La detención y proceso de Rudy Amílcar López Pablo, un albañil maya mam detenido el pasado 12 de octubre, estuvo lleno de irregularidades, según sus abogados. Fue ligado a proceso por depredación de bienes culturales.
Por Regina Pérez
El juez Mario Solórzano, del Juzgado de Turno, ligó a proceso a Rudy Amílcar López Pablo, detenido ilegalmente el pasado 12 de octubre, único acusado por los supuestos daños causados a la estatua de José María Reina Barrios, por el delito de depredación de bienes culturales. Asimismo, resolvió otorgarle arresto domiciliario, tras el pago de una fianza de Q2500, que se canceló durante la tarde.
La audiencia de López Pablo se realizó el lunes 18 de octubre, luego de su recaptura el viernes 15 de octubre, minutos después de que la jueza Rosmery López, del Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno, resolviera que su detención había sido ilegal. Sin embargo, se conoció que la jueza, después de una audiencia unilateral con el Ministerio Público (MP), ordenó que fuera detenido nuevamente por el mismo delito, depredación de bienes culturales. La orden de aprehensión se dio porque supuestamente había peligro de fuga.
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López Pablo fue detenido de manera ilegal el pasado 12 de octubre, en el marco de una manifestación que realizaron varias organizaciones indígenas, en la que se reportaron daños contra algunos monumentos, entre ellos una estatua de José María Reina Barrios, que data de 1905 y que según el MP, es patrimonio cultural de la nación. Él fue el único detenido, luego de que el alcalde de la ciudad Ricardo Quiñonez llegara a la Plaza de la Constitución a señalarlo como responsable de los daños. La detención fue realizada argumentando flagrancia, sin embargo, el MP no lo pudo probar en la primera audiencia y por eso la jueza decretó su libertad.
Durante su permanencia en la carceleta de la Torre de Tribunales, por seis noches, López Pablo no tuvo oportunidad de ducharse ni cambiarse de ropa, ya que tenía la misma vestimenta que el día que fue detenido.
La acusación del MP
En esta audiencia, el fiscal del MP, Eduardo Estrada, acusó a López Pablo del delito de depredación de bienes culturales, indicando que el 12 de octubre, de 10 de la mañana a 12:50 del mediodía, con un grupo de personas, “dotados de lazos y sogas se detienen a la altura donde se encuentra el monumento del general de división, José María Reina Barrios”, ubicado en la avenida Reforma, entre zona 9 y 10 de la ciudad capital.
De acuerdo con el MP, el acusado junto a otras personas colocó “en la cabeza del señor Reina Barrios”, a la altura del cuello la soga desprendiéndole la cabeza. Luego de ello, según el fiscal, López Pablo recogió la cabeza del monumento “lo utilizó como trofeo para tomarse fotografías”.
Según el fiscal, existen indicios para suponer la participación del acusado en los hechos ocurridos el 12 de octubre. Entre ellos, la cabeza de la estatua y fotografías las que se puede ver a una persona, con una playera roja con la imagen del Che Guevara en la que sostiene la cabeza.
Luego de ser acusado por el MP, el juez le otorgó la palabra a Rudy Amílcar López, quien dijo no tener ánimo de hablar.
El abogado de la Municipalidad capitalina, Jorge Mario de Jesús Cajas, señaló que la manifestación era de “carácter violento” y que las personas iban preparadas con lazos y señala que otro monumento, el de Cristóbal Colón, no pudo ser dañado porque había un panal de abejas que ahuyentó a las personas.
“El sindicado que tiene la vestimenta que tiene hoy, con actitud triunfalista y con evidente alegría que provocó un hecho de naturaleza ilícita celebra con la cabeza de un monumento, afortunadamente fue la cabeza de un monumento y no de una persona”, afirmó.
El abogado concluyó su intervención señalando que este delito no fue cometido únicamente por López Pablo, sino que participaron otras personas, incluyendo integrantes de la Coordinación de Acompañamiento Internacional en Guatemala (Acoguate), a quienes señaló de ser cómplices, por lo que pidió que ordenara al MP para continuar con las investigaciones “con el fin de dar con todos los responsables de haber cometido el delito”. La solicitud fue denegada por el juez.
Por su parte, el abogado defensor de López Pablo, Sergio Beltetón, dijo que la estatua no era parte del patrimonio cultural de la Nación, como afirmó el fiscal del MP, por lo que no se lo podía acusar del delito de depredación de bienes culturales. Además señaló que lo ocurrido ni siquiera llega a delito, sino que se podría considerar como una falta al orden público y argumentó que su defendido estaba siendo usado como un chivo expiatorio.
“No tratemos de buscar chivos expiatorios, esto no es una inquisición, no es un tribunal de fuero especial, tratar de hundir a una persona que es la primera vez que aparece en una situación tan delicada como esta”, indicó, ya que no tiene registro de antecedentes penales.
Posteriormente el juez Mario Solórzano resolvió ligar a proceso a López Pablo, por el delito de bienes culturales, por considerar que se estableció en informes de que se trataba de un bien cultural, y porque a través de fotografías se estableció que el acusado usaba el sudadero y la playera con el logotipo del Che Guevara, la misma que estaba usando en la audiencia.
Aunque el MP y los abogados querellantes solicitaron que el acusado fuera enviado a prisión preventiva, aduciendo peligro de fuga y riesgo de obstaculización a la verdad, el juez resolvió otorgarle arresto domiciliario, obligación de firmar el libro del MP todos los viernes y el pago de una fianza por Q2500.
López Pablo pudo recobrar su libertad tras el pago de una fianza y permanecerá en una casa del Comité de Unidad Campesina (CUC) en la ciudad capital, mientras el MP continúa con la investigación de su caso, para lo cual tendrá cuatro meses. El acto conclusivo será el 5 de marzo de 2022, en el Juzgado Duodécimo.
Juzgado dos veces por el mismo delito
Tras la resolución de juez, la abogada defensora, Wendy López, señaló que por segunda ocasión se usaron los mismos argumentos y medios de investigación contra su defendido. Esta situación llama la atención porque se activa todo un sistema en contra de una persona que “decapita” un monumento del cual se cuestiona su identidad y a qué sector de la población identifica, dijo la abogada. Según López, dicha estatua, identifica a los grupos poderosos del país.
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López también señaló que los abogados de la PGN y Municipalidad defendieron al alcalde Quiñónez, por haber denunciado y ordenado la detención ilegal de Rudy Amílcar López, argumentando que estaba en el ejercicio de sus funciones. Asimismo recordó que la jueza Rosmery López solicitó al MP accionar en contra de las personas que participaron en la detención ilegal de su defendido, lo que no ha ocurrido.
“Quedó evidenciada la detención ilegal de Rudy Amílcar. La jueza solicitó y le pidió al MP que accionara en contra de esas personas, pero nos damos cuenta que la justicia siempre es para las personas oprimidas, pobres y en este caso se solicitó la orden de aprehensión en contra de Rudy, sin embargo la orden de captura en contra de quienes hicieron la captura ilegal y en contra de la persona que ordenó la captura, hasta el presente momento no hay ninguna orden”, dijo.
El abogado independiente Ramón Cadena quien acudió como observador a la audiencia señaló que no hay ninguna duda de que este caso se trata de persecución y criminalización.
“Hay que estudiar quien fue Reina Barrios, fue un violador de derechos humanos, es importante que se quiten esos monumentos, que tienen el símbolo del racismo, de la destrucción, del despojo de tierras, eso es lo que es Reina Barrios, así que es un caso de persecución y criminalización”, agregó Cadena.
El abogado también se refirió a los argumentos de la Municipalidad, al decir que hubo suerte de que la cabeza no fuera la de un ser humano “está induciendo al juez a considerar al procesado como un asesino, lo que él hizo fue defenderse en contra del racismo que todos estos antepasados llevaron a cabo”, manifestó.
Por otro lado señaló que López Pablo fue juzgado dos veces por el mismo delito. “Aquí se ha violado los derechos del procesado, fue detenido arbitrariamente…se le ha juzgado dos veces por el mismo crimen, hay un principio muy claro el ne bis in idem, no se le puede juzgar a una persona dos veces por el mismo crimen”, señaló Cadena.
Por otro lado indicó que la jueza Rosmery López debe ser denunciada ante el Consejo de la Carrera Judicial, por haber ordenado la captura del manifestante.
El MP y la PGN repitieron lo mismo que dijeron el viernes en la audiencia, el abogado de la Municipalidad agregó algunos elementos “sudó el racismo que tienen en la Municipalidad, se le veía como sudaba racismo”, indicó el jurista.
Debido a que López Pablo tiene arresto domiciliario, no podrá viajar a su aldea de origen, ubicada en Colotenango, Huehuetenango. Según se supo en la audiencia, como albañil devenga unos Q400 a la semana y es el soporte económico de sus padres, esposa y dos hijas.
