Créditos: El Estor. Foto Nelton Rivera. 22 de octubre de 2021.
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El informe verificación presentado el 31 de octubre por la Convergencia de Derechos Humanos, confirma el acoso de las autoridades a los periodistas Juan Bautista Xol y Carlos Choc, además de revelar que agentes del Estado guatemalteco acosaron a menores de edad durante intervenciones en otras viviendas.

Por Prensa Comunitaria

Auxiliares del Ministerio Público y al menos 29 agentes de la Policía Nacional Civil, dirigidos por el teniente Walter Rojas, allanaron la vivienda el pasado 26 de octubre del periodista de Prensa Comunitaria Juan Bautista Xol después de que cubrió durante 20 días la resistencia pacífica de los Cuatro Consejos Ancestrales Q’eqchi’, en El Estor, Izabal en contra de la minera CGN-Pronico.

Los allanamientos, requeridos por la División de Información Policial (DIP), una unidad destinada a la inteligencia, fueron por una “situación circunstancial”, según dijo el jueves pasado el fiscal municipal de Morales, Izabal, Roberto Estévez a elPeriódico, cuando se le preguntó si el allanamiento estaba dirigido hacía Juan Bautista Xol.

El fiscal Estévez también dijo que “se hizo necesario” incautar el teléfono del periodista “porque detectaron que fue alertado por los allanamientos”. También dijo que la fiscalía iniciaría una investigación por “la presunta filtración de información”.

Los hechos, de acuerdo con los testimonios de vecinos y de periodistas de Prensa Comunitaria en El Estor, ocurrieron de una forma diferente.

La PNC y el Ministerio Público (MP) allanaron la casa de Xol, ubicada en el Barrio San Jorge, en El Estor, el pasado 26 de octubre. Durante el operativo, en el que participaron fiscales y decenas de policías y soldados, el periodista fue retenido durante más de dos horas y al final le quitaron su teléfono celular.

De las 7:15 a las 9.25 de la mañana de ese martes, la PNC y fiscales del MP retuvieron al periodista de Prensa Comunitaria y lo dejaron completamente incomunicado. La policía registró su casa y únicamente se llevó el celular con el que Xol documentó la agresión policial a la resistencia pacífica del 22 y 23 de octubre en El Estor, cuyo objetivo era garantizar el paso de suministro de carbón a la mina suizo-rusa.

Debido a una fuerte gestión de denuncia de medios de comunicación alternativos y organizaciones, Xol no fue detenido.

El testimonio de Juan Bautista Xol indica que el celular que le fue secuestrado lo utilizó únicamente para la cobertura del plantón antiminero en El Estor. No es el teléfono de uso diario, porque dice, el aparato con el que realizó la cobertura es más reciente, tiene más memoria para almacenar información, uso de redes y por la facilidad de contar con internet para enviar la información.

Para Xol es extraño que le quitaran el celular, porque él no tiene contactos de las autoridades de los Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’. Además, dice que las acusaciones falsas en las redes sociales sobre él están relacionadas con el allanamiento en su vivienda, porque algunas personas pudieron haber informado a la compañía minera de su trabajo como periodista en la cobertura de la resistencia pacífica.

La antesala al allanamiento

Cuatro días antes, en redes sociales y desde la cuenta del director de Radio Sonora, Arnulfo Agustín Guzmán, se difundió la foto de una persona con una escopeta, que según esa información falsa era una imagen de Xol.

Esa comunicación no era más que una difamación: el día en que según esas cuentas Xol fue fotografiado, el periodista estuvo todo el día documentando junto a otros colegas el desalojo de la resistencia pacífica de los Cuatro Consejos Ancestrales Q’eqchi’ de parte de las fuerzas de seguridad, el 22 de octubre, con el objetivo de que camiones cargados de carbón entrarán hacía la planta de CGN-Pronico, subsidiarias de la empresa suizo-rusa Solway Investment Group, para poder continuar con sus operaciones.

El allanamiento de la casa del periodista de Prensa Comunitaria se realizó en el contexto del estado de sitio decretado el 24 de octubre por el gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

Según un informe de verificación presentado el 31 de octubre por la Convergencia de Derechos Humanos respecto a la cobertura periodística durante los 20 días de resistencia pacífica, agentes del Estado de Guatemala violaron los derechos de periodistas, a quienes, reportó, se les coartó la libertad de movilización y la documentación de lo que estaba ocurriendo en El Estor.

La comisión de verificación también constató y verificó que en uno de los allanamientos agentes de la PNC, sin presencia del padre y la madre, cometieron abusos físicos, psicológicos y denigrantes a niños y niñas que se encontraban en la vivienda. Durante la agresión, dice el comunicado, obligaron a un familiar mayor de edad a presenciar el allanamiento e intimidaron los niños que se encontraban en ese lugar.

En otro allanamiento, dice la misión, amenazaron a una menor con golpearla y a otro abusaron físicamente al exigirle que dijera en dónde tenían ocultas las armas.

La misión de verificación también confirmó con su visita a El Estor que el gobierno de Giammattei, a través de la policía, utilizó de forma desproporcionada la fuerza, violó la libertad de prensa, intimidó a autoridades indígenas, violentó a la niñez y detuvo ilegalmente a un pescador.

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Misión de verificación señala violación de derechos humanos durante estado de sitio en El Estor

A la verificación de la Convergencia por los Derechos Humanos se le suma la que realizó el grupo de parlamentarios de las bancadas legislativas de los partidos Semilla, Winaq y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). En su informe preliminar coincidió en que el gobierno uso de forma desproporcionada la fuerza.

El informe preliminar de los diputados fue presentado el 17 de octubre, después de visitar a El Estor y de reunirse con familias afectadas. Los legisladores concluyeron que la población y las autoridades Q’eqchi’ han sido criminalizadas. También coinciden en la vulneración de los derechos humanos de mujeres y niñez.

El acoso a Juan Bautista Xol y Carlos Ernesto Choc

Xol es uno de los tres periodistas de Prensa Comunitaria que documentó la violencia de a PNC y el ejército en El Estor el 22 y 23 de octubre.

Durante el viernes y sábado, Xol documentó los intentos de la policía y el gobernador por retirar a quienes se encontraban a la orilla de la carretera que conduce a la planta de la minera en resistencia pacífica de las autoridades Q’eqchi’ desde el 4 de octubre pasado.

El registro fotográfico que realizó Xol da cuenta del desarrollo del operativo policial. El periodista presenció junto a cinco periodistas más el inicio de las detonaciones de las bombas de gas, el movimiento de las mujeres, juventud y personas mayores para evitar el efecto en las vías respiratorias que provoca el químico. Las imágenes de Xol muestran cómo la PNC utilizó de forma indiscriminada el gas lacrimógeno.

Xol también estuvo presente cuando antimotines ubicados en los terrenos laterales a la carretera lanzaban bombas lacrimógenas en contra de la población y cuando un niño se desmayó por el efecto de los gases lacrimógenos. El 22 de octubre, la resistencia de quienes se encontraban detrás de las barricadas frustró la intención de despejar las vías para que los camiones cargados de carbón pasaran en dirección a la minera.

El sábado 23, a eso de las 10 de la mañana, unos 800 policías, antimotines y fuerzas especiales desalojaron a la resistencia de las autoridades Q’eqchi’ y, con ello, permitieron el ingreso de 5 camiones escoltados por antimotines y soldados con armas largas.

A los ataques contra Juan Bautista Xol se suma el allanamiento de la vivienda del periodista de Prensa Comunitaria Carlos Ernesto Choc, quien ha tenido que enfrentar, desde 2017, procesos de criminalización y denuncias penales por su cobertura en el caso de los efectos ambientales y sociales que la mina de CGN-Pronico ha producido en El Estor y del asesinato de un pescador por la PNC.

El mismo día que la PNC y el MP allanaron la casa de Xol también intervinieron la vivienda de Carlos Choc.

A las 7 de la mañana del 26 de octubre, dos camiones del Ejército, cuatro patrullas y un picop particular se parquearon en los alrededores de la casa de Choc mientras fiscales y policías allanaban la vivienda que había sido señalada por un hombre con el rostro cubierto por un pasamontañas, según los testimonios de vecinos del barrio el Renacer.

Choc no se encontraba en ese momento en su vivienda, pero eso no impidió que la policía y fiscales registraran el lugar. Vecinos describieron que al ingresar a su casa encontraron la cama volteada, el ropero abierto y que su ropa fue dejada en el suelo; también dejaron su chaleco de prensa. Sobre una mesa de madera dejaron alineados sus identificaciones de prensa, como si les hubieran tomado una foto.

Carlos Choc también fue uno de los periodistas que cubrió los hechos del 22 y 23 de octubre.

Días antes de que el allanamiento ocurriera, un camión llegó al barrio el Renacer, supuestamente para arreglar la calle, pero derribaron el portón de su casa. Su hijo le contó lo que sucedió y Choc buscó al responsable, quien fue detenido por Roberto Bo, el alcalde auxiliar de El Estor. Al lugar también se presentó el alcalde, que además de ofrecer pagar la mitad de la reparación le dijo: “En lo personal no me gusta cómo haces tu trabajo. Esa empresa no se va a ir”.

El 22 de octubre, según narra Choc, en el momento en que realizaba una transmisión en vivo un policía le quitó el celular y el micrófono. Al percatarse de que estaba siendo grabado, el agente le devolvió el celular, pero no el micrófono.

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Periodista de El Estor cuenta intentos de censura y ataques


Comisiones confirman hallazgos

En entrevista para Prensa Comunitaria Iduvina Hernández, de la organización Seguridad en Democracia (SEDEM) y parte de la comisión de verificación de la Convergencia por los Derechos Humanos en El Estor, confirmó que durante las coberturas periodísticas realizadas durante los 20 días de protesta pacífica ocurrieron violaciones a la libertad de acceso de información y libertad de prensa

Concretamente, Hernández dijo que la misión pudo verificar “graves violaciones a los derechos humanos en contra de periodistas y comunicadores para coartar su movilización y la documentación de los hechos que estaban sucediendo”.

También mencionó que hubo agresiones físicas y destrucción de equipo y que dos de las viviendas allanadas corresponden a periodistas del medio independiente Prensa Comunitaria, quienes daban cobertura a los hechos sucedidos casi un mes atrás.

En opinión de Hernández lo que se observa en el contexto actual en el Estor es “un abuso de las facultades que la Constitución otorga a la presidencia de la República al haber impuesto un estado de excepción, para garantizar el funcionamiento de una empresa que está actuando en absoluta ilegalidad”.

La directora de SEDEM, una organización que se dedica al control democrático de los servicios de seguridad e inteligencia en Guatemala, considera que la militarización de El Estor ha servido para garantizar el funcionamiento de CGN-Pronico, ambas subsidiarios de la empresa de capital ruso-suizo Solway Investment Group, así como para permitir la quema de casas que ocurrió en un desalojo de la PNC, en la aldea de Chinebal de El Estor, para la defensa de una empresa productora de aceite.

Hernández cree que las autoridades están haciendo “uso perverso en contra de los derechos de los pueblos ancestrales” de recursos estatales y con las facultades que la ley les otorga.

Para Hernández  esta serie de acciones que se están desarrollando en una parte del territorio Q’eqchi’ “permiten encuadrar varios de los elementos que enmarcan el delito de genocidio”.

Para el abogado penalista Oswaldo Samayoa, el allanamiento era algo previsible desde el momento en que el director de Radio Sonora empezó a desinformar al decir que Juan Bautista portaba una escopeta. Esa es una estrategia, argumenta, que denomina “construcción del chivo expiatorio”. Necesitaban un responsables para poder justificar la emisión de un estado de sitio. Y al vulnerable que encontraron fue a Juan Bautista Xol para poder realizarlo”, agrega.

Sobre el decomiso de su aparato telefónico, Samayoa lo considera una justificación: “algo me tengo que llevar”, dice respecto a la actuación de los agentes estatales; y, segundo, anota que fue para intimidarlo. El mensaje, agrega, era: “tengo acceso a una fuente que tiene información privada. Que tiene datos privados”.

En consideración de Samayoa, la protección de los datos e información de las personas es una obligación del Estado, pero también de los sujetos privados. Y esta información solo se puede obtener o extraer con una orden de juez.

Al final, subraya Samayoa, era “intimidación y la búsqueda de la censura de él como periodista comunitario. Es una forma de censura que utiliza medios legales para destruir derechos. Para generar miedo e incertidumbre en las personas de cómo está actuando la autoridad, por cumplir con tu función de comunicador”.

Días atrás, uno de los policías le dijo a una periodista que Juan Bautista Xol podía pasar a recoger su teléfono. En opinión de Oswaldo Samayoa, la declaración puede entenderse como expresión de menosprecio: “saben que no hay información importante, ni clave, saben que necesitan una orden de juez para extraer toda la información y los datos que hay ahí”

El hecho, según Samayoa, fue como decirle a la periodista “no nos importa lo que hay adentro, él puede pasar cuando quiera”. Sin embargo, el medio debió haber sido a través de una notificación oficial a la dirección de donde fue extraído y a la persona, para informarle que el teléfono fue utilizado y que podía pasar a recogerlo.

Para Samayoa estos hecho, confirman que “el allanamiento y quitar el teléfono fue una forma de intimidación”, porque si realmente necesitaban la información que estaba almacenada en el teléfono no se lo hubieran devuelto. “Se hubiera embalado como una evidencia a utilizar en una investigación precisa de la cual se va a obtener un proceso penal en el futuro”.

Samayoa concluye: “el teléfono lo quitaron sin ningún sentido; segundo, no tiene ningún tipo de  información que pueda generar un proceso penal; y tercero, el estado de sitio con este tipo de allanamientos solo se utilizó para la intimidación y la censura de él como periodista”.

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