destacan las organizaciones son “el asedio, zozobra y miedo del que son objeto las comunidades, a través del despliegue excesivo de elementos de las fuerzas del ejército y de la policía, lo que ha generado un conflicto social ante el cierre de rutas de acceso que impiden la libre locomoción y desarrollo del trabajo agrícola en una temporada de recolecta de cosechas.
En las entradas principales de las comunidades hay puestos militares y presencia del ejército y policía, el principal blanco son la dirigencia comunitaria y algunos medios de comunicación, refirieron los integrantes de la Comisión, que aseguran que tuvieron que resguardar a un periodista comunitario, trasladándolo a un lugar seguro, con el fin de que no se violentaran sus derechos.
La minera Fénix continúa sus operaciones, según la Comisión, con lo cual desacata la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenó su paralización hasta que se realice la consulta comunitaria, proceso que hasta ahora indican, está viciado.
Mujeres tienen miedo de ser violentadas por las fuerzas de seguridad
Las mujeres también han sido afectadas por el estado de sitio, donde temen que se agudice la inseguridad alimentaria. Lesly Orozco, de la Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras (AGIMS), dijo que los puestos de registro están incluso donde los comunitarios tienen sus cosechas.
“El miedo ante las capturas hace que los esposos, padres e hijos no puedan salir. Es algo que se teme, la escasez que puede causar, a causa de eso las mujeres tienen que salir por el sustento de la familia, se tienen que hacer cargo tanto económica como psicológicamente, porque el exceso de policías es extremo”, dijo Orozco.
Olga Poz, también de AGIMS, señaló que las mujeres son víctimas de la situación que se vive en El Estor actualmente, donde las calles están llenas de agentes de policía. “Las mujeres tienen esa tristeza y ese miedo, el hecho de que ellas quieran salir, tienen ese temor de que algo les pase, porque ellas saben…dice la policía que están al cuidando del pueblo, pero eso es mentira, están a favor de la empresa”, dijo Poz. Ellas tienen miedo de que sean violentadas por las mismas fuerzas de la policía, agregó.
#Ahora Olga Poz, de la Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras, dice que las mujeres en #ElEstor, #Izabal, tienen doble trabajo y que las autoridades han violentado sus derechos.
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Abogado: Consulta comunitaria sin legitimidad
El estado de sitio en El Estor fue la respuesta del Estado para callar la resistencia pacífica de los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ que exigen su derecho a ser parte de la consulta, luego de que fueran excluidos del proceso de preconsulta, que ya finalizó.
Ayer, en una citación con la diputada Vicenta Jerónimo, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), el viceministro de Desarrollo Sostenible de Energía y Minas, Óscar Pérez, dio a conocer que solo se hará una pregunta a la población Q’eqchi’ que es “¿Cómo le afecta el trabajo minero y qué sugiere para revertirlo?”.
Según el criterio del abogado Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, sobre esa pregunta, está fuera de la legalidad y legitimidad que podría tener una consulta comunitaria, tomando en cuenta que la consulta es un diálogo. “Una pregunta no genera ese diálogo”, dijo.
Además destacó que para contestar esa pregunta el viceministerio sabe que debería de hacer varios estudios, antropológicos, culturales y ambientales, incluso religiosos para establecer qué impacto tendrá en la vida espiritual de los pueblos indígenas, la actividad minera, sin embargo adelantó que ninguno de esos estudios se llevará a cabo, porque no está legitimada la representación comunitaria para proponerlo en la mesa.
Castro señaló que las reuniones de preconsulta efectuadas en El Estor y Panzós, que finalizaron en el marco del estado de sitio, no se realizaron de manera libre ni de buena fe. “El resultado de todo eso es ilegal”, concluyó.
#Ahora El abogado Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, dijo que las reuniones de preconsulta que finalizaron en el contexto del estado de sitio, en #ElEstor, no se hicieron de forma libre ni de buena fe.
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