Por Luis Juárez
El presidente Alejandro Giammattei privatiza la seguridad y la justicia al servicio de los intereses económicos empresariales nacionales y transnacionales, vulnerando los preceptos constitucionales que, establecen que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, y que su fin supremo es la realización del bien común y es su deber garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
A pesar de que es una obligación del Estado y del gobierno, el acceso a la seguridad pública y la impartición de justicia hacia los más pobres y vulnerables está lejos de ser una realidad para la mayoría de los guatemaltecos. Estas siguen siendo algunas de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesitan ser atendidas de manera eficiente y oportuna por el gobierno, para el bienestar de la población. Lamentablemente sigue siendo un privilegio para la clase pudiente con la protección del Estado.
El presidente, en lugar de velar por la seguridad pública y el acceso y la impartición de justicia para los pueblos, sin discriminación alguna, las privatiza al servicio de las grandes empresas trasnacionales, como se ha evidenciado en el caso de la minera ruso – suiza en el Estor, Izabal y de los terratenientes, con los desalojos de los campesinos de sus territorios que históricamente les han pertenecido por generaciones.
Cuando los pueblos piden a gritos seguridad y justicia en sus territorios, reciben represión y violencia institucionalizada de la PNC, del ejército, del ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando ejercen su derecho de libertad de autodeterminación, se imponen estados de excepción y se militariza su territorio, cuando los pueblos piden a gritos justicia, los líderes que se oponen al sistema son criminalizados, asesinados y encarcelados. Como el caso del líder indígena Q´eqchi’ Bernardo Caal Xol, preso político, defensor del río Cahabón, en Alta Verapaz.
Bajo la lógica del neoliberalismo, el presidente Alejandro Giammattei y el llamado “pacto de corruptos”, aglutinados en el CACIF, privatiza la seguridad y justicia en beneficio de sus intereses empresariales económicos extractivistas-saqueadores de los bienes del país.
El Estado redujo sus funciones únicamente a prestar seguridad y justicia a las grandes empresas corporativas privadas, transnacionales mineras, hidroeléctricas, de palma africana y otras, para que sigan operando “legalmente” pero a todas luces de forma inmoral. La imposición de sus operaciones en los territorios de las comunidades, con el respaldo del Estado opresor y represivo, ha abonado el acelerado crecimiento de la violencia generalizada institucionalizada, en el interior de la República, que puede desencadenar en estallidos sociales.
Bajo engaños, manipulación, amenazas, criminalización y asesinatos, las empresas han despojado y expropiado a los campesinos indígenas de grandes extensiones de tierra, para operar con el argumento absurdo y trasnochado de llevar el supuesto “desarrollo económico” a las comunidades. Pero en la práctica lo que se ha evidenciado históricamente alrededor de las minas, hidroeléctricas y las plantaciones de palma africana, es un vertiginoso crecimiento de la pobreza, mayor nivel de conflictividad social y un acelerado aumento de la migración interna y externa.
La Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala se han convertido en una empresa de seguridad al servicio de la alianza criminal y de las empresas privadas nacionales y transnacionales, para ejecutar órdenes “legales” pero inmorales ante los ojos de Dios. Nuevamente son máquinas de matar y de destrucción que cometen atrocidades, desapariciones forzadas, secuestros y asesinatos que han dejado huérfanos y viudas, desplazamiento forzado, despojo de tierras, allanamientos ilegales en viviendas, acosos sexuales, amenazas psicológicas, quemas de casas, como en épocas del conflicto armado interno.
Los funcionarios públicos serviles al “pacto de corruptos” no deben aprovecharse de sus funciones y de la PNC, el Ejército y el MP, para cometer actos criminales en nombre del legalismo jurídico, contra la población que ejerce con plenitud su derecho soberano de ciudadanía, para favorecer los intereses sectoriales económicos empresariales en detrimento de la gran mayoría.
Giammattei y el “pacto de corruptos” es altamente eficiente para responder a los intereses económicos corporativos en materia de seguridad y justicia, pero brilla por su ausencia e ineficiencia para brindar seguridad y justicia a los habitantes. Incumple con las demandas poblacionales no solo de seguridad y justicia, sino también en materia de educación, salud, desnutrición, violencia contra la mujer, feminicidios, inseguridad, pobreza, vacunación contra la COVID-19, reparación de las carreteras en el interior del país, para mejorar las condiciones y los indicadores sociales del país.
El Estado no protege a la persona y a la familia. Su fin supremo no es la realización del bien común. El presidente busca el bien común, pero para los intereses del sector empresarial oligárquico en nombre del Estado. No hay que dejarse engañar cuando el presidente y el “pacto de corruptos” hablan de libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo. Ya que se refieren a sus empresas, para que puedan operar libre y tranquilamente en el país.
La cooptación de las cortes es una estrategia para privatizar la seguridad y la justicia que le corresponde a los guatemaltecos y no a las empresas trasnacionales. Nuestro sistema de gobierno está conformado por una alianza criminal con poderes repartidos entre los mismos. En la práctica nuestro sistema de gobierno ni es Republicano, ni es democrático y ni es representativo. El presidente es la encarnación de un sistema obsoleto dictatorial anclado en la historia, que urge transformar.
