Por Juan Calles
Con la publicación del decreto presidencial 10-2021 en el Diario de Centro América, se hace oficial el anuncio del Ministro de Gobernación, Gendri Reyes, cuando ayer en conferencia de prensa anunció que el estado de sitio en el municipio de El Estor ha concluido, pero que se declara estado de prevención durante 15 días más.
Al mismo tiempo que los funcionarios realizaban la conferencia de prensa, un grupo de personas que protestaban en plaza central de la ciudad capital, y que hacían sonar vuvuzelas y mostraban cartulinas con mensajes que pedían extender el estado de sitio y de critica a los abogados que acompañan a la Gremial de Pescadores Artesanales como amparistas en contra del proyecto minero Fénix, de la empresa CGN Pronico, subsidiarias de la empresa de capital ruso-suizo Solway Investment Group.
Ayer, cuando anunciaban la nueva medida, tanto Reyes como el ministro de la Defensa, Juan Carlos Alemán Soto, presentaron datos inconsistentes que no responden a la realidad de lo sucedido en El Estor durante los 30 días que duró el estado de sitio. Tampoco mencionaron el asedio militar y policial en contra de personas y organizaciones que no están de acuerdo con el proyecto minero y en contra de la prensa independiente.
“Tenemos solicitudes expresas por esta población, donde solicitan que continúe el estado de sitio, y a raíz de eso y como parte del proceso de análisis e investigación, de forma articulada con el Ministerio Público se ha llegado a la recomendación de solicitar el estado de prevención y el día de hoy fue aprobado por el consejo de ministros”, informó el ministro Reyes.
Para el abogado, Alejandro Rodríguez del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), el estado de prevención no tiene justificación, es ilegal y antidemocrático. “Tanto el estado de sitio, como el estado de prevención son ilegales a la luz del derecho internacional y de la Constitución Política, no existe una justificación objetiva y razonable para decretar ese estado de excepción”, indicó.
Rodríguez dijo que ninguno de los cinco requisitos básicos que exige el derecho internacional se cumplen para declarar un estado de prevención en El Estor, siendo estos, que sea legal, necesario, proporcional, que busque un fin legítimo y que las restricciones sean razonables.
“En este caso no es legal porque no existe una situación que desborde la inseguridad, no es necesario, porque bastaban los medios ordinarios para mantener la calma, pero lo más grave es que no busca un fin legítimo, no busca proteger derechos humanos de la población, lo que busca es reprimir, impedir la protesta social y que los pobladores de El Estor defiendan sus derechos humanos, entonces ese fin es ilegitimo e inaceptable en una sociedad democrática”, concluyó Rodríguez.
¿Qué es el estado de prevención?
Durante los 15 días que durará el estado de prevención se limitarán los derechos constitucionales de libertad de acción, detención legal, interrogatorios y libertad de locomoción.
El estado de prevención está contemplado en la Ley de Orden Público que, según el artículo 138 y 139 de la Constitución Política de Guatemala, autoriza al Presidente a tomar ciertas medidas sin aprobación del Congreso. Durante 15 días se limitarán los derechos constitucionales de la población de El Estor.
Se decreta estado de prevención en caso de invasión de territorio, perturbación grave la paz, actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública; los artículos constitucionales restringidos son los siguientes:
Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones y cualquier tipo de espectáculos.
Prohibición de la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas, impedir su salida fuera de las poblaciones o en su caso someterlos a registro, así como, exigir a quienes viajen en el territorio del municipio de El Estor, la declaración y documentos de itinerario a seguir.
En el decreto 10-2021 se agrega un párrafo en el que se justifica el estado de prevención, aduciendo que “existen situaciones y elementos que denotan la realización de actos violentos en contra de las personas y autoridades del municipio de El Estor, del departamento de Izabal, y con el objeto de garantizar el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes, en virtud que sujetos y grupos armados realizan acciones ilegales en contra de las fuerzas de seguridad”, sin embargo durante los 30 días que duró el estado de sitio en el municipio no se registra ninguna captura o acción policial que demuestre que la existencia de grupos armados.
Durante los treinta días que duró el estado de sitio se realizaron capturas y allanamientos en las casas de líderes comunitarios, pescadores artesanales y periodistas independientes, además de realizar desalojos violentos con participación de elementos castrenses, según lo informado por comunitarios que presenciaron capturas, allanamientos y el incendio de casas en comunidades desalojadas, en conflicto de tierras con empresas palmeras.
