Créditos: Rony Morales
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Por Prensa Comunitaria

El ciclo de protestas contra el gobierno de Alejandro Giammattei continúa. Y la respuesta de la Policía Nacional Civil es la misma.

El lunes, la policía roció gas pimienta al rostro de dos manifestantes y, haciendo uso desproporcionado de la fuerza, desalojó durante la mañana una movilización pacífica sobre la avenida Aguilar Batres, en la ciudad capital. Quienes manifestaban su apoyo a la población Q’eqchi’ del Estor, Izabal, y pedían la renuncia del presidente, fueron intimidados y obligados a despejar la vía.

En distintos puntos del país, desde muy temprano, cientos de personas se movilizaron para atender la convocatoria de un paro plurinacional que hizo el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) en solidaridad con el pueblo Q’eqchi’ que está bajo estado de sitio en El Estor, Izabal y por el aumento en los precios de la canasta básica y de la energía eléctrica, pero también para pedir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, a quien señalan de ser parte de una red de corrupción.

La protesta también es para mostrar su respaldo a jueces y juezas que están bajo ataque de parte del sistema de justicia y de élites empresariales, políticas y militares vinculados en casos de corrupción.

Estas protestas, previstas para que continúen mañana en más de 20 puntos del país según la información proporcionada por la dirigencia campesina, tienen como elemento común la reivindicación de un proceso para alcanzar una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional; a esta demanda se suma cada expresión de CODECA, a las que en los departamentos se agregan demandas locales.

Las movilizaciones de este lunes, así como las que se registraron a inicios de este mes, el 4 y 5 de noviembre en Alta Verapaz, también en apoyo a El Estor, han tenido como respuesta gubernamental la represión  policial. Así lo confirman las denuncias hechas por quienes han sido las víctimas de lo que han considerado como abuso policial.

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Represión contra población Q’eqchi’ de Cobán que manifiesta su apoyo a El Estor

Esta forma de operar de la Policía Nacional Civil (PNC) tiene un antecedente que podría explicar parcialmente la visión con que las autoridades han respondido al ciclo de protestas que se inició casi un año atrás.

El 21 de noviembre de 2020, la policía disparó bombas lacrimógenas en contra de cientos de personas que manifestaban de forma pacífica en el centro de la ciudad por la aprobación anómala del presupuesto 2021 en el Congreso de la República. En esa ocasión, dos jóvenes perdieron sus ojos izquierdos, una joven fue arrastrada y agredida por varios policías, un fotógrafo recibió golpes en la cabeza por documentar la represión policial y al menos una docena de personas fueron detenidas durante la manifestación. El juez de turno que escuchó a los detenidos en su primera declaración determinó que la policía los había arrestado sin ninguna razón.

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Dos manifestantes perdieron el ojo durante protestas; uno está delicado

Esa forma de respuesta a la protesta social se ha replicado en Quetzaltenango y Huehuetenango. En ambos casos, tres elementos comunes pudieron ser constatados por corresponsales de Prensa Comunitaria: la represión contra personas que protestaban de manera pacífica; el segundo, el uso de gas lacrimógeno; y el tercero, la detención de gentes que se encontraban protestando en el parque central.

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Días después de la represión policial del año pasado, el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades) público un documento de análisis sobre la doctrina policial guatemalteca que establece cómo deben actuar los agentes policiales y qué limites tiene para ejercer la fuerza.

De los principales hallazgos destaca que la policía no utilizó medios preventivos antes del uso de la fuerza, incumpliendo el principio de necesidad y rompiendo el principio de congruencia al utilizar gas lacrimógeno contra los manifestantes que se encontraban en la plaza central. Para Iepades, el gas lacrimógeno es catalogado como un arma química que, de acuerdo a las normativas internacionales, no se recomienda usar en presencia de niños, ancianos y mujeres y, como se atestiguó, ocurrió lo contrario.

Para la politóloga Carmen Rosa De León, directora del Iepades, lo que mostraron las acciones de la policía, a cargo del ministro de gobernación Gendry Reyes, fue un retroceso en materia de formación policial, que inició en la administración del exministro Enrique Degenhart durante el gobierno del presidente Jimmy Morales.

En entrevista de hace un año con De León, lo que se resaltó fue el tránsito “de una policía profesional a una policía represiva como la de los años 80”. Y de esa fecha para acá, las acciones de la PNC han venido mostrando que en situaciones como las de este lunes 15 de noviembre que la respuesta a la protesta será de violencia aún y cuando implique la violación de derechos humanos, como sucedió con la resistencia de El Estor, y una de las razones por las que CODECA convocó el paro plurinacional que está previsto para este 15 y 16 de noviembre.

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Acá lo más destacado de la jornada:

En Suchitepéquez, al sur del país, decenas de policías intentan desalojar a la manifestación pacífica en Cocales.

En la ciudad capital, la policía roció con gas pimienta el rostro de dos personas que se eran parte de la movilización, sobre la avenida Aguilar Batres:

A pesar de la lluvia, se movilizan. En San Julián, uno de los asistentes dijo: “Alta Verapaz produce energía, sin embargo las familias cercanas a las hidroeléctricas no cuentan con servicio eléctrico”.

Morales, Izabal: mujeres y juventud encabezan movilización. Durante esta jornada América Pérez, de CODECA, en el lugar conocido como la Ruidosa, en Morales, Izabal, expresó su malestar por precio de los productos de la canasta básica, porque en esta crisis, agrega, “el dinero ya no alcanza.

“Guatemala es rica, tiene muchas riquezas, nos han empobrecido las grandes empresas. Dicen que los pobres nacimos para ser pobres. Eso es mentira. Ellos vinieron para saquear al pueblo de Guatemala”, esas fueron las palabras de una persona que se unió a la movilización en el kilómetro 178.5, sobre el puente Castillo Armas, en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu.

En Salcajá, manifestantes se reunieron alrededor del monumento al migrante, para  pronunciarse contra el estado de sitio en El Estor.

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