Ataques a la libertad de expresión también ocurren en otras regiones del país

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Créditos: Prensa Comunitaria.
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En lo que va de noviembre, según datos del Observatorio de los Periodistas de la APG han sufrido algún tipo de agresión o acoso diez periodistas a nivel nacional: seis en Sololá, uno en San Marcos, uno en Quetzaltenango y dos en la ciudad capital, de los cuales seis trabajan para medios alternativos e independientes y cuatro para corporativos. Ocho hombres y dos mujeres.

Por Luis Ovalle

Las agresiones contra la prensa en los departamentos están dirigidas contra quienes hacen periodismo independiente y alternativo y documentan temas que la prensa corporativa no aborda, referentes a la defensa del territorio, a la resistencia y lucha de los pueblos por los recursos colectivos, por la tierra, el agua y las montañas, dijo a Prensa Comunitaria Rolanda García.

Sin embargo, también se dan agresiones contra algunos periodistas corporativos, que según informes del Observatorio de los Periodistas, se vinculan a las posturas de sus medios, que provocan malestar social, o a que sus publicaciones no son del agrado de grupos de poder local o del crimen organizado.

La periodista comunitaria, Anastasia Mejía, de Joyabaj, confundador ade Xolabaj Radio y Xolabaj TV, recibió el Premio Internacional de Libertad de Prensa 2021, del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Ella fue criminalizada en septiembre de 2020. Las autoridades ordenaron su arresto debido a la cobertura informativa que había dado a manifestaciones locales. Estuvo en prisión preventiva cinco semanas. Posteriormente fue liberada.

Foto:PC

García, corresponsal de Telesur, quien ha sufrido amenazas y agresiones por su trabajo periodístico, señaló que son las empresas las que contaminan el agua y despojan a las comunidades de sus tierras. “¿Quiénes provocan eso?, las empresas, las transnacionales y ¿quiénes son los dueños de la prensa tradicional?, son los mismos que dañan los territorios. Entonces, cuando los periodistas que hacemos prensa independiente abordamos estos temas, nos persiguen, porque nos ven como enemigos, porque denunciamos las atrocidades que cometen en los territorios, destacó.

Para Ruth del Valle, Defensora de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la PDH,  las agresiones que sufren las y los periodistas son diversas, desde bloquear el acceso a la información pública, a la que están obligados los funcionarios, hasta impedirles entrar a eventos, a conferencia de prensa, o actitudes más complicadas, como montar escenarios para criminalizar a las y los periodistas.

Añadió que las agresiones contra el periodismo, independiente, alternativo y comuntarioindependiente no son nuevas. Esa intolerancia de grupos de la población que se sienten afectados porque se dan a conocer las cosas que están haciendo. Son grupos de poder económico, funcionarios y funcionarias que de algún modo están involucrados en actos ilícitos o simplemente por el puro incumplimiento de sus funciones, que no les gusta que se conozca lo que hacen, pero además hay otros que están coludidos con el poder económico, como pasa en muchos lugares donde hay megaproyectos, indicó.

A decir de Del Valle, hay otro elemento y es que la población no ha entendido el importante papel que tienen las y los periodistas en dar a conocer esa información, “entonces la gente tampoco hace una lucha de respaldo para garantizar ese derecho a estar informado”.

En su criterio, si hubiera una postura más clara y contundente de la población para defender el derecho a estar informados no habría tanta facilidad para que, quienes tienen el poder, agredan y ataquen a los periodistas; tendrían el cuidado de no hacerlo o de hacerlo de otra manera.

La defensora destacó que si hubiera un mensaje del Estado, que reconozca el importante papel que la prensa tiene en la construcción de la democracia, sus propios funcionarios podrían tomarlo como ejemplo. “La cabeza da el mensaje que los demás funcionarios tienen que implementar”, dijo.

¿Qué periodistas son más vulnerables a las agresiones?

Al ser consultada sobre los niveles de vulnerabilidad para los periodistas, Rolanda García dijo que en principio el riesgo  es similar entre periodistas de las ciudades y de los territorios. La diferencia está en la forma de hacer periodismo: el periodismo alternativoindependiente y el corporativo. Cuando los y las periodistas acompañan a los pueblos que denuncian en la ciudad las injusticias que ocurren en sus territorios, igual son perseguidos; además, en los departamentos también hay periodistas que trabajan para la prensa corporativa y nadie los toca, porque están al servicio del sistema.

Sin embargo, para la corresponsal de Telesur, sí se nota un poco más de vulnerabilidad en los territorios, “porque tenemos poco acceso a la justicia inmediata, al acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos, aunque en algunos territorios sí hacen su trabajo”, indicó.

Por su parte, Del Valle advirtió que en las más altas esfera del gobierno y del Estado, no solo del gobierno central, hay una actitud antiprensa, sobre todo prensa independiente; sin embargo, para la entrevistada la mayor parte de la prensa se está convirtiendo en prensa independiente, “incluso en los medios tradicionales hay una actitud crítica de la situación, porque en Guatemala no da para solapar la corrupción y la impunidad”. Entonces, “quien todavía solapa la impunidad y la corrupción, es porque debe estar recibiendo beneficios concretos”, anotó.

La censura y la autocensura

A decir de Rolanda García, el gobierno y las empresas siempre tratan de ocultar la verdad. Lo que se busca con la persecución es censurar la información, censurar el periodismo independiente. A nivel nacional, funcionarios públicos y el poder local buscan la manera de que la información no llegue al pueblo. Los canales de televisión abierta son los que más dan voz a los funcionarios corruptos y éstos, a su vez, tienden a acudir a los periodistas que les dan cobertura, para ocultar la verdad.

“Cuando un periodista da la voz a la población, que manifiesta en contra de la corrupción o porque no hay proyectos en su comunidad, los medios tradicionales expanden campañas para confundir a la

población y descalificar la información que genera el periodismo independiente”, subrayó.

Sobre la autocensura, García dijo que en lo personal nunca ha llegado a ese extremo, pues considera necesario no ocultar la verdad. “He sufrido algunos atentados, algunas intimidaciones para no publicar ciertas informaciones, pero siempre encuentro la forma para que el mensaje llegue, de forma solapada en ocasiones para evitar algunos riesgos. “La convicción y el compromiso social nos obligan a hacerlo”, destacó.

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Ruth del Valle subrayó que en situaciones graves se da la autocensura; periodistas que prefieren no cubrir un tema o que incluso optan por buscar otro trabajo, son formas de autocensurarse. Lo que provoca la autocensura es el miedo que producen los ataques y que encima de todo, si son las autoridades las que los atacan también hay una sensación de indefensión.

“Creo que la autocensura que algunos periodistas se imponen puede ser muy lamentable, pero no tenemos autoridad moral para criticarla; solo la gente que ha sido víctima de agresiones físicas, persecución, entiende esas decisiones”, señaló la defensora de la PDH.

¿A dónde o a quién acudir?

Cuando ha enfrentado alguna situación de riesgo, Rolanda García ha acudido a la Policía Nacional Civil (PNC), pero como un mero requisito, porque en los territorios no hay confianza en las instituciones de derechos humanos mucho menos del sistema de justicia. “La mayoría de personas que nos han apoyado son compañeras y compañeros, colegas, o integrantes de organizaciones sociales que defienden los derechos humanos, no instituciones de gobierno”, señaló.

Sobre las acciones de la defensoría en favor de los y las periodistas agredidas, del Valle comentó que hacen las que les permite el marco institucional de la PDH, de acuerdo al mandato que les da la Constitución y aunque en la oficina a su cargo no reciben denuncias ni abren expedientes, las trasladan a la dirección de auxiliaturas, de acuerdo al área donde se haya registrado el hecho.

En algunos casos, sí son situaciones muy urgentes, piden a los y las periodistas afectados comunicarse directamente con la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, donde además hay un número de teléfono de turno, que permite poner la denuncia en cualquier momento.

Por aparte, la PDH da acompañamiento principalmente en la autoprotección, que no necesariamente significa autocensura, subrayó del Valle.

Los hechos recientes

El 8 de noviembre, los periodistas Fredy de León, de radio Sonora y Alfonso Guárquez, de Nuestro Diario, fueron agredidos por supuestos integrantes de un Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), cuando realizaban su labor informativa en el Juzgado de Primera Instancia de Sololá. Estas personas impidieron el ingreso de los periodistas a la sala de audiencias.

Fredy de León publicó en la página de Facebook Noticias Sololá, sobre esta situación. Los supuestos integrantes de los COCODES fueron a buscar al periodista Ángel Julajuj, propietario de la página noticiosa, lo llevaron a la sede de las autoridades comunitarias y lo obligaron a llamar a De León. Posteriormente lo obligaron a borrar el mensaje, retractarse y eliminarlo como administrador de la página. También obligaron a Julajuj a firmar un acta en la que señalaba que la nota era falsa.

Información de la Asociación de Periodistas de Guatemala y de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Sololá, detalla que en el hecho intervinieron supuestas autoridades locales y de los COCODES, que respaldan a un profesional acusado de adueñarse de las propiedades de su progenitor.

Unos días antes, el 2 de noviembre, el periodista Enrique Pablo De León, de Albavisión, fue intimidado en su casa por parientes del señalado, para reclamarle la publicación de la denuncia sobre el despojo de propiedades, lo amenazaron con tomar represalias y demandarlo penalmente si no retiraba la publicación.

El 5 de noviembre otros dos periodistas, junto a Enrique Pablo, fueron intimidados y agredidos en la playa pública de Panajachel, cuando cubrían el caso de una persona fallecida. Dos personas se les acercaron y los insultaron. Uno de ellos tiró al suelo el equipo de grabación de Abner Chumil, de canal 6 PanaDish y amenazó con golpearlo si no se retiraba del lugar; en tanto, Erick Xingo, de Azteca Guate, fue amenazado por otra persona.

Las organizaciones de periodistas expresaron su indignación por el recrudecimiento del clima de violencia contra la prensa en Sololá.

https://www.facebook.com/APGGuatemala/photos/a.1981205018849781/2774810482822560/

En otro hecho, Guadalupe de León, corresponsal de radio Victoria, en San Pablo, San Marcos, fue agredido por Ismael Ramos Pérez, exalcalde del municipio de Tajumulco, quien encabezaba a un grupo de trabajadores de la empresa Energuate, que pretendían cortar el fluido eléctrico. De León transmitía en vivo, cuando fue agredido por estas personas.

https://fb.watch/9nxmTZtIIv/

En tanto, la auxiliatura del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) en Quetzaltenango, solicitó medidas de seguridad a favor del periodista comunitario Rubén Jocol, luego de que fuera víctima de agresiones por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), cuando daba cobertura a un hecho de tránsito.

Jocol fue esposado y retenido en la estación policial, el 8 de noviembre por haber grabado una captura en una calle de la ciudad de Quetzaltenango. Al respecto, la Asociación de Periodistas de Quetzaltenango condenó la agresión, con la que se violó el derecho del periodista de informar.

A finales de octubre tres periodistas de Prensa Comunitaria en El Estor, Izabal, sufrieron actos agresión, intimidación y acoso, por parte de las autoridades de policía, ejército y Ministerio Púbico, sin ninguna razón real en su contra, por lo que se coteja que los hechos son resultado de la cobertura informativa que dieron a la resistencia pacífica de los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’, que se mantuvo en el lugar durante 20 días y que finalmente fue desmantelado por las fuerzas de seguridad, el 23 de octubre, dando paso a un estado de sitio.

Tres periodistas comunitarios maya caribeños de El Estor perseguidos por el Estado

La Comisión de Libertad de Prensa de la APG se refirió al incremento de agresiones contra periodistas y lo calificó como un “grave retroceso” en la libertad de prensa, para las y los trabajadores de la información puedan desempeñar libremente su labor, sin restricciones ni represión de ningún sector.

Datos del Observatorio de los Periodistas de la APG refieren que este año se han registrado a la fecha más de 115 ataques y restricciones de distinta índole, una cifra apenas menor a la reportada en el mismo período de 2020.

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