Separan del cargo a fiscal de derechos humanos; un duro golpe a la justicia transicional

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“Aquí hay un debilitamiento, una estrategia clara de desestabilizar a las fiscalías que de alguna manera han llevado casos emblemáticos, como el de Sepur Zarco, que ha sido un hito y que la misma fiscal general presume a nivel internacional; sin embargo, lo que ha hecho es da un duro golpe para la justicia en el país”. Paula Barrios.

Por Luis Ovalle

Con la separación del cargo de Hilda Pineda, quien durante diez años se desempeñó como fiscal de derechos humanos, la fiscal general Consuelo Porras da un duro golpe a la justicia transicional en Guatemala y solo se podrán esperar retrocesos y estancamientos en los casos, señalaron defensores de derechos humanos.

Hilda Pineda inició como agente fiscal hasta llegar a ser jefa de una de las más importantes fiscalías del país, con 7 unidades fiscales; litigó casos de alto impacto, como el juicio contra el general Efraín Ríos Montt, en el que se logró una condena a 80 años de prisión, aunque después fue anulada por la Corte de Constitucionalidad.

También logró condenas contra otros militares retirados, como la de Sepur Zarco, que concluyó con la condena de dos militares y la de la masacre de las Dos Erres, en la que varios exintegrantes de las tropas especiales Kaibil han sido condenados.

Manuel Farfán, director de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA),  lamento que “a estas alturas la impunidad siga vigente”. Teníamos el temor, desde el inicio del caso del Diario Militar, en mayo pasado, de que esto podía ocurrir.

“Estamos tocando estructuras muy grandes, con oficiales de alto rango; es una desfachatez hacia las víctimas del conflicto armado interno, sobrevivientes y familiares que han exigido justicia por más de 37 años, que la fiscal general realice este movimiento para mantener la impunidad vigente”, subrayó Farfán.

Sobre los riesgos, a partir de ahora, Farfán señaló que van a haber grandes tropiezos, como el que implica no tener a una persona que conozca los casos, que se entregue a ellos, que tenga conocimiento de los diferentes procesos. Eso va a debilitar todas las investigaciones que se han realizado e implicará un obstáculo en los avances alcanzados hasta hora.

Lucía Xiloj, abogada de derechos humanos, coincidió con Farfán, al indicar que esta no es como otras fiscalías, se requiere de experiencia. “Vamos a ver retrocesos y estancamiento en los casos; sobre todo vulneración a la víctimas del conflicto armado interno”, agregó.

Retrocesos que ya se venían dando

Hemos visto retrocesos desde la desarticulación de la institucionalidad de la paz, lo que impide que las víctimas tengan mecanismos para reclamar la reparación de daño que el Estado está obligado a cumplir. “Esperemos que esto no se extienda a los órganos jurisdiccionales, que también tienen un rol muy importante”, anotó.

Para Paula Barrios, coordinadora general de Mujeres Transformando el Mundo, no es un hecho aislado. Es parte de las estrategias que la fiscal general ha implementado para desarticular los avances obtenido por el Ministerio Público.

La fiscalía de derechos humanos es fundamental para el trabajo de defensa de los derechos humanos en Guatemala. Ahora va a argumentar que son procedimientos establecidos en la normativa fiscal, y eso es cierto, pero tiene la potestad de cambiar personas para fortalecer a las fiscalías, no para debilitarlas, señaló Barrios.

“Aquí hay un debilitamiento, una estrategia clara de desestabilizar a las fiscalías que han llevado casos emblemáticos, como el de Sepur Zarco, que ha sido un hito y que la misma fiscal general presume a nivel internacional; sin embargo, lo que ha hecho es dar un duro golpe para la justicia en el país”, destacó.

Es incongruente el actuar de la fiscal general, porque tiene la oportunidad de litigar y conseguir otra sentencia importante para el país, en el caso de violencia contra mujeres Achi’, pero en lugar de fortalecer las condiciones, las debilita y favorece a grupos específicos. “Se nota como una venganza, una intención clara de generar condiciones adversas para los avances que ya se habían obtenido”, concluyó.

Entre las organizaciones que rechazaron el traslado de la Hilda Pineda están, Verdad y Justicia Guatemala, que señaló a Consuelo Porras como “operadora de la impunidad y el olvido en Guatemala”. Un comunicado de FAMDEGUA muestra su preocupación y denunció el hecho como otro intento por obstaculizar a la verdad y la justicia para casos que se encuentran en impunidad por más de tres décadas.

Familiares de Víctimas del Diario Militar también condenó rotundamente el traslado de la fiscal Pineda, al valor su liderazgo, que junto a un equipo de fiscales comprometidos con la justicia, objetividad y profesionalismo han fortalecido procesos de justicia transicional.

 

 

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