La Comisión Ciudadana por la Transparencia del municipio de Cajolá, Quetzaltenango, junto a la bancada Winaq, anunció que el alcalde de ese municipio no cuenta con inmunidad, ahora podrá ser investigado por el Ministerio Público (MP) por irregularidades en la ejecución de siete proyectos en el municipio.
Por Diego Petzey
La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de Quetzaltenango, retiró la inmunidad a Juan Gómez López, alcalde de Cajolá, por una acción de antejuicio promovida por la Comisión Ciudadana por la Transparencia y Probidad de ese municipio.
La acción se realizó a través de un proceso de auditoria social donde se detectaron varias anomalías en siete proyectos durante el primer período del alcalde durante los años 2017, 2018 y 2019.
Gómez llegó a la municipalidad de Cajolá en 2015, después de haber ganado las elección de ese año postulado por el Partido Patriota y en 2019 se reeligió al ganar las elecciones por el partido FCN-Nación con una diferencia de 13 votos.
La primera denuncia fue desestimada
Uno de los integrantes de la comisión ciudadana relató que en reiteradas ocasiones solicitaron información pública a la municipalidad de Cajolá y en todas se les fue negada, posteriormente presentaron una denuncia en el MP en contra de la municipalidad por negar el acceso a la información pública, pero el Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango lo resolvió sin lugar.
La desestimación de la denuncia no desanimó a la comisión ciudadana y comenzaron a realizar fiscalización social y verificación ocular de varias obras que había realizado la municipalidad en varias comunidades, con este ejercicio detectaron varias anomalías en siete proyectos.
Con esos hallazgos, el 23 de junio de 2020 presentaron otra denuncia ante el MP, luego llegaron al juzgado correspondiente en donde presentaron las pruebas que habían recabado.
Un año después de haber iniciado este proceso, el 27 de octubre de este año se les notificó que el Tribunal de Amparo declaró con lugar el antejuicio que promovieron y nombró como al juez del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Quetzaltenango quien deberá remitir las actuaciones pertinentes al MP.
“Queremos informar al pueblo de Cajolá… que el señor Juan Gómez, en este momento alcalde municipal de Cajolá ya no cuenta con antejuicio”, declaró uno de los integrantes de la comisión ciudadana por la transparencia durante una conferencia de prensa a finales de octubre.
Para la diputada Sonia Raguay, jefa de la bancada Winaq, este caso de auditoria social deja un precedente a nivel nacional, porque todo funcionario que no ejecute correctamente los recursos públicos “debe ser llevado a tribunales para ser juzgado”. La bancada ha brindado apoyo a la comisión durante este proceso para solicitar auditorias a la Contraloría General de Cuentas en donde se constató que en efecto, existen anomalías e irregularidades en los proyectos denunciados.
Los siete proyectos con anomalías
En los siete proyectos, la municipalidad hizo constar en actas de diversas fechas que habían sido culminados satisfactoriamente.
El primero, denominado “mejoramiento sistema de agua potable (línea de distribución) centro de Cajolá, Quetzaltenango” fue realizado por la empresa Ingeniería de soluciones quien tiene como representante legal a Carlos Isaac Lemus Turnil. La obra tuvo un costo total de Q799 mil 552, el acta 5-2019 de fecha 24 de mayo de 2019 dice que se culminó satisfactoriamente.
El segundo proyecto denominado “Ampliación sistema de alcantarillado sanitario caserío los Vásquez y Huiniles, cantón Xecol, Cajolá, Quetzaltenango” fue realizado por la empresa Materiales & Constructora Civil (MAYCONI) quien tiene como representante legal a Alberto Ixcolin Pérez, la obra tuvo un costo total de Q890 mil 529 y el número de acta 18-2018 de fecha 12 de noviembre 2018.
El tercer proyecto, “Construcción pozo(s) caserío Los Díaz, Cajolá, Quetzaltenango” fue realizado por la empresa Consultoría y Construcciones Chuikabal, cuyo representante legal es Juan Antonio Castillo Minera, tuvo un costo de Q854 mil y el acta 17-2017 de fecha 18 de diciembre de 2017.
El cuarto proyecto, “Construcción de pozo, cantón Xetalbijoj, Cajolá, Quetzaltenango” fue realizado por la empresa Construcciones Díaz, propiedad de Otoniel Dagoberto Diaz Mazariegos con un costo de Q655 mil 640 y el acta No. 19-2017 de fecha 18 de diciembre de 2017.
El quinto proyecto denominado “Construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales planta de tratamiento, cabecera municipal de Cajolá, Quetzaltenango” fue realizado por la empresa Constructora Comprosegua, propiedad de Gonzalo Encarnación Pacajá López, con un costo de un poco mas de Q2 millones y el acta 10-2018 de fecha 12 de junio de 2018.
El sexto proyecto, “Construcción sistema de agua potable fase final, cantón Xetalbijoj, Cajolá, Quetzaltenango” fue realizado por la empresa EFA Multiservicios, propiedad de Evelyn Fabiola Gramajo Mérida, con un costo total de Q1 millón 473 mil y el acta No. 16-2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, donde se dice que fue culminado.
El séptimo proyecto, “Construcción pozo(s) mecánico con equipamiento y tanque de distribución, caserío los López, Cantón Xetalbijoj, Cajolá, Quetzaltenango” fue realizado por la empresa Constructora JP, propiedad de José Antonio Pérez Rodríguez, con un costo total de Q1 millón 646 mil 500 y el acta No. 18-2019.
En los siete proyectos la Comisión Municipal por la transparencia aportó pruebas y testigos donde evidencia que los proyectos no estaban funcionando y que en la mayoría están inconclusos pero la municipalidad reportó que los proyectos estaban finalizados y en funcionamiento, según las actas de recepción y liquidación de cada obra que se encuentran en el portal electrónico de Guatecompras.
Según las denuncias, en algunos casos la municipalidad realizó cobros a los beneficiaros, este dinero supuestamente serían utilizados como contraparte por parte de la población, pero hasta en la actualidad no se sabe que ocurrió con este dinero, según la comisión ciudadana en una reunión que sostuvieron con el consejo municipal en noviembre del 2020, el síndico primero dijo que este dinero había sido entregado a la SAT.
“Suplicamos al Ministerio Público y a las instancias legales correspondientes que se investigue también no solamente al alcalde municipal sino también a los involucrados, el concejo municipal, el ingeniero (supervisor de obras de la municipalidad), el auditor interno (de la municipalidad) y a las constructoras, que se aclare que pasó con estos siete proyectos y que no queden impune”, concluyó uno de los integrantes de la comisión ciudadana por la transparencia.
La comisión ciudadana por la transparencia también explicó en idioma maya Mam los hallazgos encontrados y el avance del proceso.
La fiscalización ciudadana es un derecho criminalizando
Edy Cux, director legal de Acción Ciudadana, consideró que el trabajo de fiscalización que realizan las comisiones ciudadanas por la transparencia es transcendental en un ambiente en el que no se nota ningún tipo de solución a nivel político ni de gobernabilidad por el Estado, ni por instituciones como el Ministerio Público; añadió que con las fiscalizaciones, evidencian los posibles actos de corrupción que comenten los funcionarios públicos y además promueven cambios de política.
Según Cux, en los últimos años el ejercicio de fiscalización por parte de ciudadanos se ha ido criminalizando a través de denuncias penales y existen antecedentes de que son los mismos alcaldes municipales, gobiernos locales o personas allegadas a las municipalidades que han criminalizado el trabajo de las vecinas y vecinos, por la misma cultura de opacidad que se promueven desde el gobierno central.
Como caso emblemático de criminalización de las comisiones ciudadanas por la transparencia se destaca un caso sucedido en San Pedro la Laguna, Sololá, en un grupo de vecinos fueron denunciados por un integrante del concejo municipal, por difamación, por haber revelado datos en sus auditorias sociales.
Las y los vecinos fueron ligados a proceso y se les sentenció con arresto domiciliario, además de pagar una multa económica y no hablar o criticar al alcalde municipal o a cualquier integrante del consejo municipal.
En el caso de Cajolá, la Comisión Ciudadana por la transparencia relató que uno de sus integrantes ha sido intimidado por un exconcejal municipal, que en estado de ebriedad intentó agredir de manera física a uno de sus familiares.
