Nueve miembros de la Cámara de Representes enviaron una carta a través del Departamento de Estado en la que también piden que se exija al gobierno de Alejandro Giammattei dar explicaciones por el uso de equipo donado por Estados Unidos, como los jeeps J8, que “pudo haber sido utilizado para la represión”.
Por Héctor Silva Ávalos y Juan Calles
El reclamo de los legisladores estadounidenses está relacionado con las acciones del gobierno de Giammattei en El Estor, Izabal, donde la Policía Nacional Civil (PNC) y el ejército, bajo sus órdenes, reprimieron la protesta pacífica de líderes del pueblo Q’eqchi’ en contra del proyecto minero Fénix, propiedad de una compañía suizo-rusa.
La principal preocupación de los congresistas es que la ayuda estadounidense sea utilizada “directa o indirectamente para apoyar violaciones a los derechos humanos y obstruir procesos democráticos por parte del gobierno de Guatemala, incluidos el Ministerio Público, la Policía, personal de inteligencia y militar, y para atacar a las comunidades maya Q’eqchi’, en particular periodistas y defensores de derechos humanos”, dice en la carta firmada por nueve congresistas y enviada la mañana del martes 30 de noviembre al secretario de Estado Anthony Blinken.
Los legisladores piden, entre otras cosas, que se castigue a los oficiales del Estado guatemalteco implicados en violaciones a derechos humanos en El Estor.
Los firmantes son los representantes Raúl Grijalva, Jesús García, Norma Torres, Alan Lowenthal, Juan Vargas, Ilhan Omar, Alexandra Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib y Joaquín Castro, todos del partido demócrata.
Esta es la primera condena pública de congresistas estadounidenses a los sucesos ocurridos en El Estor, Izabal, en octubre.
A principios de aquel mes, líderes de cuatro consejos ancestrales Q’eqchi’ en representación de un centenar de comunidades afectadas por la actividad de la mina suizo-rusa bloquearon la entrada y salida de camiones al recinto minero. Los Q’eqchi’ también protestaban porque el gobierno de Giammattei, desoyendo una resolución definitiva de la Corte de Constitucionalidad (CC) de 2020 que ordena el cese de actividades de la mina, sigue tolerando la ilegalidad de la operación, y porque las comunidades directamente afectadas por la extracción minera no han sido tomadas en cuenta en el proceso de preconsulta ordenado por la CC.
Para finales de octubre, la mina se empezaba a quedar sin el suministro de carbón que necesita para operar, por lo que el gobierno de Giammattei utilizó a la PNC y al ejército para reprimir a los Q’eqchi’ el fin de semana del 23 y 24 de ese mes. Fue en esas operaciones que el Estado utilizó, en El Estor, los jeeps J8 estadounidenses, donados para uso exclusivo de actividades antinarcotráfico a la Fuerza de Tarea Chortí.
Ya en el pasado, pero durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales, el gobierno guatemalteco utilizó los J8 para intimidar a voces críticas. En octubre de 2018, el ministerio de gobernación ordenó el uso de los jeeps para rondar la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en la Ciudad de Guatemala. Ante los reclamos de otros congresistas estadounidenses, el entonces jefe de la inteligencia de Morales, Mario Duarte, respondió con sorna que podían devolver los jeeps a Washington. Hoy, Duarte es agente de una compañía lobista que trabajó con allegados al expresidente Donald Trump.
En su carta del martes, los congresistas piden a la Casa Blanca que exija a Giammattei explicaciones sobre “el destino de equipo estadounidense donado, incluidos jeeps y otros vehículos entregados para operaciones antinarcóticos, registradores portátiles de huellas dactilares e información biométrica que pueda ser usada para identificar a líderes indígenas, apoyar el uso de Pegasus y otro software que se pueda utilizar para identificar a activistas o líderes de la oposición política.”
Guatemala es uno de los países latinoamericanos citados por un estudio de la Universidad de Toronto cuyos gobiernos utilizan el software Pegasus para espiar a periodistas y opositores.
Los congresistas también quieren que Giammattei explique cuál fue “la cadena de mando que permitió que las donaciones estadounidenses fueran utilizadas en detrimento de los procesos democráticos y o para otros usos que van en contra de las intenciones e intereses de los Estados Unidos”. Y piden los legisladores que el gobierno de Guatemala reconozca si ha proveído datos inexactos a funcionarios estadounidenses sobre lo ocurrido en El Estor.
El 24 de octubre pasado, el Ejecutivo de Giammattei decretó el estado de sitio en El Estor, que el Congreso confirmó el día siguiente. Con el régimen de excepción, el gobierno militarizó el municipio y emprendió la persecución selectiva de líderes indígenas y periodistas que este medio ha denunciado y los congresistas hoy condenan.
Condena a la mina
En Guatemala, el gobierno y los representantes de la minera han jugado hasta el cansancio con las palabras para intentar criminalizar la protesta Q’eqchi’ y matizar la ilegalidad del funcionamiento de la mina en El Estor. Los congresistas estadounidenses, al parecer, lo tienen todo bastante claro.
La mina, dicen, “ha operado ilegalmente y ha fallado en consultar con las comunidades indígenas, tal como la requiere la Convención 169 e la Organización Internacional del Trabajo”.
Tampoco tienen duda los legisladores sobre los propósitos del estado de sitio en El Estor y su relación con la actividad minera. “La continua militarización de la región y la extracción de los recursos naturales de las comunidades locales ha provocado un desplazamiento forzado significativo. Quienes se oponen a la mina han sido criminalizados por años, y la comunidad ha sido traumatizada”. Hay testigos, escriben los congresistas, de que opositores a la mina sufrieron violaciones sexuales, sus casas fueron quemadas y algunos incluso fueron víctimas de atentados a sus vidas.
Hay, concluyen los firmantes, “documentación extensa de que personal policial, militar y de inteligencia, apoyados por helicópteros y navíos han recurrido a actos de violencia e intimidación para apoyar la continua operación ilegal de la mina”.
Ante esa situación, las peticiones de los congresistas demócratas son bastante concretas: Que la Casa Blanca evalúe si hay líneas de apoyo financiero estadounidense al proyecto Fénix o a proyectos relacionados que apoyen a la mina en la región; que se evalúe el apoyo y capacitación de la policía y el ejército de Guatemala a la luz de los abusos a los derechos humanos y que cese cualquier ayuda a los agentes estatales involucrados con el estado de sitio y la represión en El Estor.
También piden a la embajada en Guatemala que tome una postura pública e inequívoca de apoyo a aquellos cuyos derechos humanos hayan sido vulnerados y que apoye con firmeza la investigación de quienes se han visto envueltos en estos crímenes.
