Por Sandra Cuffe
Este reportaje que fue publicado originalmente en inglés por Al Jazeera: https://www.aljazeera.com/news/2021/10/15/guatemala-growing-palm-oil-industry-fuels-indigenous-land-fight
Aníbal Agurtia levanta la concha de caracol que cuelga de su mano con una cuerda roja y la hace sonar, un llamado a que la gente se junte.
Ya están reunidas varias decenas de habitantes de la comunidad maya q’eqchi’ de Chinebal para discutir la intensificación de su lucha por la tierra en el municipio de El Estor, en el oriente de Guatemala.
Los habitantes acusan a una empresa de haber sembrado palma aceitera en sus tierras tradicionales y han construido casas para reclamar el terreno en disputa, resultando en una orden de desalojo, operaciones policiales, y un día de violencia mortífera que sigue presente en la memoria colectiva de los más de 500 habitantes del asentamiento.
“Solo lo mataron y lo llevaron”, Matilde Ac dijo sobre su esposo José Chamán, asesinado el año pasado durante una operación policial relacionada con el conflicto con la empresa palmera, NaturAceites. “Quiero que se investigue”.
La expansión de la industria de la palma aceitera en Guatemala enfrenta resistencia de pueblos indígenas que luchan por sus derechos a la tierra. La cobertura de las plantaciones de palma se ha casi duplicado en la última década, provocando conflictos agrarios entre empresas y comunidades.
El mercado global del aceite de palma está dominado por Indonesia y Malasia, que juntas producen más de 80 por ciento de la oferta mundial. Sin embargo, Guatemala ocupa el segundo lugar en América Latina tras Colombia, y es el sexto exportador mundial.
El año pasado, Guatemala produjo unas 880,000 toneladas de aceite de palma crudo. Se exporta más o menos el 80 por ciento, principalmente a México, otros países centroamericanos, y algunos países europeos. El aceite de palma y sus ingredientes derivados se encuentran comúnmente en alimentos elaborados, cosméticos, y productos de limpieza.
La palma aceitera en Guatemala se concentra en el norte, nororiente, y la costa sur. Las plantaciones cubren más de 1,800 kilómetros cuadrados, casi el 2.5 por ciento de la tierra cultivable del país. En el departamento de Izabal, donde se encuentra Chinebal, cubren el 9 por ciento de las tierras cultivables.
“La expansión de la palma está despojando a las comunidades de sus tierras”, dijo Marcelo Sabuc, coordinador nacional del Comité Campesino del Altiplano, CCDA. “También provoca deterioro al medio ambiente”, dijo.
Ha habido incidentes esporádicos de mortandad masiva de peces río abajo de instalaciones de empresas de aceite de palma en los últimos años, comentó Sabuc.
Las investigaciones de un caso de mortandad masiva de peces en el río Pasión en el 2015 indicaron que probablemente se asfixiaron los peces, y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos notó los posibles impactos negativos de “descargas no autorizadas de efluentes líquidos o de lodo en la cuenca del río por una empresa de procesamiento de aceite de palma”. Un juzgado ordenó el cierre de la instalación por seis meses para una investigación criminal pero el caso se estancó sin que se formularan cargos.
Cerca del 40 por ciento de los más de 17 millones de habitantes de Guatemala son indígenas según el último censo, y muchas plantaciones de palma en el norte y nororiente coinciden con territorio q’eqchi’. Siglos de despojo, el conflicto armado interno de 1960 a 1996, la minería y la agroindustria han contribuido al desplazamiento y conflictos agrarios de larga duración.
“El tema de la conflictividad agraria en Guatemala es un problema histórico que afecta a diversos actores, más allá de un sector en específico”, según Karen Rosales, directora ejecutiva de la Gremial de Palmicultores de Guatemala, GREPALMA, de la cual NaturAceites es integrante.
“Una de las causas principales ha sido la debilidad institucional del Estado para atender la certeza jurídica de la tierra y para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Esta ausencia del Estado definitivamente genera las condiciones para la conflictividad”, Rosales indicó a Al Jazeera en una extensa respuesta por escrito a una serie de preguntas.
Las asociaciones del sector privado denuncian con frecuencia invasiones de fincas de propiedad privada y de tierras utilizadas por empresas agroindustriales y de recursos naturales, mientras comunidades indígenas argumentan que están reclamando sus tierras ancestrales. Hay cientos de conflictos de tierras y recursos naturales en distintas regiones del país.
La aldea establecida de Chinebal se ubica en las faldas de la Sierra de las Minas, a 280 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. A veces las fuertes lluvias dificultan el paso por el camino de tierra de acceso a la comunidad y la tierra adyacente en disputa.
“Todo eso era trabajadero de nuestros abuelos”, Juan Pérez, alcalde auxiliar de Chinebal, dijo del terreno de unos pocos kilómetros cuadrados. “Esa tierra nos pertenece”.
NaturAceites, una de las principales empresas de aceite de palma en Guatemala, reclama la propiedad de la tierra en cuestión y la había sembrado con palma. Habitantes q’eqchi’s dicen que pertenece históricamente a Chinebal.
Sin tierra para cultivar ni para construir casa, algunos habitantes de Chinebal se trasladaron a la tierra en disputa, tumbando parte de la plantación. Cerca de 100 familias ahora viven en el lugar en casa de madera entre un mosaico de palma tumbada y en pie, milpas y otros cultivos.
La tensión ha venido intensificado. Líderes de comunidades en la región que tienen conflictos con NaturAceites han enfrentado órdenes de captura por usurpación y otros delitos. Pérez, el alcalde auxiliar, fue capturado en octubre del 2020.
La comunidad logró juntar los 20,000 quetzales para la fianza, pero mientras estaba detenido algunos pobladores bloquearon el paso de vehículos de NaturAceites por el área.
El 31 de octubre de 2020 llegaron cientos de policías. Dispararon gas lacrimógeno y balas vivas, dijeron habitantes q’eqchi’s. La gente dispersó y muchos se escondieron unos días en la sierra antes de regresar a casa. Los habitantes que presenciaron las operaciones dicen que José Chaman no estaba armado cuando lo mató la policía.
A un año de la muerte violenta de Chaman, las autoridades aún no han aclarado exactamente qué pasó. Un líder local que pidió el anonimato por temor a la persecución dijo a Al Jazeera que algunos pobladores andaban armados ese día y habían hecho unos disparos de advertencia al aire y no hacia la policía. Dijo que casi todos los pobladores andaban desarmados.
Otro hombre que pidió el anonimato por razones de seguridad dijo que estaba huyendo cuando la policía lo disparó por la espalda. Las heridas de entrada y salida en su hombro derecho están cicatrizadas pero siguen los impactos en su salud.
“Todavía no puedo caminar ni hablar mucho”, dijo a Al Jazeera a principios de año desde su cama. “En la noche no duermo por dolor”. No salío a buscar atención médica porque temía ser capturado al salir de Chinebal.
Ese temor es generalizado entre las personas que habitan la tierra en conflicto, dijeron líderes comunitarios. Ac y otras mujeres también contaron a Al Jazeera que agentes de la policía llevaron pertenencias y comida de sus casas durante las operaciones el 31 de octubre del año pasado.
La policía tiene otra versión. En un comunicado el mismo 31 de octubre la Policía Nacional Civil dijo que “elementos de la PNC fueron atacados por un grupo de personas del lugar con armas de fuego”.
“Como consecuencia de ello tres elementos de la PNC resultaron heridos con proyectil de arma de fuego y una persona armada resultó fallecida”, según el comunicado. El vocero de la PNC no respondió a las solicitudes reiteradas por Al Jazeera a lo largo de varias semanas para que respondiera a una serie de preguntas.
Una investigación de los hechos del 31 de octubre de 2020 está a cargo de la fiscalía en Morales, departamento de Izabal, dijo a Al Jazeera el Ministerio Público.
NaturAceites no estaba involucrada en ningún procedimiento relacionado con el 31 de octubre, un representante de la empresa dijo a Al Jazeera en una respuesta por escrito. Sin embargo, la empresa sí había emprendido acción legal en cuanto al conflicto de tierra, y un juez giró una orden de desalojo.
Cientos de elementos de la PNC llegaron en julio y otra vez el 6 de octubre del año en curso para efectuar el desalojo. En ambas ocasiones, suspendieron las operaciones por razones de seguridad, destacando que algunos pobladores en el área portaban armas de fuego.
“NaturAceites cuenta con una política de resolución de conflictos, en la cual se prioriza el diálogo y la mediación con las instituciones públicas”, escribió el representante de la empresa a Al Jazeera. “Parte de esta política nos compromete a llevar los casos ante el sistema judicial como última medida”.
La empresa dice que mantiene un canal de comunicación abierto y constructivo con Chinebal y que está apoyando a la aldea establecida con la regularización de la tierra. “Hoy, el único desacuerdo que se tiene en esa zona es con un grupo de personas que usurpó ilegalmente una finca propiedad de NaturAceites”, dijo el representante.
Rosales, la directora ejecutiva de GREPALMA, también dijo que los integrantes de la gremial han adoptado de forma voluntaria políticas de derechos humanos, laborales, ambientales, y de sostenibilidad. Destacó que casi dos tercios de todo el aceite de palma producido en Guatemala está certificado como sostenible por iniciativas internacionales como la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), una iniciativa de la industria de aceite de palma.
Distintas organizaciones ambientalistas en el mundo han argumentado que en la práctica la certificación por RPSO es esencialmente inútil. En distintos países productores, la industria de aceite de palma está acusada de la destrucción ambiental, violaciones de derechos laborales, y asesinatos de ambientalistas y líderes comunitarios.
En Guatemala, la Secretaría de Asuntos Agrarios mantuvo un registro de cientos de conflictos agrarios en el país y estaba involucrada en esfuerzos de diálogo y mediación, incluso en Chinebal en un momento. Fue creada como secretaría del poder ejecutivo en el 2002, en parte para cumplir con los compromisos del gobierno relacionados con asuntos agrarios que se habían establecido en los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado interno en el 1996.
Sin embargo, el presidente Alejandro Giammattei eliminó la Secretaría de Asuntos Agrarios el año pasado junto con la Secretaría de Paz y una comisión presidencial de derechos humanos. En su lugar se creó una Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos.
La COPADEH tardó en ponerse en marcha pero este año ha inaugurado ya 13 de sus 16 sedes regionales, entre las cuales está la sede en Puerto Barrios, capital departamento de Izabal, que fue inaugurada en agosto. Atención a conflictos es una de las cinco direcciones de la comisión y ha iniciado actividades relacionadas con conflictos agrarios como reuniones multisectoriales y procesos de diálogo.
No obstante, la situación en Chinebal está tirante, ya que la orden de desalojo sigue pendiente y se podría llevar a cabo en cualquier momentos. Las operaciones policiales atemorizaron a muchos pobladores pero el asesinato de Chaman también ha provocado rabia y determinación.
“Mi marido murió por la tierra”, dijo Ac, su viuda, quien junto con otras mujeres pobladoras dijo que no iban a abandonar la lucha. “Ya no me muevo de aquí. Si viene la policía, que nos mate a todos”.
