El Estor: Historia de criminalización, resistencia y rebeldía. Parte 2

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Créditos: Kajkoj Máximo Ba Tiul
Tiempo de lectura: 6 minutos

Kajkoj Máximo Bá Tiul[1]

“El 8 de mayo de 1971 el gobierno de Arana Osorio finalmente otorgó la concesión a EXMIBAL; ​esta cubría 385 kilómetros cuadrados en el área de El Estor, con una inversión inicial de US$228 millones. La mina, construida en las montañas de los indígenas Q’eqchi incluía un complejo residencial de 700 casas, numerosas oficinas, un hospital, un pequeño centro comercial, escuela, una cancha de golf y una gran área de procesamiento industrial”[2]

“De acuerdo con Bauer Paiz, las concesiones de explotación se otorgaron en una época en la que en el país no regía ninguna Constitución pues gobernaba el presidente de facto Enrique Peralta Azurdia con poderes dictatoriales amparado únicamente por una Carta de Gobierno, quien aprobó el Código de Minería que habían redactado personeros de INCO/EXMIBAL en 1965. Según Bauer Paiz, «las anomalías que se registraron en el trámite de los expedientes; la vinculación indudable de algún funcionario de la Dirección de Minería con EXMIBAL; la gran importancia estratégica del níquel; la no disimulable preocupación de INCO en el texto del Código de Minería y la falta de conocimiento que tuvo la ciudadanía guatemalteca respecto a la preparación y puesta en vigor del Decreto-Ley 342, Código de Minería, son presunciones graves a favor de la tesis, de que tal legislación es […] hecha a la medida de EXMIBAL y sus afiliadas o matrices«”[3]

 

Hoy El Estor, así como unos años atrás fue Sipakapa, Ixtahuacán, la Puya, Río Dolores, San Mateo, Cotzal, Nebaj y San Juan Sacatepéquez, es reprimido por el Estado Criollo de Guatemala.  Una represión que se hace en nombre del capitalismo, el neoliberalismo, el extractivismo. En nombre de los Tratados de Libre Comercio, de acuerdos bilaterales y multilaterales de inversión.  Se hace para favorecer a empresas nacionales e internacionales.

El Estor es reprimido para quedar bien con GCN-PRONICO, miembro de Solway Investment Group, de capital suizo, ruso y canadiense.  Así como no importó reprimir a las comunidades indígenas, para quedar bien con la empresa canadiense GOLD CORP o con otras empresas como ENEL.  También se reprime para quedar bien con la burguesía guatemalteca, como la represión de San Juan Sacatepéquez para favorecer a Cementos Progreso, antes Cementos Novella.  Así como se va a desalojar comunidades para quedar bien con ACDEPRO, finqueros de la Verapaz y el CACIF.  También se ha reprimido y matado para quedar bien con Multi Inversiones y así construir una red de hidroeléctricas en Alta Verapaz, como el complejo RENACE.

Ahora no es por EXMIBAL, pero la práctica sigue siendo la misma. El Proyecto Fenix ​​es una planta de producción de ferroníquel totalmente integrada en el este de Guatemala, desarrollada por primera vez en 1960. En 2011, Solway Investment Group compró el 98,2% del proyecto a la empresa canadiense HudBay Minerals y dio un nuevo comienzo al proyecto. Hoy, el Proyecto Fenix ​​está compuesto por una mina de níquel de clase mundial, una planta de energía recién construida y la instalación de procesamiento de metales ProNiCo. El proyecto tiene derechos mineros sobre 36,2 millones de toneladas de reservas de mineral de níquel con 1,86% de níquel, así como derechos sobre 70,0 millones de toneladas adicionales de recursos dentro de su área de licencia. En 2014, la planta de ProNiCo comenzó a operar, y actualmente está avanzando para operar a su capacidad de producción de más de 20 kt de níquel por año (…) Fenix, que utiliza la moderna tecnología de proceso RKEF, fue construido por Solway entre 2011-2014. La planta ha estado operativa desde mayo de 2014. En la actualidad, el proyecto produce más de 1.000 toneladas métricas de níquel en ferroníquel cada mes”[4].

Como todas las empresas que operan en el país y en América Latina, se dicen llamar responsables y generadores de empleo.  Convencen a las comunidades con la reparación de carreteras, pintar escuelas, donar escritorios, construir centros de salud, apoyar el deporte para convencer a los más jóvenes, e introducir siembra de nuevos cultivos, supuestamente para apoyar programas de alimentación.

Se presentan y con esto convencen a los inversores, que cuidan y protegen el ambiente. Regalando o sembrando algunos arbolitos, apoyan programas educativos ambientales, en donde participan muchas organizaciones y ONGs. Apoyan la formación de profesionales, con pequeñas becas y los convencen para hacer voluntariados que sirven para ir a convencer a las demás comunidades.

Fenix y ProNiCo, en su página web se promociona como el mayor empleador local, porque brinda trabajo a más de 1900 personas. Pero no dice si son empleos permanentes o temporales, o cuantos de ellos son mano de obra calificada y cuantos son mano de obra barata.  Son en su mayoría de esta última clasificación, sobre todo porque se evade la responsabilidad de pago de prestaciones y otros beneficios que debe tener el trabajador de acuerdo al Código de Trabajo.

En cuanto al trabajo, estas empresas (mineras, hidroeléctricas, mono cultivos, etc), no garantiza trabajo permanente, solo temporal, además no permite la organización de los trabajadores, particularmente en sindicatos, si no que se vale de contratistas, al estilo de las cuadrillas (forma de llevar trabajadores a las fincas).  Una persona se encarga de reclutar gente para ir a trabajar a la compañía y este es quien negocia el pago y adquiere un porcentaje como comisión según la cantidad de trabajadores que lleve para trabajar: “Esto regresando de la hidroeléctrica en Cotzal, llevé una cuadrilla de trabajadores.  Gano un porcentaje por cada trabajador que llevo y el trabajador también me da otro porcentaje por hacerle el favor de incluirlo en la lista”[5].

Con esta practica de reclutamiento de trabajadores, la empresa evade su responsabilidad con el trabajador, siendo este ultimo el explotado con su trabajo, pero es manipulado para que defienda la existencia de la mina, como sucede hoy con situación de El Estor, que hay un grupo que defiende la mina en contra de toda una gran población que se opone a ella.

La situación de El Estor y de otros lugares de ese territorio (Alta Verapaz e Izabal) con las diferente empresas y fincas es de larga data.  Ningún gobierno ha querido resolverlo, porque su interés siempre ha sido el enriquecimiento ilícito. No les importa las secuelas que este tipo de inversión deja para las comunidades.

Cuando comenzó a operar EXMIBAL no se había desarrollado la legislación internacional en materia de pueblos indígenas, además había continuidad de la idea de que el indio era un problema.  Por otro lado, el país tenia gobiernos dictatoriales y militares, en donde el método que se utilizaba era reprimir, ejecutar y desaparecer a quienes se oponían a la explotación de los recursos.  Estábamos en plena guerra fría, en donde el enemigo era un comunista, un insurgente y entonces se promovió la tierra arrasada o el desplazamiento de comunidades enteras para dejar libre el acceso a los territorios a los dueños del capital: empresas, finqueros, narcotraficantes, etc.

Los pueblos originarios, desde siempre han utilizado para presentar sus demandas las normas mismas de la democracia burguesa.  Utilizando los cánones respectivos que da la “supuesta sociedad civilizada”, sin embargo, esto no ha sido suficiente, porque a pesar de estar desarrollada la normativa de derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, estos han sido poco observados y cumplidos por los gobiernos de turno.

En nombre del “desarrollo” se mata.  Como decía un embajador de Alemania en Guatemala, cuando acompañamos a comunitarios de río Dolores a presentar una queja sobre la inversión de KFW en la construcción de la hidroeléctrica Santa Rita: “para construir el desarrollo a veces debe correr sangre”.  Esa es la lógica del capitalismo y que choca con la lógica de los pueblos indígenas.

Tampoco es cierto que hasta ahora los pueblos indígenas han reclamado su territorio[6], eso ha sido desde los años próximos a la invasión española, lo que pasa es que en los últimos años del siglo XX y principios del siglo XIX, la campesinizacion de los indígenas, creó condiciones desfavorables para tener sus tierras y con los embates del neo extractivismo, la situación se ve mucho peor, los territorios siempre han sido disputados y los vemos en documentos antiguos que tienen las comunidades.  Ese fue el objetivo de suprimir las tierras comunales en la reforma liberal, por eso, les quitaron sus títulos de propiedad a hombres y mujeres indígenas antes de ser torturados y acusados de ser guerrilleros en la zona militar de Cobán.  Ahora muchas de esas tierras están en manos de excomisionados, ex patrulleros de autodefensa civil y ex militares.

Hoy una minera, suspendida por la Corte de Constitucionalidad en el 2019, condiciona a Giammattei y a la institución de seguridad para que reprima a una parte del Pueblo Q’eqchi’.  Así como ha sido ya costumbre en los últimos gobiernos al ponerse de alfombra ante el capital transnacional.

Los pueblos originarios han sido reprimidos por reclamar el derecho a su tierra y territorios y esto comienza desde la instalación de Pedro de Alvarado en nuestro territorio, como el asesinato de Kaji Imox y Belejeb’ Tz’i, Oxib’ Kej y Belejeb’ Kat, Kaib’il B’alam en los primeros años de la colonización, y a partir de ahí podemos hacer una lista de hechos en contra de los pueblos originarios por parte del Estado Colonial, pero no es nuestro interés ahora, solo queremos presentar algunos ejemplos que demuestran que este Estado ha sido tan criminal en contra de los pueblos originarios desde sus inicios.

[1] Maya Poqomchi, antropólogo, filósofo, teólogo, profesor universitario.

[2] ibidem

[3] https://hoyhistoriagt.org/2021/01/13/12-de-febrero-de-1971-convenio-con-exmibal/

[4] https://solwaygroup.com/our-business/fenix-project-guatemala/

[5] Plática en el 2019 con un contratista que regresaba de dejar un grupo de trabajadores a Cotzal.

[6] https://lahora.gt/de-la-tierra-al-territorio/, visto ultima vez el 27 de octubre de 2021

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