Créditos: Luis Ovalle.
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Señalaron que, en pleno siglo XXI, con la existencia de normas nacionales e internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, las comunidades siguen sufriendo el despojo de sus tierras y el saqueo de los bienes naturales, como el caso de los hermanos Q’eqchi’ en El Estor y Chinebal, en el departamento de Izabal, y del valle del Polochic, entre otros.

Por Luis Ovalle

Autoridades ancestrales de diferentes nacionalidades de Guatemala realizaron una caminata este martes, que dio inicio en el Juzgado de Primera Instancia del ramo civil, en la zona 9 capitalina y concluyó en el Registro de la Propiedad, con el fin de promover la recuperación de sus tierras.

En la actividad participaron autoridades indígenas Maya Kaqchikel-Chajoma’, de Chuarrancho y San Antonio Las Flores; maya Poqomam, de Santa Cruz Chinautla; Maya Ch’orti’, de Camotán, Chiquimula, y Maya Q’eqchi’, de Tres Lagunas, Oxlajuj Kej (Sayaxché) y Se’ Inup (El Chal, Petén).

Santos Estuardo Alvarado, representante legal de la comunidad indígena de Chuarrancho, del departamento de Guatemala, informó que este día las comunidades realizaron una marcha pacífica, desde los tribunales de Primera Instancia Civil y Mercantil, donde presentaron acciones legales para la reivindicación de las tierras comunales. La caminata se dirigió posteriormente hacia el Registro General de la Propiedad, lugar en el que presentaron dos acciones de ejecución de dos sentencias de la Corte de Constitucionalidad, relacionadas con la comunidad indígena de Chuarrancho y la comunidad Chorti’, de Camotán, Chiquimula, dijo.

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Las autoridades ancestrales pidieron al juzgado de Primera Instancia Civil y Mercantil que muestre ser una entidad para administrar justicia imparcial y objetiva, y en consecuencia, que conozca de inmediato estos casos, agilice el proceso de resolución y utilice de forma eficiente las pruebas y testimonios aportados, para que las comunidades ejerzan sus derechos, en libertad y sin terceros que creen conflictos.

Asimismo, exigen al Ministerio Público (MP) que ejerza de oficio su función de ente investigador de las acciones legales que se presentan, para que la historia de usurpación de tierras comunales, dilatación de procesos y desgaste de los demandantes comunitarios, no se vuelva a repetir.

En conferencia de prensa recordaron que les quitaron las tierras en nombre de un rey desconocido que no hablaba sus idiomas, que tenía otra ideología, cuyo poder político y económico se sostenía en las guerras de invasión y del saqueo de las riquezas de sus territorios, así como de la explotación del trabajo de las abuelas y abuelos.

En este orden de ideas, señalaron que, en pleno siglo XXI, con la existencia de normas nacionales e internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, las comunidades siguen sufriendo el despojo de sus tierras y el saqueo de los bienes naturales, como el caso de los hermanos Q’eqchi’ en El Estor y Chinebal, en el departamento de Izabal, y del valle del Polochic, entre otros.

Destacaron que, por defender los derechos de las tierras los llaman usurpadores, los persiguen y criminalizan, y para ello utilizan la represión militar y policial en contra de los pueblos, de las autoridades ancestrales, defensores y defensoras. “A pesar de que el camino esté lleno de espinas legales, trampas como las falsas consultas que realiza el Ministerio de Energía y Minas, las comunidades resistimos para proteger nuestros derechos individuales y colectivos”, indicaron.

“Las autoridades ancestrales de los territorios seguimos conservando nuestras tierras a pesar de que el sistema ha legalizado las usurpaciones de las tierras haciendo inscripciones anómalas a favor de funcionarios públicos, municipalidades y de empresas transnacionales. Las comunidades hoy reunidas presentamos acciones legales para reivindicar el derecho histórico sobre nuestras tierras”, concluyeron.

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