Por Prensa Comunitaria
El juez Pablo Xitumul De Paz y la jueza Ericka Aifán enfrentan procesos para retirarles la inmunidad, en los que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) son determinantes para concretar el desafuero. Tanto Xitumul como Aifán se han destacado en sus respectivas judicaturas por sus fallos en contra de políticos, exmilitares y empresarios en casos de redes criminales, actos de corrupción y justicia transicional.
El juez Xitumul, presidente del Tribunal C de Mayor Riesgo, podría perder la inmunidad si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) valida un informe realizado por el magistrado Eduardo Galván, encargado de investigar una solicitud de antejuicio presentada por un policía, que en febrero de 2019 lo agredió y amenazó a su familia.
El 2 de febrero de 2019, Xitumul denunció la agresión del policía José Lindo Cuxaj, que en un operativo en San Juan Sacatepéquez se negó a dar explicaciones al juez sobre las razones del registro del vehículo donde viajaba con su familia.
En esa ocasión, Cuxaj lo agredió verbalmente. En agosto de 2019, el MP pidió que se abriera juicio contra el policía por abuso de autoridad. Pero el caso cambió el año pasado, cuando la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia pidió cerrar el expediente, pero un juzgado negó dicho requerimiento.
Cuxaj denunció a Xitumul en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el Colegio de Abogados, la Junta de Disciplina Judicial y el MP. En el proceso, la junta disciplinaria no encontró razones para sancionar al juez, pero el MP si tramitó el antejuicio, que podría ocasionar que Xitumul pierda la inmunidad.
Si en los próximos días, la CSJ retira la inmunidad a Xitumul, podría ser acusado por los delitos de obstaculización de justicia y abuso de autoridad, por los hechos de 2019. Aunque Xitumul y tres jueces de mayor riesgo solicitaron a la fiscal general la desestimación de las denuncias, Consuelo Porras no respondió.
El caso de la jueza Ericka Aifán
La jueza Aifán también enfrenta un proceso en el que se pretende despojarla de su inmunidad. Ayer, la Corte de Constitucionalidad, no aceptó un recurso de aclaración y ampliación que planteó la jueza de Mayor Riesgo D, el 19 de septiembre. Con el fallo, los magistrados autorizan a la CSJ que continúe con el antejuicio por haber autorizado que se investigara a magistrados señalados en el caso Comisiones Paralelas 202.
Para Aifán, las acciones promovidas en su contra no tienen fundamento jurídico y el antejuicio en su contra viola su derecho a la independencia judicial.
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Apoyo de organizaciones
Organizaciones de la sociedad civil como Impunity Watch y la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas expresaron este martes su apoyo al juez Xitumul ante el “hostigamiento” en su contra.
El juez Xitumul, dijo Impunity Watch, ha dictado sentencia en casos de alto impacto como el caso de Genocidio Ixil, en el que se condenó a Efraín Ríos Montt, el caso Molina Theissen y “Agua Mágica”, sobre el proyecto de saneamiento en el Lago Amatitlán, en el que fue condenada por corrupción, a 15 años y seis meses de prisión, la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Por ello, agregan, existen personas y grupos interesados en perjudicarlo.
La oenegé Acción Ciudadana también se pronunció por los procesos que los jueces de mayor riesgo enfrentan. Sobre el caso de Aifán dijo que la persecución de la jueza tiene su origen en “grupos interesados en promover la corrupción y la impunidad, tratando de separarla del cargo”.
Otros casos
Al caso de Xitumul y de Aifán le anteceden otros. Uno de los más recientes el del juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo, que denunció el seguimiento de carros sin placas, días después de que inició el caso conocido como Diario Militar, en el que están acusados 12 militares y expolicías acusados de los delitos de desaparición forzada, delitos contra deberes de la humanidad y ejecuciones extrajudiciales.
El de la jueza Yassmín Barrios, del Tribunal de Sentencia Primero A de Mayor Riesgo, que además de ser objeto de ataques personales sufrió un atentado en su residencia un día antes de que iniciará el juicio del asesinato de monseñor Juan José Gerardi Conedera, por el que fueron condenados los militares Byron Lima Estrada, Byron Lima Oliva (hijo de Lima Estrada) y el especialista del Ejército, Obdulio Villanueva, en junio de 2001.
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