Por Prensa Comunitaria
Dos mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron movilizados ayer para ejecutar una orden de desalojo en las comunidades Pancoc, los Encinos, Tamaxaque y Pampa, de la finca San Rafael, en Purulhá, Baja Verapaz, por una orden emitida desde el juzgado de paz de San Jerónimo.
En esas comunidades, sigue sin esclarecerse por parte de las autoridades la desaparición del pastor y líder comunitario Carlos Enrique Coy el 3 de agosto de 2020, y el asesinato de Abelardo Quej Ixim el 8 de diciembre de 2020, ambos vecinos de esas comunidades.
Según uno de los comunitarios, que pidió resguardar su identidad por temor a represalias, el desalojo fracasó por la resistencia de las familias que luchan por recuperar sus tierras ancestrales a pesar de que el finquero Byron Thomae, que dice ser el dueño, había llevado a alrededor de 180 personas para que se instalaran en el lugar después de que se consumara el desalojo.
También se informó que los agentes de la PNC utilizaron gases lacrimógenos en el intento de desalojo de las personas; hubo niños, niñas y mujeres que fueron afectadas por el efecto del gas.
#Alerta | Pobladores de las aldeas Puente de Pancoc, Monjón y Calijas, Purulhá, Baja Verapaz, resistieron a un intento de desalojo este día. Alrededor de 200 familias fueron reprimidas por un contingente de 1,200 agentes de la PNC movilizados para ejecutar la orden. (1/2) pic.twitter.com/kyZMAd2eNf
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) November 10, 2021
Thomae y la Agropecuaria Pananish S.A. tienen varias denuncias como parte de la persecución y criminalización contra los comunitarios; desde 2016 hay 34 órdenes de captura contra los miembros de la comunidad acusados de invasión y usurpación de tierras.
Según uno de los de los líderes comunitarios, “la tierra es de nuestros abuelos quienes vivían aquí por cientos de años, los finqueros alemanes vinieron a despojar y explotar las tierras. Ahora son los nietos de los alemanes quienes están reprimiendo y amenazando con la policía del gobierno”.
La Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) señaló en un comunicado que la movilización de la PNC se realiza como “un favor a la oligarquía terrateniente”, mientras que las comunidades decidieron ejercer su derecho a la resistencia pacífica ante las injusticias cometidas, en referencia a los hechos que han marcado esa problemática en la comunidad, debido a la desaparición de Coy y el asesinato de Quej Ixim.
A la fecha, las autoridades no han dado respuesta clara y contundente a esos asesinatos y desapariciones, señaló la UVOC en el comunicado y exigió el cese inmediato de la represión en contra de las comunidades de Purulhá.
Juzgado ordena desalojo y otro se desvincula
En un acontecimiento poco frecuente y relacionado con los hechos, el Juzgado de Paz del municipio de Purulhá emitió un comunicado en el que dio a conocer que las diligencias de desalojo desarrolladas en las comunidades mencionada eran totalmente ajenas a ese juzgado, enfatizando que se encontraba al margen de todas las diligencias y exhortando a la población a mantener la calma y continuar con sus actividades diarias.
Al referirse a los desalojos, el abogado Ramón Cadena, informó que es un juzgado de instancia el que define, pero siempre los jueces son garantes de la vida de las personas y debe haber un estudio de fondo antes de emitir una orden de este tipo.
“En este caso, cuando emiten un comunicado indicando que son ajenos a estos temas, tratan de comunicar que ellos no son los culpables de las represiones en contra de las personas”, indicó.
Cadena añadió que las personas están defendiendo el derecho a la propiedad, el derecho a la tierra, el Estado con todas las instituciones, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y las leyes, deberían defender el derecho de las personas.
“Lo que pasa es que los tres poderes del Estado lo que hacen es defender los intereses de los poderosos, los que tienen tierra que lo que quieren es tener más ganancias, más riquezas y lo que quieren es aplastar a la población vulnerable”, agregó Cadena.
En su criterio, deberían ampliarse leyes que promulguen la paz, pero en el caso de los desalojos los jueces tratan de trasladar la información de que ellos no tienen ninguna responsabilidad, pero eso no es cierto, la población está consciente de ello y entre los más grandes represores en Guatemala ubican a los jueces, que utilizan la ley en contra de la población.
