Protestas contra mina de níquel en Guatemala: violencia policial y estado de emergencia en el Estor

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Créditos: Represión en El Estor. Foto Nelton Rivera
Tiempo de lectura: 4 minutos
Los municipios están pidiendo una parada minera en espera del resultado del referéndum. Herido durante operaciones policiales. Los periodistas también atacaron

El Estor. En los últimos días ha habido una violencia estatal masiva contra un campamento de protesta por parte de los opositores a la mina de níquel Compañía Guatemalteca de Niquel (CGN-Pronico) en el distrito de Izabal en el noreste de Guatemala. El domingo, el presidente Alejandro Giammattei declaró el distrito en estado de emergencia.

Desde el 4 de octubre, el bloqueo de los residentes de 94 comunidades y las asociaciones de pescadores de Izabalense con un campo de resistencia un camino de acceso a la mina y permitir que los camiones no pasen por la empresa. El antecedente de esto es una decisión de la Corte Constitucional de 2019, según la cual la empresa minera debe cesar su labor hasta que se realice un referéndum sobre los vecinos del distrito, quienes pertenecen predominantemente a la etnia Maya Q’eqchi ‘. .

Sin embargo, hasta ahora, la mina ha continuado su trabajo sin inmutarse. Esto también lo confirman los informes anuales del propietario de CGN-Pronico, Solway Investment Group, un grupo minero internacional con sede en Suiza. En él se enumeran la cantidad récord de 20.323 toneladas de níquel minadas de 2019 , y en 2020 incluso será esta cantidad supera con 22.894 toneladas . Así, la mina se ha convertido en el principal productor de níquel de Centroamérica, en una región en la que se extrae el doce por ciento de los depósitos de níquel del mundo.

Ahora debería planificarse un referéndum. Sin embargo, Carlos Choc , periodista de Prensa Comunitaria y él mismo del distrito, criticó en entrevista con amerika21 que no se tomaron en cuenta las opiniones de 94 comunidades en resistencia contra la mina y que estas comunidades fueron excluidas de las conversaciones preliminares al referéndum. . El hecho de que las conversaciones se realicen en Puerto Barrios, la capital del departamento, y no en El Estor, también “enfureció a las comunidades en resistencia”, dijo Choc.

Los residentes ahora quieren hacer oír su voz mediante bloqueos pacíficos, en los que solo se impide el paso de camiones de la mina, pero de lo contrario el tráfico puede pasar. Exigen una adecuada participación en las conversaciones preliminares y que la mina deje de funcionar hasta el interrogatorio, según establece la decisión de la Corte Constitucional.

Durante unos diez días ha habido una fuerte presencia policial con la amenaza de evacuar el campamento. La situación también es tensa, ya que los defensores de la mina y, según Choc, posiblemente también personas de “redes criminales”, han bloqueado la carretera frente y detrás del campamento a pocos kilómetros de distancia. Parecen agresivos, están enmascarados con pasamontañas y armados con machetes. Los periodistas no pueden pasar, los vehículos privados y los autobuses solo pagan una tarifa, dice Choc, describiendo la situación.

La situación se agravó el viernes. Prensa Comunitaria escribe sobre 200 efectivos de unidades especiales de la policía que atacaron a los manifestantes con granadas de gas lacrimógeno. En una conferencia de prensa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, los residentes reportaron varias lesiones desde el viernes al mediodía.

Marcelo Sabuc, coordinador nacional de la organización de trabajadores agrícolas Comité Campesino del Altiplano (CCDA) habló con amerika21 sobre “los niños y ancianos” heridos por el gas lacrimógeno. Las unidades militares también han estado en el lugar desde el sábado. Dos helicópteros militares y lanchas rápidas sobrevolaron el aire con fuerzas de seguridad armadas y enmascaradas patrullando el lago Izabal, Sabuc describe la situación y habla de “terror” contra la población. Sin embargo, desde el punto de vista del operador de la mina, con éxito, desde el sábado los camiones volvieron a pasar por la mina, dijo Sabuc.

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Las comunidades luchan contra la mina de níquel: "Los indígenas mayas q'eqchies nos preguntamos: ¿es esto justicia o injusticia?"
Las comunidades luchan contra la mina de níquel: “Los indígenas mayas q’eqchies nos preguntamos: ¿es esto justicia o injusticia?”

Mientras tanto, también se criticó la acción contra representantes de la prensa. Prensa Comunitaria escribió el viernes que los servicios de emergencia impidieron a cuatro de sus empleados filmar y tomar fotografías. Policías de la Policía Nacional Civil (PNC) dijeron que evitarían filmar y fotografiar porque portaban armas. Según las pautas oficiales, los miembros de la PNC tienen prohibido portar armas en las manifestaciones. La policía intentó apartar agresivamente a los periodistas. Uno de los periodistas resultó herido por un cartucho de gas lacrimógeno

El periodista Carlos Choc fue agredido físicamente y levemente herido por agentes de la policía, le quitaron partes de su equipo y solo más tarde regresaron parcialmente dañadas. Choc confirmó los incidentes a amerika21, pero está bien. Prensa Comunitaria señaló que su sitio web no estuvo disponible temporalmente durante los operativos policiales.

Los hechos provocaron indignación en las redes sociales . Grandes organizaciones indígenas, asociaciones de periodistas y partidos de izquierda criticaron la represión y las restricciones a la libertad de prensa. Se solicitó donaciones para las comunidades afectadas. Entre otras cosas, se requieren alimentos, artículos de higiene y material de primeros auxilios.

Unos cientos de partidarios de la mina también se reunieron para una manifestación el sábado. Un minero dijo que medios como Prensa Comunitaria daban la impresión de que todo el distrito estaba en contra de la mina, que eso era “una mentira”. Un minero criticó las declaraciones del diputado Aldo Dávila contra la represión y preguntó: “¿Qué tiene que ver Aldo Dávila con El Estor?”. Preguntado por amerika21, Dávila, quien ganó el mandato parlamentario por el partido de izquierda Winaq en la capital, dijo que no había estado en El Estor los días mencionados, pero que había seguido y comentado lo que sucedía en las redes sociales.

Mientras tanto, el presidente Giammattei declaró el domingo el estado de emergencia en el distrito de El Estor. Inicialmente, esto está establecido por 30 días e incluye una prohibición de reuniones y un toque de queda entre las 6 p.m. y las 6 a.m. Giammattei justificó la medida con “acciones de personas y grupos armados contra las fuerzas de seguridad”. El estado de emergencia es necesario “para garantizar la seguridad y la libertad de circulación de los vecinos. El Congreso aún tiene que aprobar la medida en sesión extraordinaria el lunes, pero esto se espera incluso si los partidos de izquierda y liberales de izquierda han anunciado su voto”. contra.

Ya se había declarado el estado de emergencia en la región en 2019 y 2020, y el gobierno también había recurrido a este remedio en otras regiones como el conflicto por la mina Marlin en el Departamento de San Marcos.

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