Por Regina Pérez
Diputados de varias bancadas de oposición realizan una verificación del estado de sitio en El Estor, Izabal, impuesto por el gobierno de Alejandro Giammattei así como del proceso de consulta comunitaria sobre las operaciones de la minera Fénix, que dará inicio el 12 de noviembre, ante el descontento de gran parte de la población que no fue tomada en cuenta para participar en la misma.
Las y los diputados Sonia Gutiérrez y Edgar Batres de la bancada Winaq; Osmundo Ponce, de URNG; Román Castellanos, de Semilla y Evelyn Morataya, independiente, se reunieron con representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos, de la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura y con pobladores afectados por la actividad minera.
Este jueves se reunieron con pobladores que les refirieron que la mina no les permite pescar y que trabajadores mineros van a los allanamientos que realiza la Policía Nacional Civil (PNC) señalando las casas de comunitarios y de autoridades ancestrales que apoyaron la resistencia que duró más de 20 días, en la que exigieron ser tomados en cuenta para la consulta comunitaria sobre el proyecto minero Fénix.
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Según información de la bancada Semilla, los pobladores pidieron que sus representantes sean tomados en cuenta. “Tenemos formas de organizarnos”, dijo uno de los comunitarios. Además, pidieron que se anule la consulta comunitaria que prepara el Ministerio de Energía y Minas (MEM), que iniciará mañana, porque consideran que no hay condiciones para realizarla.
#ElEstor Comunitarios manifiestan a diputados que quieren que sus representantes sean tomados en cuenta para la consulta comunitaria sobre el proyecto minero Fénix. "Tenemos nuestras formas de organizarnos" dijo uno de los pobladores.
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— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) November 11, 2021
La realización de la consulta comunitaria, que excluyó a los miembros del Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’, fue la razón por la que durante más de 20 días realizaron un plantón pacífico, para no permitir que camiones cargados de carbón ingresaran a la planta del proyecto minero de CGN-Pronico, exigiendo su derecho a participar en el proceso de preconsulta.
La respuesta del gobierno de Alejandro Giammattei fue imponer un estado de sitio por 30 días en el lugar, en el que, según verificaciones realizadas por organizaciones de derechos humanos y autoridades ancestrales, se ha impuesto el miedo y la zozobra en la población y en los líderes comunitarios que están siendo perseguidos.
El diputado Román Castellanos, de la bancada Semilla, dijo durante la reunión con representantes de la PDH de la oficina central, les confirmaron que a raíz de la exclusión de varias comunidades que han solicitado participar en la preconsulta y, que no se les tomó en cuenta, la conflictividad social se profundizó en el municipio, dando como resultado el plantón pacífico.
“La PDH enfatiza que si se les sigue excluyendo de la participación en la consulta a varias comunidades, cuyas autoridades están legítimamente electas, la crisis se va a profundizar y se está diseñando una consulta, casi que es una farsa, donde solo participan personas cercanas a la municipalidad y a la empresa”, dijo Castellanos.
Se prevé que la consulta comunitaria inicie el 12 de noviembre y finalice el 9 de diciembre, informó la PDH.
#ElEstor Diputados @rocasgt @SoniaGRaguay @edgarbatresgt @EvelynMorataya y Edmundo Ponce se reúnen con comunitarios, quienes les refirieron que la mina no les permite pescar.
Los diputados están en Izabal para verificar el estado de sitio y el proceso de consulta.
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Se registran al menos 21 capturas en el estado de sitio
Las y los diputados también se reunieron con representantes de la Oficina Nacional de la Tortura, para solicitarles que verifiquen las condiciones de las personas detenidas durante el estado de sitio. Los representantes de dicha Oficina les informaron a los congresistas que únicamente han verificado las condiciones de dos personas, de 21 detenidos hasta el 8 de noviembre de 2021.
“Le hemos solicitado que asistan al centro carcelario de Puerto Barrios, se reúna con los detenidos y conozca en qué situaciones están, porque tenemos información de que algunos detenidos no tienen los recursos para pagar a un abogado, por lo tanto, es necesario que la Defensa Pública Penal esté al tanto y además que la Oficina garantice que a todos los privados de libertad se les garanticen sus derechos”, dijo el diputado Castellanos.
Los legisladores también tenían previsto reunirse con el alcalde de El Estor, José Joel Lorenzo Flores y con el coordinador operativo del estado de sitio, tras lo cual ofrecerán una rueda de prensa sobre esta visita de verificación.
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En El Estor hay asedio, zozobra y miedo, señalan organizaciones
